Escándalo familiar salpica a Carlos ‘el Pibe’ Valderrama tras denuncias por amenazas y disputa de un predio en Santa Marta
La controversia involucra acusaciones públicas, procesos judiciales en la Fiscalía y un litigio familiar relacionado con un terreno ubicado en el sector de Aeromar.
El exfutbolista Carlos Alberto ‘el Pibe’ Valderrama Palacio y su esposa, Elvira Isabel Redondo Guarnizo, quedaron en el centro de una disputa familiar y judicial en Santa Marta luego de que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, hermano de la esposa del exdeportista, difundiera un video en redes sociales en el que los acusa de presuntas amenazas, intimidaciones y un supuesto desalojo irregular en un predio del barrio Aeromar.
Los hechos, que según el denunciante comenzaron en abril de 2026, derivaron en pronunciamientos públicos y en la exposición de procesos que actualmente cursan ante la Fiscalía General de la Nación.
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La controversia se hizo pública tras la circulación de una grabación en la que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo afirmó que personas armadas habrían llegado hasta la vivienda de su hija para exigir el abandono del lote donde asegura haber vivido durante 16 años, en inmediaciones del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.
Según su versión, el episodio ocurrió el 14 de abril de 2026. En el video, el ciudadano declaró: “El día 14 de abril asistió un grupo armado a la casa de mi hija, mostrando armas de fuego y amenazándola para que me dijeran a mí que me saliera de un lote. Las personas venían de parte de Valderrama y su mujer”.
Redondo Guarnizo sostuvo además que interpuso una denuncia formal el 15 de abril y que posteriormente regresó al lugar acompañado por la Policía, momento en el que encontró la estructura demolida y reportó la desaparición de pertenencias. También señaló que decidió hacer pública la situación por temor a posibles afectaciones contra él y su familia.
El denunciante manifestó en la grabación que enfrenta problemas de salud y se identificó como paciente renal crónico y oncológico.
Comunicado de la defensa y procesos en la Fiscalía
Tras la difusión de las acusaciones, la firma Morelli Lawyers Group, representante legal de Carlos Valderrama y Elvira Isabel Redondo, emitió un comunicado fechado el 25 de mayo de 2026 en Santa Marta para rechazar los señalamientos.
El documento fue firmado por Cristian Camilo Morelli Espinal, director general de la firma y apoderado judicial de la pareja. En el pronunciamiento se indicó que las acusaciones “carecen por completo de sustento fáctico y probatorio”.
La defensa expresó en el comunicado: “Rechazamos de forma rotunda e irrevocable cualquier señalamiento tendencioso que pretenda vincular a nuestros representados con el uso de grupos armados, amenazas de muerte o métodos de coacción ilegal para forzar el desalojo de inmueble alguno”.
De acuerdo con el escrito, los abogados consideran que la difusión del video busca ejercer presión mediática sobre las autoridades encargadas del caso y sostuvieron que la imagen pública del exjugador estaría siendo utilizada para generar impacto en la opinión pública.
El comunicado también señaló que existen actuaciones judiciales previas entre las partes. La firma indicó que Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo “se encuentra plenamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de Violencia Intrafamiliar”.
Según la defensa, esta denuncia fue presentada por Elvira Isabel Redondo Guarnizo debido a presuntas agresiones psicológicas y hostigamientos verbales atribuidos a su hermano.
Además, el comunicado menciona otras investigaciones “por el delito de calumnia y comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana”.
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Litigio por el terreno y postura de no conciliación
Respecto al conflicto por el inmueble, la representación legal informó que el caso es investigado por la Fiscalía 17 Local de Santa Marta.
La defensa aseguró que en ese despacho judicial se fijó una postura de “no conciliar bajo presiones ni chantajes de carácter mediático” y afirmó que entregará elementos probatorios para sustentar su posición dentro del proceso.
En el comunicado, la firma sostuvo que sus representados consideran ser “las verdaderas víctimas de los atropellos y perturbaciones que el denunciante pretende invocar de manera pública”.
Los abogados también solicitaron garantías sobre “el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho fundamental al buen nombre”, señalando que estos principios no deben ser afectados por juicios públicos mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado decisiones de fondo relacionadas con las denuncias conocidas públicamente ni sobre el litigio del predio mencionado por las partes.