Regasificadora del Pacífico, bajo la lupa: denuncias de tráfico de influencias rodean contrato con Ecopetrol

La entrada en operación de la Regasificadora del Pacífico, prevista para agosto de 2026, será clave para fortalecer el abastecimiento de gas en Colombia, que tiene necesidad de este energético por la llegada del fenómeno de El Niño y el declive de la producción local.

Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por retrasos, presuntas irregularidades en su adjudicación, posibles conflictos de interés y señalamientos de tráfico de influencias.

Según una denuncia conocida por EL COLOMBIANO, una auditoría elaborada comité auditor de la junta directiva de Ecopetrol habría identificado irregularidades en la adjudicación del contrato, cuyos hallazgos ya estarían en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

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Como se lee en la denuncia, la controversia involucra a Óscar Isaza, gerente de la regasificadora, y a exfuncionarios de Ecopetrol como Bayron Triana, exvicepresidente de Energías Renovables de la petrolera y cercano a Ricardo Roa.

Según la denuncia, la salida de Triana de Ecopetrol, a finales de julio, estaría directamente relacionada con este proceso.

¿Quién está detrás del contrato de la Regasificadora del Pacífico?

El 28 de febrero de 2025, Ecopetrol firmó con Regasificadora del Pacífico el contrato No. 4600003743, cuyo objeto es la prestación de servicios de logística integral portuaria y regasificación de productos de Ecopetrol y de las empresas de su grupo.

El contrato tiene una duración de cinco años, prorrogables, y contempla una capacidad contratada de 60 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), bajo las modalidades take or pay (tomar o pagar) y take and pay (tomar y pagar).

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El documento fue firmado por Óscar Isaza Benjumea, representante legal de Regasificadora del Pacífico; Reynaldo Plata Carreño, jefe del Departamento de Contratación Logística de Ecopetrol; y Clara Lucía García López, representante legal de PIO S.A.S. (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S.).

Según el comunicado oficial de Ecopetrol del 4 de marzo de 2025, la infraestructura permitirá actividades de recibo y almacenamiento en Buenaventura y de regasificación en Buga, Valle del Cauca, con entrada en operación prevista para el segundo trimestre de 2026 —una fecha que, de cumplirse el cronograma, convertiría a Isaza en importador de gas hacia el país en agosto de 2026—.

Sin embargo, hasta la fecha el proyecto no ha entrado en operación según lo pactado, lo que no solo derivaría en sanciones contractuales para la contratista, sino que representaría un desafío adicional para el actual Gobierno Nacional.

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Retrasos en el proyecto de regasificación

De manera paralela a esta denuncia, se conoció que la construcción de la Regasificadora del Pacífico de Ecopetrol tendrá un retraso preliminar de 25 días por los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto. El cierre temporal de la vía entre Buenaventura y Buga generó un represamiento de carga en los puertos y obligó a reprogramar el arribo de buques con equipos para la obra.

Según Mauricio Gómez, director general de la Regasificadora del Pacífico, en declaraciones a El Tiempo, algunas embarcaciones no pudieron esperar sus turnos de tránsito por el Canal de Panamá y tuvieron que desembarcar parte de la carga en Perú y Panamá.

Actualmente, cerca de 200 personas trabajan en la infraestructura de importación de gas que se construye en Buga para recuperar el tiempo perdido. Por el ajuste del cronograma, las pruebas de comisionamiento, previstas inicialmente para finales de septiembre, comenzarían después de la segunda mitad de octubre.

El proyecto contempla un esquema de logística multimodal que comienza en la bahía de Buenaventura, donde estará la unidad flotante de almacenamiento (FSU) Tura, con capacidad para 145.896 metros cúbicos de GNL. La embarcación está prevista para llegar a Colombia a finales de septiembre de 2026, mientras que el montaje de su sistema de amarre comenzaría a mediados de ese mes.

La operación contempla trasladar el gas natural licuado (GNL) desde la FSU hacia un buque con capacidad para transportar 72 isocontenedores por viaje. Cada contenedor puede almacenar 52 metros cúbicos de GNL.

Regasificadora del Pacifico: un entramado de relaciones previas al contrato

La denuncia conocida por este diario sostiene que la adjudicación del contrato no fue un proceso aislado, sino el resultado de una red de relaciones que se remontaría más de una década atrás, cuando Isaza —empresario del sector portuario originario de Buenaventura— buscaba desarrollar un proyecto de regasificación en el Valle del Cauca.

En ese momento, el empresario ya tenía una trayectoria importante en el sector portuario y contaba con acceso a una infraestructura que resulta fundamental para desarrollar una terminal de este tipo.

