Corte compulsaría copias contra dos congresistas investigados en el caso UNGRD por nuevos hechos

Cinco congresistas y un exparlamentario investigados por la Corte Suprema, en medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), siguen a la espera de una decisión judicial de ese alto tribunal.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que desde hace una semana está en estudio de la corporación, no solo contempla la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario para los sindicados, sino que también solicitaría compulsar copias contra dos de los procesados y un tercer mencionado en el expediente, dio a conocer el diario El Tiempo este martes.

Entre los investigados figuran los congresistas Wadith Manzur, recientemente elegido al Senado con más de 110.000 votos, y Karen Manrique, reelegida a la Cámara con 5.640 votos en las curules de paz. También aparecen Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz.

Ese diario informó que la compulsa de copias, en el caso de los parlamentarios, recaería sobre los recién reelegidos congresistas Manzur y Manrique y estaría relacionada con hechos distintos a los analizados en el expediente principal, que investiga la presunta responsabilidad de los congresistas en el entramado de corrupción de la UNGRD.

La ponencia de Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción y revelada este martes por El Tiempo, solicita que se formule acusación formal y se ordene el envío a prisión de los cinco congresistas y del exparlamentario Muñoz por su presunta participación en una red criminal que habría manipulado votaciones en las comisiones económicas del Congreso a cambio de contratos y favores financiados con recursos públicos de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Además, el alto tribunal, en el borrador de ponencia, también fija que se compulse copias no solo contra Manzur y Manrique, por otros hechos distintos, sino que un tercero mencionado en el expediente también sea investigado.

Por su presunta participación en esta red clientelar, Manzur, Manrique, Bitar, Peinado y Gallo, así como el excongresista Muñoz, fueron imputados por el delito de cohecho impropio.

La ponencia, que comprende cerca de 1.000 páginas, como ha dado a conocer El Tiempo, ha enfrentado extensas discusiones en la Sala de Instrucción, lo que llevó a la designación de dos conjueces para destrabar la discusión. Se trata de Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado.

La Corte también compulsaría copias para investigar otros hechos relacionados y a un tercero mencionado en la investigación. La decisión final sobre la acusación y prisión se debería tomar en la siguiente sesión, tras el análisis de los nuevos argumentos legales presentados.

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Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

Las declaraciones que hoy tienen en la mira a varios congresistas comenzaron a rendirse formalmente el 5 de junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció por primera vez en interrogatorio por el escándalo de corrupción en esa entidad.

Ese día acudió, acompañado de su abogado José Luis Moreno, ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, junto con dos funcionarios de apoyo. Para entonces, apenas habían transcurrido cinco meses desde que el escándalo se hizo público.

Estas diligencias judiciales, hoy determinantes porque la Corte Suprema se prepara para adoptar decisiones frente a congresistas mencionados en el proceso, permiten reconstruir las acusaciones que los exfuncionarios han formulado bajo juramento contra representantes a la Cámara y senadores.

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El 12 de junio de 2024, en uno de los interrogatorios ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de Gestión del Riesgo mencionó por primera vez a Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca elegida a través de las Curules de Paz, y a Wadith Manzur, del Partido Conservador.

La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”.

Olmedo López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del riesgo.

La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco surgió la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.

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Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur, también representante a la Cámara hoy bajo investigación, asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos presos por el caso.

Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.

Quiénes son los conjueces

Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como litigante, asesor y consultor en derecho penal y constitucional. También ha tenido una amplia trayectoria académica.

Ha sido decano de las facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores. En el ámbito docente ha dictado cátedras relacionadas con derecho probatorio, principios de la prueba judicial y sistema penal acusatorio en varias maestrías y especializaciones.

El otro conjuez, Alfredo Rey Córdoba, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, con una carrera que combina experiencia judicial, académica y diplomática. Fue juez penal de plena competencia y juez penal del circuito, y ha sido docente en áreas de derecho penal general, derecho penal especial y derecho penal económico en universidades como Los Andes y la Javeriana de Cali.

En el ámbito público también ha ocupado cargos de alto nivel, fue viceministro de Comunicaciones, presidente de la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite y embajador alterno de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Así mismo, fue embajador en misión especial ante la comisión de utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos de la ONU.

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