Seis cazadores anticorrupción entran en la carrera por una curul en el Congreso

El gobierno de Gustavo Petro ha tenido muchos escándalos, entre ellos el más sonado es el saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo, donde miles de millones que iban aliviar la sed de los pueblos de la Guajira terminaron en movidas políticas para que al parecer se aprobaron las reformas del Cambio.

También podemos contar el desfalco de la salud, la crisis del Icetex o el abrigo que en el Pacto Histórico le han dado a figuras denunciadas como maltratadoras de sus parejas. Bien, muchos de esos casos han tenido detrás a congresistas, políticos y ciudadanos que quieren validar sus carreras con una curul en el Congreso.

Hay que recordar que solo en el último año, el Congreso de la República concentró buena parte de su agenda en reformas estructurales y proyectos de alto impacto político y social. Las discusiones estuvieron marcadas por las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente la reforma a la salud y la reforma laboral, que generaron intensos debates entre oficialismo y oposición por sus efectos sobre el sistema de salud, las condiciones de los trabajadores y el rol del Estado.

También se debatieron iniciativas económicas clave, como una nueva reforma tributaria y el presupuesto general, en medio de tensiones fiscales.

En paralelo, avanzaron proyectos relacionados con la justicia, orientados a descongestionar los despachos y agilizar los procesos judiciales, así como propuestas para regular el uso de la inteligencia artificial y frenar prácticas como el nepotismo electoral.

En el ámbito social, el Congreso aprobó leyes sobre salud mental, protección de víctimas, derechos de niños y niñas —incluida la prohibición del matrimonio infantil— y medidas laborales y de seguridad social.

Según la Registraduría Nacional, 3.231 ciudadanos se postularon para hacer parte de aquella rama del Estado. Sin embargo, solo 295 conseguirán un escaño: 108 irán al Senado y 187 irán a la Cámara de Representantes. Allí, en aquel mar de candidatos, se encuentran al menos 6 que EL COLOMBIANO ha identificado por su trabajo de denuncia y control político, dos tareas que no solo velan por la honestidad y transparencia; sino que garantizan que los procesos administrativos y políticos de lo público funcionen con fluidez.

Solo en el último año, el trabajo de control de los candidatos ha encontrado un presunto cartel de títulos profesionales en la Fundación Universitaria San José del que se aprovecharon funcionarios públicos; un desfinanciamiento del sistema de salud por medio de intervenciones; varios casos de acoso y violencias basadas en género; la presunta adjudicación de contratos a dedo; la firma de contratos millonarios para objetos que cuestan hasta diez veces menos el valor reportado y la continuación de crímenes crueles como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

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Esta lista no está compuesta únicamente por políticos tradicionales: son voces jóvenes, de afuera de las esferas del poder o con más experiencia y buscar repetir.

Abanderada de la educación superior

En los últimos días Jennifer Pedraza fue increpada por otra de las aspirantes al congreso: Amaranta Hank, quien aspira al Senado por parte del Pacto Histórico.

Según Hank, a Pedraza “no le importan ni los estudiantes ni las mujeres, solo alimentar su obsesión hacia Juliana Guerrero”. Guerrero, la mujer que hoy es señalada por, presuntamente, haber comprado un título profesional en la Fundación Universitaria San José para justificar su ascenso al viceministerio de juventudes. La respuesta que ciudadanos y otros actores de la vida política le dieron a Hank fue tajante: lo de Pedraza no es obsesión, es control político.

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Y es que, el escándalo que hoy rodea a Guerrero fue destapado por Pedraza, cuando señaló que Guerrero se graduaría antes de presentar las pruebas Saber Pro, un prerrequisito para hacerlo. A partir de ahí, Pedraza también publicó documentos que probarían que Guerrero nunca asistió a clases, y que después de graduarse continuó haciendo pagos a la Fundación. La pregunta al respecto sigue sin respuesta: “¿por qué?”. Pero Pedraza no solo ha estado inmersa en el tema de Guerrero.

En marzo, la congresista finalizará el primer periodo Legislativo de su carrera, pero lo hará siendo precedida por denuncias y controles que cambiaron la agenda del país.

Llegó a la Cámara en 2022 con el aval del partido Dignidad y Compromiso, siendo reconocida como una fuerte exlíder estudiantil, y uno de los primeros precedentes que marcó fue cuando se levantó del foro “Proyecto de Reforma al Sistema de Salud en Colombia y Retos del Sector”, organizado por el Ministerio de Salud, asegurando que no compartiría espacios con Hollman Morris, director de RTVC, quien en ese momento (y aún hoy) enfrenta señalamientos por, presuntamente, haber cometido violencias basadas en género. Desde allí, Pedraza tomó la bandera de las mujeres, y aseguró que nadie que tenga ese tipo de denuncias debería estar al frente de entidades públicas.

