No cesa la controversia luego de que se conociera que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue interceptado por la Fiscalía General de la Nación.
Desde el pasado 14 de mayo, el ente acusador ordenó intervenir la línea telefónica no solo de Rendón, sino de otras nueve personas, en los que se encuentran miembros del gabinete departamental, exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y particulares.
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Según trascendió durante una serie de audiencias de legalización de dichas interceptaciones, la línea del mandatario departamental ha estado por lo menos 71 días intervenida.
En medio de esas diligencias, la Fiscalía argumentó que dicha medida era necesaria para avanzar en sus pesquisas por un caso relacionado con la construcción de dos CAI en el municipio de Rionegro.
Mientras el ente señala estar revisando si en la contratación y construcción de esas dos estructuras se habrían cometido irregularidades contractuales, desde la defensa de Rendón el caso ha sido calificado como una “persecución” y los medios empleados por la Fiscalía para avanzar en la indagación como “desproporcionados”.
Pero, ¿en qué consiste el lío de los CAI, cuando empezó y por qué ahora se ha vuelto tan importante?
El caso por los CAI de Rionegro se remonta a septiembre de 2023, cuando en plena campaña por las elecciones territoriales, y a 29 días de las votaciones, se conoció que la Fiscalía General de la Nación había radicado una solicitud para iniciar un proceso en contra del entonces candidato Andrés Julián Rendón.
Según se conoció en aquel momento, la solicitud había sido radicada ante el Juzgado Municipal Penal Mixto de Rionegro.
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La información tomada como base por la Fiscalía para iniciar el proceso partió de una denuncia interpuesta por una veeduría ciudadana, que desde 2022 había señalado que dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) construidos por la Alcaldía de Rionegro durante el periodo de Rendón no estaban siendo ocupados por la Policía, en lo que para el denunciante constituiría un presunto detrimento patrimonial.
Ambas estructuras fueron levantadas en dos sectores críticos en materia de seguridad para Rionegro: San Antonio de Pereira, clave por su actividad turística, y el barrio Cuatro Esquinas, una de las zonas del municipio con más problemas de orden público.
Mientras el CAI de Cuatro Esquinas fue entregado en 2017, el CAI de San Antonio de Pereira fue entregado en 2019.
Ambos contratos fueron entregados a la Empresa de Desarrollo Sostenible de Rionegro (Edeso), que a su vez los subcontrató.
Pese a que ambos CAI fueron terminados a tiempo y sin problemas, su entrega formal a la Policía se alargó, lo que generó que estuvieran sin o con pocos uniformados durante varios meses.
Tal como lo registró entonces este diario, la soledad de esos CAI generaron múltiples reparos entre vecinos, quienes denunciaron, por ejemplo, que en el caso del CAI de Cuatro Esquinas, el mismo había sido tomado por algunos ciudadanos para hacer fiestas clandestinas.
A pesar de esas situaciones, los comandos estaban en perfectas condiciones de infraestructura, razón por la que los vecinos pedían fueran ocupados por la Fuerza Pública para cumplir su función.
Además de la estructuración de unos contratos de comodato pendientes, uno de los problemas principales para la Policía con los CAI era el reducido pie de fuerza asignado para Rionegro, uno de los puntos de reclamo más recurrentes tanto para ese como otros municipios cuando se habla de seguridad.
Tras el fin de la administración de Rendón, el chicharrón cayó en manos del alcalde Rodrigo Hernández Alzate, quien finamente logró dejar en firme la entrega formal de los CAI.
Esta es precisamente una de las contradicciones más relevantes del caso, ya que, pese a los problemas iniciales, ahora son los mismos vecinos los que señalan que los CAI eran una necesidad sentida en la zona y que de allí era la urgencia de que estuvieran plenamente operativos.
“Durante la alcaldía de Andrés Julián Rendón yo estaba en la Junta de Acción Comunal y se solicitó un CAI para el barrio San Antonio. Él logró conseguir un terreno, que antes eran potreros, y se logró hacer ese CAI, que ha servido. Estuvimos en un comité cívico mandando cartas a la Alcaldía y a la Policía, y por fin fue dado en comodato. Ya hemos tenido varios casos donde sí nos ha servido”, expresó Pablo Gómez Melo, miembro de la JAL de San Antonio de Pereira.
“Para nosotros es muy importante tener este espacio aquí en este CAI de Cuatro Esquinas, un territorio que siempre ha sido complejo, que ha tenido muchos problemas de inseguridad en el pasado. Está en un sitio muy estratégico y da una sensación de seguridad”, dijo por su parte Luis Carlos Gómez, presidente de la JAC Villas del Sol.
