Horas extras le costarían a una Pyme $160 millones al año, como lo contempla la consulta popular de Petro
Acopi calculó los impactos de algunas preguntas de la consulta. Estos son los escenarios y los costos que asumirían las empresas.
La radicación de la consulta popular ante el Congreso generó muchas dudas entre gremios y empresarios, sobre todo por los impactos económicos que tendrá si se aprueba, pues de las 12 preguntas, al menos cinco pretenden que las compañías asuman más costos por prestaciones sociales, bien sea por incapacidades o para emplear personas con discapacidad.
Es por esto que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, Acopi, presentó un cálculo sobre el impacto que tendría si se aplican algunas preguntas.
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Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de Acopi, puso como referencia el cálculo de una empresa con 100 empleados, evaluando lo contenido en la pregunta uno “¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?”, la dos “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?, la cuatro “¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?”, y la cinco “¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?”.
“Pues bien, solo esas preguntas ya le cuestan a esa empresa casi $280 millones al año. Y cuando uno desglosa, ve que el costo de tener dos trabajadores con discapacidad, incluso con los beneficios tributarios, se va a unos $42 millones anuales”, dijo Correa.
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Según el líder gremial, si se pagan dos horas extra diarias, a 30% del personal, y tomando en cuenta el costo del recargo nocturno, esto le representaría un adicional de $160 millones al año a la empresa.
Sobre las incapacidades y licencias menstruales, calculando que se le otorguen a 40% del personal, y que estas se extiendan por tres días, “suman unos $78 millones más, porque son días pagados en los que no hay producción”, sentenció Correa.
“Estamos hablando de tres medidas, entre muchas otras que trae la reforma. Para una pequeña empresa que apenas está saliendo adelante, ese sobrecosto puede representar todo su margen de ganancia, o peor, la puede llevar a cerrar”, agregó el presidente de Acopi.
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Según Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la consulta podría traer consecuencias contrarias a lo que se pretende, por lo que en vez de aumentar la empleabilidad o la inclusión, desestimularía la contratación de jóvenes, mujeres, o personas con discapacidades, por los sobre costos que le representaría a las empresas.
“Nuestros cálculos, que los habíamos hecho para la reforma que había propuesto el gobierno, que en esencia es la misma, consulta popular, es que se destruirían 451.000 empleos formales. Esto no incorpora los costos adicionales que se generarían a través de algunas medidas, por ejemplo lo relacionado con los permisos por ciclo menstrual, o lo que tiene que ver con el aumento en los pagos remuneraciones para las personas que están en formación, que al final de cuentas termina generando son más barreras para ese grupo de personas”, dijo, y advirtió que se aumentaría la informalidad.
Desde Fedesarrollo advierten que los microestablecimientos formales representan 83% del tejido empresarial, de hecho, calculan que una microempresa con hasta tres empleados tendría un alza de 11,9% en el costo mensual de la nómina.
Además, advierten que no se está tomando en cuenta que la jornada laboral se está reduciendo anualmente, y que en la actualidad, con un recargo de 25% por hora, el costo mensual aumenta 1,4%. Según Mejía, una reforma laboral debería enfocarse en disminuir el desempleo y la informalidad, que es de más de 57%.
La República- Colprensa