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Sus palabras le crearon un lío judicial con el funcionario, quien actualmente la está demandando por injuria y calumnia. Para la congresista, aquello configura un intento de intimidación judicial que, afirma, no la detendrá. Con el tiempo, Pedraza también se convirtió en una de las mayores críticas de las intervenciones a las EPS durante el actual gobierno. De hecho, gracias a varios de sus derechos de petición se conoció que la deuda de Nueva EPS subió 4 billones de pesos desde que el Ministerio se puso en frente. Desde entonces ha denunciado que las quejas sobre el servicio se han triplicado.

Quien vigila las movidas en bases de datos

Esta sería la primera vez que Daniel Briceño, miembro del partido Centro Democrático, buscaría el Congreso. Hasta ahora, su trabajo de control político lo ha hecho desde el Concejo de Bogotá, sin embargo, la notoriedad que cobró tras sus denuncias lo proyectaron hacia el ámbito nacional. Para el periodo 2026-2030, Briceño está aspirando a la Cámara. En su hoja de vida asegura que ha hecho más de 600 denuncias documentadas y 20 debates de control político. ¿Cuáles son los más relevantes?

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A nivel nacional, Briceño fue crítico con la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Garantías en Colombia, especialmente en el contexto de la administración de Gustavo Petro y el periodo preelectoral de 2026.

La Ley de Garantías es una norma que busca impedir el uso de recursos públicos para favorecer campañas políticas durante los meses previos a unas elecciones. Según Briceño, entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, desde el Gobierno Nacional se firmaron más de 500 contratos por más de 2,1 billones de pesos, muchos de ellos sin procesos de licitación, lo que calificó como una práctica preocupante y que merece investigación por parte de los órganos de control.

En cuanto a sus denuncias de alto impacto en Bogotá resalta una de septiembre de 2024, cuando Briceño señaló públicamente a la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Natasha Avendaño, señalándola de posibles actos de corrupción y falta de transparencia en un proceso de contratación donde el valor del contrato era de más de 161 mil millones de pesos. Según el concejal, la EAAB habría añadido requisitos no contemplados en los lineamientos, no subieron las propuestas al SECOP y la empresa que ganó el contrato incluyó certificaciones laborales firmadas por funcionarios del propio Acueducto.

Además, en octubre de 2025, Briceño logró frenar una millonaria contratación de la Alcaldía de Chapinero tras revelar que la administración local contemplaba la compra de 10 paquetes de billetes didácticos por un valor unitario de 450.000 pesos, para ser entregados como incentivo simbólico a los participantes del programa Recicladores por un día.

Denuncias sobre Verónica Alcocer

Katherine Miranda no es nueva en el Legislativo. Llegó en 2018 a la Cámara, y fue reelegida en 2022. Su paso por la cámara baja del Congreso —con el aval del partido Alianza Verde— ha estado marcado por sus denuncias y debates de control político. Para 2026, la politóloga busca de nuevo un espacio en el Congreso para continuar con sus líneas de acción.

En diciembre pasado la representante aseguró que, a finales de 2024, en la vereda Paquita, de Itüango, Antioquia, tropas del Ejército detuvieron a John Byron Londoño, quien se desplazaba en moto, desarmado y no contaba con antecedentes judiciales. A pesar de eso, Londoño habría sido amarrado, golpeado y obligado a entregar información sobre alias Jonás, presunto integrante del Clan del Golfo. Ante la presión, Londoño guio a los soldados a una vereda, donde Jonás abrió fuego y mató a un soldado. Tras lo sucedido, según Miranda, el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traer al civil capturado: “Bajen a esa gonorrea”.

Londoño habría muerto mientras suplicaba por su vida. El otro caso ocurrió en el Meta durante una operación contra las disidencias de Mordisco en noviembre de 2024. El Ejército aseguró que había caído un presunto miembro del grupo: Antonio José Dagua Gómez. Sin embargo, la congresista señaló que era un campesino, líder comunitario sin antecedentes.

Además, Miranda también fue quien denunció que el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad violaba la cuota de género del gabinete, lo que derivó en la suspensión de su nombramiento. Ella también advirtió la censura del medio Expressen en Colombia, el diario sueco que documentó la vida de lujos de la primera Dama, Verónica Alcocer, en medio de su bloqueo financiero de la Lista Clinton.

Ojos que vigilan la contratación estatal

Andrés Forero llegó a la Cámara de representantes en 2022, luego de haber sido parte del Concejo de Bogotá. Ahora, para el siguiente periodo legislativo espera dar un salto hacia el Senado. Todo lo ha hecho con el aval del partido Centro Democrático.

Desde el Congreso y a través de solicitudes formales, Forero ha hecho seguimiento a la contratación, ampliaciones de planta y decisiones administrativas adoptadas por entidades intervenidas por el Gobierno nacional. Su actividad se ha caracterizado por el uso de cifras oficiales de SECOP, resoluciones administrativas y datos presupuestales para sustentar sus denuncias.

