Fiscalía archivó indagación contra el gobernador de Antioquia por CAI de Rionegro

La Fiscalía General de la Nación archivó este miércoles la investigación que tenía abierta en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro.

La decisión fue tomada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que descartó una indagación activa contra el mandatario regional, tras considerar que no había suficiente acervo probatorio para determinar que este hubiera incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

En contexto: ¿En qué consiste el caso de los CAI de Rionegro por el que la Fiscalía interceptó teléfono del gobernador Rendón?

En concepto de la Fiscalía, en el marco de las pesquisas que realizó, determinó que Rendón habría supervisado y controlado adecuadamente los tres contratos que cobijaron la construcción de los CAI en cuestión, ubicados en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio.

Los detalles de la controversia por los CAI de Rionegro

La controversia por los CAI de Rionegro se remonta a 2022, cuando una veeduría ciudadana de ese municipio del Oriente antioqueño interpuso una denuncia por la situación de esas dos infraestructuras, construidas y entregadas durante el periodo de gobierno de Andrés Julián Rendón como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019.

Las obras fueron financiadas por la Alcaldía de Rionegro y se ejecutaron a través de la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso), que a su vez se encargó de escoger a los contratistas.

Las dos edificaciones fueron ubicadas en dos puntos claves de ese municipio: San Antonio de Pereria, una de las principales zonas turísticas, y el barrio Cuatro Esquinas, uno de los de mayores índices de delitos.

Pese a que el CAI de San Antonio de Pereira fue terminado y entregado en 2019, y el de Cuatro Esquinas en 2017, la veeduría ciudadana denunció en 2022 que ambos espacios estaban vacíos y sin prestar la función para la que habían sido pensados.

Lea también: La Fiscalía lleva al menos 71 días interceptando el celular del gobernador Andrés Julián Rendón

Tal como lo reportó este diario en aquel momento, la situación se había prestado para que ciudadanos se tomaran por ejemplo el CAI de Cuatro Esquinas para realizar fiestas clandestinas.

Ante las quejas ciudadanas, la Alcaldía de Rionegro, ya entonces en el periodo de Rodrigo Hernández Alzate, señaló que los comandos no habían sido recibidos formalmente por la Policía, desde donde se argumentaba no tener el suficiente pie de fuerza.

Pese a que posteriormente esa situación se subsanó, ya que los CAI no tenían ningún problema de infraestructura, la denuncia de la veeduría se mantuvo en poder de la Fiscalía, que en plena época electoral en 2023 anunció estar avanzando en las indagaciones y hasta llamó al entonces candidato Rendón a comparecer a una audiencia de imputación de cargos.

Dicha citación, radicada ante el Juzgado Municipal Penal Mixto de Rionegro, se hizo pública en pleno mes de septiembre de ese año, a escasos 29 días de las votaciones.

“Dicen que hay un detrimento patrimonial porque la Policía no ha recibido las obras de manera formal. Pero los CAI fueron construidos y terminados. El primero se entregó en 2017 y desde eso lo opera la Policía y el otro se entregó el último día de mi mandato. La Fuerza Pública no recibió las obras formalmente y yo, por un trámite burocrático, no podía dejar de brindar soluciones en seguridad”, expresó Rendón en su defensa en 2023, al ser consultado por el tema.

Siga leyendo: ¿La Fiscalía está desempolvando imputación al gobernador Andrés Julián Rendón?

A pesar de la controversia, la imputación nunca se realizó, Rendón fue electo y la Fiscalía pidió cancelar la audiencia.

No obstante, tras la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo, el ente acusador volvió a desempolvar el caso.

Otro momento álgido del caso ocurrió en junio de 2025, cuando Camargo se refirió a Rendón como un “imputado”, pese a que el proceso seguía formalmente en etapa de indagación.

“En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General. Es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación... Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo Camargo el 24 de junio de 2025.

Días después la oficina de comunicaciones de la Fiscalía aseguró que Camargo habría cometido un lapsus y que el caso no había avanzado.

Si bien el expediente se mantuvo así, el 23 de julio de 2025 terminó trascendiendo que el gobernador tenía interceptado su teléfono por orden de la Fiscalía, luego de que ese ente tocara las puertas del Tribunal Superior de Bogotá para legalizar una serie de escuchas que había comenzado a realizar desde el 24 de mayo de 2025.

Esta solicitud abrió un nuevo frente de controversia, dado que en una decisión inicial una magistrada de ese tribunal consideró que las interceptaciones eran desproporcionadas y no estaban debidamente justificadas.

La Fiscalía apeló esa decisión y en segunda instancia el Tribunal avaló las escuchas.

Además de Rendón, la Fiscalía también le paró oreja a las comunicaciones de otras nueve personas, incluidos varios integrantes del gabinete departamental.

Las interceptaciones generaron además suspicacias en el panorama político regional, a raíz de producirse luego de varios enfrentamientos públicos entre el gobernador y la fiscal general, alrededor de temas como la libertad de varios cabecillas de las disidencias de las Farc detenidos por el Ejército en una caravana en Antioquia.

El Partido Centro Democrático, al que pertenece Rendón, fue uno de los primeros en expresar sus reparos, señalando no entender el afán y el inusitado despliegue de la Fiscalía en avanzar en ese caso.

“(...) existe un proceso en particular en contra del Dr. Rendón Cardona, que tiene una inusitada actividad probatoria por parte de la Fiscalía 4, Delegada ante la H. Corte Suprema de Justicia. En efecto, la Fiscal 4 sigue al parecer una instrucción suya de judicializar al Gobernador a como dé lugar”, dijo el director de ese partido, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi.

Posteriormente, Rendón se refirió al tema y cuestionó también las intenciones de la Fiscalía.

“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo señora Fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, dijo entonces el gobernador.

“¿Es acaso cierto que usted dio la orden de darle mucha celeridad a mi proceso? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”, añadió.

Siga leyendo: Gobernador Rendón recusa a la fiscal general: “Mi libertad está amenazada, así como mi presunción de inocencia”

En paralelo, el caso también fue empleado por figuras afines al Gobierno Nacional para acusar de corrupto a Rendón

Más allá de esa controversia política, para conocedores del caso, el proceso tenía varios elementos que dejaban dudas en el aire, como por ejemplo que Rendón fuera responsabilizado así su nombre no apareciera en la firma de ningún contrato.

También para abogados la investigación se mostraba desproporcionada, sobre todo por tratarse de obras que no comprometían una partida presupuestal muy alta y cuyos soportes contractuales eran de acceso público.

Durante varios meses, se especuló de que supuestamente Rendón sería nuevamente llamado a una imputación, pero ese escenario nunca se materializó.

De acuerdo a lo que se conoció este martes, tras revisar el caso, la fiscal asignada a la investigación no encontró irregularidades imputables al gobernador antioqueño.