Pero la regasificadora enfrentaba dificultades regulatorias. Expertos técnicos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) señalaban que uno de los principales desafíos era que debía ajustarse a las condiciones de un proyecto regulado y no independiente, de acuerdo con los criterios vigentes en esa época.

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En ese proceso apareció Mauricio Gómez Machado, quien fue comisionado y director ejecutivo de la Creg. Según los cuestionamientos, Gómez habría buscado que la regulación se adaptara para facilitar el desarrollo del proyecto de Isaza.

Gómez, además, ya tenía una relación con Bayron Triana. Este último fue asesor de la Creg entre 2008 y 2013, mientras Gómez estuvo vinculado a la entidad entre 2012 y 2016.

Posteriormente, Triana salió de la Creg para convertirse en director de Regulación de Acolgen, etapa durante la cual, según personas conocedoras del sector, su relación con Isaza se habría fortalecido.

El nuevo impulso que recibió la regasificadora con Ecopetrol

En 2023, con la llegada de Triana a la Gerencia de Estrategia de la vicepresidencia que posteriormente dirigió en Ecopetrol, bajo el liderazgo de Ricardo Roa, el proyecto habría recibido un nuevo impulso.

Desde la estatal petrolera comenzó a tomar fuerza la posibilidad de desarrollar la Regasificadora del Pacífico como un proyecto independiente.

Sin embargo, el documento sostiene que esa independencia sería más formal que real, pues el contrato convierte a Ecopetrol en el principal comprador del gas regasificado, dejando a la petrolera, en la práctica, como financiadora de PIO S.A.S.

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Bayron Triana y los cuestionamientos por presunto conflicto de interés

El eje central de la denuncia es un posible conflicto de interés de Triana, señalado como hombre de confianza de Roa dentro de Ecopetrol, y quien ocupó la Vicepresidencia de Energías Renovables.

De acuerdo con el documento de la denuncia, Triana habría sido accionista de empresas comercializadoras de energía —E-Nlighten S.A.S.. y, hasta febrero de 2024, Duck Energy S.A.S. E.S.P.— y sostendría además una relación de amistad con Isaza, lo que podría configurar un potencial tráfico de influencias en la adjudicación del contrato.

La salida de Triana de Ecopetrol, a finales de julio, estaría directamente relacionada con este contrato, según la denuncia, que afirma que las irregularidades habrían sido identificadas por el comité auditor de la junta directiva de la petrolera en una auditoría cuyos hallazgos ya estarían en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Óscar Isaza y los cuestionamientos en otros proyectos portuarios

Óscar Isaza Benjumea es conocido en el sector empresarial por su participación en proyectos relacionados con la construcción y adecuación de infraestructura portuaria en Colombia. En los últimos años, sin embargo, su actividad empresarial se ha extendido hacia el negocio de importación de gas, con la Regasificadora del Pacífico como uno de sus principales proyectos.

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En el sector también se ha señalado su relación con Hildebrando Vélez, padre de la exministra Irene Vélez. De acuerdo con los cuestionamientos recogidos en la denuncia, Vélez habría respaldado gestiones para que el proyecto de regasificación avanzara ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La trayectoria de Isaza en infraestructura también ha estado acompañada de controversias relacionadas con proyectos portuarios en Buenaventura y Antioquia.

Polémica por el desarrollo portuario en Buenaventura

En Buenaventura, comunidades afrodescendientes, particularmente habitantes del barrio La Inmaculada, denunciaron afectaciones asociadas con la construcción de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.

Las comunidades señalaron desplazamientos, despojo de tierras y falta de protección de sus derechos fundamentales como población de especial protección constitucional. También cuestionaron la ausencia de las consultas previas que, según denunciaron, debían realizarse con las comunidades afectadas por el proyecto.

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Óscar Isaza responde a las denuncias

Óscar Isaza, gerente de la Regasificadora del Pacífico, negó que su proyecto haya sido adjudicado mediante tráfico de influencias y aseguró que el proceso adelantado por Ecopetrol fue transparente y competitivo. En entrevista con EL COLOMBIANO, respondió a los cuestionamientos sobre sus vínculos con exfuncionarios de la petrolera, explicó cómo se financia la infraestructura y defendió su importancia para el abastecimiento de gas del país.

Sobre la adjudicación, Isaza sostuvo que compitió con varios oferentes y que su propuesta fue seleccionada por Ecopetrol después de un proceso que, según afirmó, estuvo acompañado por asesores jurídicos y financieros. “El proceso fue un proceso plurilateral, de varios. Yo le gané a varios. Hice la mejor oferta”.