Entre sus principales señalamientos está la situación de la EPS Famisanar, donde denunció la contratación de al menos 75 personas en poco más de un mes, con un costo cercano a $700 millones mensuales, incluyendo cargos con salarios individuales de hasta $28 millones y la creación de nuevos puestos como uno de “internacionalista” con un sueldo de $22 millones mensuales.

También cuestionó la intención del Ministerio de Salud de crear alrededor de 442 nuevos cargos, con un costo estimado de $59.400 millones al año, así como el plan de la Adres de triplicar su planta y aumentar su presupuesto hasta cerca de $99.000 millones. A esto se suman denuncias sobre un posible conflicto de interés en la supervisión de EPS intervenidas, al señalar que la misma firma que fue designada para vigilar el proceso de intervención, fue la encargada de auditar las cuentas de campaña de Petro. Campaña que, a hoy, ha sido sancionada por violar topes electorales.

Forero también cuestionó el pago de $90 millones por gastos de repatriación de la exministra Irene Vélez, luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento como cónsul en Londres. Para el congresista, el monto resultaba un desperdicio de recursos. Vélez aseguró que todo se realizó bajo las normas.

Desnudó diplomas truchos de la San José

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, ha centrado su labor de control político en salud, contratación pública y ejecución presupuestal. Su trabajo se ha caracterizado por el uso de documentos oficiales, datos de SECOP, informes de la Contraloría y cifras de entidades del Estado, que presenta en debates y denuncias formales ante los organismos de control.

Entre sus principales denuncias está la exposición de un presunto “cartel de diplomas irregulares” asociado a la Fundación Universitaria San José, en el que identificó al menos 24 contratistas y funcionarios vinculados a 16 entidades del Estado que habrían usado títulos sin cumplir requisitos académicos para acceder a contratos públicos.

Según Juvinao, estos títulos habrían permitido la firma de contratos por más de $1.100 millones entre 2023 y 2025. Entre los contratos se encuentra un funcionario de la Dian quien, según sus registros, se graduó de cuatro carreras al mismo tiempo en aquella institución. Para la congresista el nombramiento de aquel ciudadano configura una injusticia con el país que debe ser combatida: “A los jóvenes que sí están haciendo el esfuerzo de estudiar, como los de estratos 1, 2 y 3 del Icetex, los traicionaron y lejos de condonarles las deudas, les aumentaron tres veces las cuotas al suspender los subsidios a las tasas de intereses”, le dijo a EL COLOMBIANO.

En el sector salud, ha denunciado el deterioro financiero de la Nueva EPS, señalando una deuda superior a $21 billones, un patrimonio negativo de más de $6,2 billones y la acumulación de cerca de 22 millones de facturas sin procesar, con base en cifras de Supersalud y la Contraloría.

Además, cuestionó al entonces ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por presunta falsedad en la presentación de cifras de ejecución presupuestal —un 7 % real frente a un 46 % reportado— y radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

La experta en salud que desvela engaños

Hannah Escobar es una ciudadana que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno Nacional en lo relacionado con el sector salud. Su aspiración a la Cámara de Representantes es el primer paso que da hacia la política, porque, realmente, todo comenzó con su activismo y preocupación ciudadana. Ahora es una de las outsiders con más fuerza para el Legislativo.

Escobar es Química Farmacéutica y maestra en Política Pública, y en conversación con EL COLOMBIANO explicó que su decisión de lanzarse a la política electoral surgió como un proyecto personal, pues entendió que ”si los pacientes y usuarios no tenemos voz en el Congreso, las decisiones se van a seguir tomando sin nosotros”.

Desde ese lugar, Escobar impulsa el movimiento ciudadano “Ayer pacientes, hoy dolientes”, una iniciativa con la que ha buscado poner rostro a los problemas cotidianos del sistema de salud, especialmente a las interrupciones en la entrega de medicamentos y tratamientos.

En paralelo, Escobar ha insistido en que su rol no es el de una influencer, sino el de una creadora de contenido con enfoque pedagógico, dedicada a explicar cómo funciona el sistema de salud, sus normas, cifras y fallas.

Esa exposición digital la llevó a un choque directo con el presidente Gustavo Petro, luego de que Escobar difundiera una imagen que, según explicó, evidenciaba una estructura de amplificación de mensajes oficialistas en redes sociales. La reacción del mandatario fue calificarla públicamente de “nazi”.

Ante esos hechos, Escobar presentó una acción de tutela por difamación. El Consejo de Estado, en fallo del 6 de febrero, le dio la razón y ordenó a Petro retractarse públicamente al considerar que sus afirmaciones vulneraron de manera grave los derechos fundamentales de la activista, entre ellos la honra, el buen nombre y la libertad de expresión. Aunque la sentencia es clara, Escobar ha señalado que su cumplimiento no ha sido pleno.