Las movidas de la Fiscalía
Pese a que bajo esa óptica la controversia parecía haber cesado, fue entonces en las elecciones de 2023 que el proceso renació en la Fiscalía y Rendón fue llamado a comparecer a una audiencia de imputación de cargos.
Dado que la imputación nunca se realizó, la única información preliminar que en aquel año trascendió era que Rendón sería presuntamente imputado por los delitos, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Sin embargo, desde ese mismo momento, empezaron a aparecer las primeras dudas del proceso, una de ellas asociada a que la Fiscalía señalara que también imputaría a Rendón por el delito de receptación y luego este no apareciera por ningún lado.
De igual forma, en un reparo de fondo que todavía se mantiene, se cuestionó que Rendón fuera vinculado al caso solo por el hecho de detentar el cargo de alcalde y pese a no firmar contrato alguno, ya que la contratación de las obras había quedado en poder de exsecretarios de gobierno y de la Edeso.
“Dicen que hay un detrimento patrimonial porque la Policía no ha recibido las obras de manera formal. Pero los CAI fueron construidos y terminados. El primero se entregó en 2017 y desde eso lo opera la Policía y el otro se entregó el último día de mi mandato. La Fuerza Pública no recibió las obras formalmente y yo, por un trámite burocrático, no podía dejar de brindar soluciones en seguridad”, expresó Rendón en 2023.
Pese al ruido que generó la investigación en plena campaña, Rendón fue electo y en noviembre de 2023 la Fiscalía pidió cancelar la audiencia de imputación.
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Aunque del caso no volvió a hablarse, y los CAI continuaron funcionando con normalidad, fue en 2025 que otra vez empezó a andar, justo luego de que la Fiscalía tuvo cambio de fiscal general e inició el periodo de Luz Adriana Camargo.
Si bien dichas actividades eran un secreto a voces, fue en junio pasado que la Fiscal General tuvo que referirse al tema tras ser interrogada en una rueda de prensa, en unas declaraciones en las que se refirió a Rendón como “imputado”, pese a que el caso continúa en etapa de indagación preliminar.
“En cuanto al gobernador de Antioquia, el gobernador tiene fuero, ese fuero es de Fiscal General. Es una investigación que yo adelanto por delegación a través de los fiscales ante la Corte. Efectivamente, es una investigación que adelanta una fiscal ante la corte por delegación mía, en la cual ya se formuló imputación... Y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, expresó Camargo el 24 de junio.
Aunque posteriormente la oficina de comunicaciones de la Fiscalía aseguró que se había tratado de un lapsus de la funcionaria, luego se conoció que, para el momento de esas declaraciones, la Fiscalía ya llevaba más de un mes interceptando la línea de Rendón, desde que el 14 de mayo se impartieran dos órdenes iniciales que luego dieron pie a una tercera, que se formalizó el 27 de mayo.
Semanas después, el 23 de julio, fue que la Fiscalía acudió ante el Tribunal Superior de Bogotá –dado que el gobernador es un aforado– para legalizar las interceptaciones, que en primera instancia fueron declaradas como desproporcionadas por la magistrada Marcela Márquez Rodríguez, quien consideró que para un contrato liquidado hace tanto tiempo era una medida muy intrusiva.
“No está debidamente justificada y soportada esa razón por la que, luego de varios años, desde la presunta comisión de las conductas punibles, no era viable que las conversaciones monitoreadas registren algún tipo de hallazgo relevante sobre el trámite contractual objeto de indagación”, determinó la togada.
La Fiscalía apeló la decisión y en segunda instancia las magistradas Yaneth Liliana Martínez, Alexandra Ossa Sánchez avalaron las escuchas.
Del auto que contuvo esa segunda determinación también se desprendió otra controversia, ya que en sus encabezados el nombre del gobernador quedó rotulado como “condenado”, pese a que el caso sigue en etapa de indagación.
Sobre este tema, y principalmente sobre la celeridad de la investigación, el abogado defensor de Rendón cuestionó el tratamiento que ha tenido el gobernador por parte de la Fiscalía.
“No me gusta que la Fiscalía General de la Nación, días antes de las elecciones a la Gobernación de Antioquia, haya llamado al gobernador a imputación de cargos por un delito que no estaba siendo investigado, que era el de receptación, y después de dos años de ser elegido como gobernador ese proceso nunca se haya movido más.”, expresó el abogado Luis Gabriel Chaves. “En un mes se dirigieron más de 27 actividades investigativas, cuando en un proceso común hay una actividad por año. Aquí hay persecución”, dijo.
Este jueves el gobernador Rendón realizó por su parte un pronunciamiento público sobre el tema y cuestionó la forma en que se ha llevado su caso.
“¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo señora Fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, preguntó el gobernador.
“¿Es acaso cierto que usted dio la orden de darle mucha celeridad a mi proceso? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”, añadió.
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