Elecciones 2026

Las diferencias que desmontan la comparación que hizo Petro entre elecciones de Rumania y Colombia

Expertos señalan que ambos casos son distintos y que en Colombia no existen pruebas similares de injerencia extranjera a las que motivaron la decisión de la justicia rumana.

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hace 5 horas

“En Rumania la simple injerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. ¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”.

Con ese mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente saliente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales, pese a que ya los escrutinios están a punto de concluir y a que todas las misiones de observación aseguran que los comicios se dieron sin ninguna irregularidad.

Sus declaraciones generaron controversia al sugerir un paralelo entre el proceso electoral colombiano y el caso de Rumania, donde la justicia anuló unos comicios por presunta interferencia extranjera.

Pero, ¿Realmente se parece realmente lo ocurrido en Colombia al caso rumano? La respuesta corta es no, según expertos consultados por este diario.

¿Qué pasó en Rumania?

El antecedente al que hizo referencia Petro se remonta a diciembre de 2024, cuando el Tribunal Constitucional de Rumania anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganada por el candidato de derecha y prorruso (anti UE), Calin Georgescu, apenas dos días antes de la celebración de la segunda vuelta.

La decisión estuvo sustentada en documentos de inteligencia desclasificados que apuntaban a una presunta operación de influencia extranjera a favor del candidato. Según esos informes, las autoridades detectaron más de 85.000 ciberataques dirigidos al sistema informático electoral y la activación de unas 25.000 cuentas de TikTok que previamente permanecían inactivas y que comenzaron a amplificar mensajes favorables a Georgescu.

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Semanas después de la anulación de los comicios, Georgescu fue investigado por seis cargos, entre ellos la presunta falsedad en la información reportada sobre la financiación de su campaña, el uso ilegal de tecnologías digitales y la promoción de organizaciones fascistas.

Posteriormente, en marzo de 2025, el Tribunal Supremo rumano ratificó la decisión de impedir que Georgescu participara en la repetición electoral celebrada en mayo.

De acuerdo con las autoridades rumanas, la anulación de las elecciones no obedeció únicamente a la existencia de mensajes o apoyos extranjeros en redes sociales. El Tribunal Constitucional evaluó informes de los servicios de inteligencia que sugerían posibles violaciones a la legislación electoral en materia de financiación de campañas, así como ataques contra la infraestructura tecnológica utilizada durante el proceso electoral.

Lo que no cuadra de la comparación de Petro

En Colombia, en cambio, no existe hasta el momento evidencia de una situación comparable. Los candidatos presidenciales han reportado sus gastos de campaña en Cuentas Claras y las autoridades electorales no han informado sobre hallazgos relacionados con financiación irregular, ciberataques masivos al sistema electoral o una operación extranjera de influencia con características similares a las documentadas en Rumania.

Para Álvaro Benedetti, analista político y consultor internacional, la comparación planteada por Petro carece de sustento jurídico y procedimental.

“La injerencia hoy, con la política informacional, tiene una línea muy delgada entre ser real y comprobable o sencillamente una apuesta por opinar desde las preferencias”, señaló en diálogo con este diario.

Según Benedetti, en un entorno donde las redes sociales se han convertido en un escenario central de la discusión política global, la expresión de preferencias por determinados candidatos no constituye por sí sola una causal para invalidar una elección.

“Yo no creo que haya ningún tipo de validez ni jurídica ni mucho menos procedimental frente a las elecciones de acuerdo con lo que está diciendo Petro. Como siempre, lo que él busca es generar ilegitimidad frente al proceso y agitar a sus bases, pero claramente no tiene ningún asidero”, afirmó.

El analista agregó que “comparar con Rumania claramente no da lugar. De pronto el sistema judicial que blinda las elecciones en ese país tiene consideraciones distintas frente a cualquier tipo de injerencia, incluso en redes sociales, pero en el caso colombiano ese tipo de jurisprudencia no existe”, concluyó.

En Rumania la anulación electoral estuvo respaldada por investigaciones de inteligencia, denuncias sobre financiación irregular y presuntos ataques a la infraestructura electoral; en Colombia, hasta ahora, no se han presentado pruebas de hechos similares ni decisiones de las autoridades que cuestionen la validez de los resultados.

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