El empresario señaló que durante la estructuración de la propuesta tuvo contacto principalmente con funcionarios de las áreas de logística, abastecimiento, jurídica y comercial de Ecopetrol, y no con las personas que aparecen mencionadas en las denuncias como supuestos actores de influencia. “Yo nunca, nunca, nunca tuve de contendor ni al señor Bayron Triana ni a Roa. Yo me entendí siempre con David Riaño y con un montón de gente de logística, de legal, abastecimiento y comercial”.

Según Isaza, las reuniones fueron grabadas y contó con el acompañamiento de la firma de abogados Dentons y de la banca de inversión Astris. Por eso, aseguró que el proceso terminó con la decisión de Ecopetrol del 28 de febrero de adjudicarle el contrato. “Yo me gané esto, me lo gané peleando”.

Frente a la acusación de un eventual tráfico de influencias por haber conocido a Bayron Triana, exvicepresidente de Energías Renovables de Ecopetrol, Isaza negó esa posibilidad. “No, total, no. Después sí lo conozco, que me toca actuar con él. Obvio, adjudicado, sí. Porque él es vicepresidente”. En ese orden, explicó que el contacto con Triana se produjo después de la adjudicación, en el marco de las reuniones propias del desarrollo del proyecto. “Byron Triana no participó de la adjudicación de este contrato. Lo conozco después, claro”.

Isaza defiende el proceso financiero de la regasificadora

Isaza también defendió la participación de entidades financieras en la financiación del proyecto como una señal de que hubo procesos de debida diligencia antes de comprometer recursos. “BTG Pactual, Grupo Aval con Banco Occidente y FDN hicieron una debida diligencia, Ellos miraron cómo fue el proceso”.

Uno de los puntos que Isaza quiso aclarar es el modelo financiero de la Regasificadora del Pacífico. Según explicó, Ecopetrol no le habría entregado recursos como anticipo para construir la infraestructura. “Primero, no hay anticipo. O sea, que Ecopetrol no me ha dado un peso”. El empresario aseguró que contempla inversiones de US$170 millones en una primera fase y otros US$130 millones en una segunda etapa. La primera tendría una capacidad de 60 millones de pies cúbicos diarios y la segunda de 20 millones. “Yo estoy invirtiendo en fase uno 170 millones y en fase dos 130 millones”.

Isaza explicó que su papel es fundamentalmente logístico, es decir, recibir el gas licuado que suministre Ecopetrol, almacenarlo, transportarlo, regasificarlo y entregarlo al Sistema Nacional de Transporte. “Soy un gestor logístico donde Ecopetrol trae la molécula y yo la recibo, la almaceno, la transporto marítimamente, la descargo en un barco, la monto en un camión, la llevo a Buga, hago un proceso de regasificación, lo caliento ese gas y lo meto al sistema nacional de transporte”.

A cambio, explicó, la empresa recibe una tarifa por el servicio y está sometida a penalidades contractuales. “Presento una propuesta donde digo, yo hago, yo asumo todos los riesgos”.

Mauricio Gómez y los cuestionamientos por los asesores

Sobre Mauricio Gómez, otro de los nombres que aparece en los cuestionamientos alrededor del proyecto, Isaza explicó que se trata de un consultor especializado en regulación energética y negó que exista algo irregular en su contratación. “Mauricio Gómez es un consultor. Él no es gerente. Mauricio Gómez es de los tipos que más sabe de gas en el país”.

Según Isaza, Gómez es ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional, tiene dos doctorados y fue comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Dijo que lo conoce desde 2016, cuando lo contrató para asesorarlo en otro proyecto energético. “Lo conozco en el año 16, cuando yo estoy haciendo un proyecto de regasificación en Buenaventura”. Y agregó: “No es pecado uno contratar a un tipo que así como los ministros salen y los contratan en compañías. Yo contraté a Mauricio”.

El empresario sostuvo que Gómez lo asesoró en una planta térmica y que su relación profesional antecede ampliamente al actual contrato con Ecopetrol.

Frente a los retrasos que enfrenta la infraestructura, Isaza argumentó que algunos obedecen a circunstancias que están por fuera del control de la empresa. Como ejemplo mencionó el buque Dream Sky, cuyo ingreso a Buenaventura, según relató, se retrasó por congestión portuaria. “El Dream Sky llegó a Buenaventura el 20 de julio. El puerto tenía que permitir el atraque. El atraque se vino a dar el día 16 de agosto. ¿Por qué? Porque el puerto está congestionado”.

En su interpretación contractual, esa situación constituye un evento eximente de responsabilidad. “Al estar congestionado, la culpa no es mía. Ni la culpa es de Ecopetrol. Eso se llama un acto eximente de responsabilidad”. También señaló que el proyecto depende de la llegada de personal extranjero para completar las labores de instalación y puesta en operación. “Hoy tengo 100 chinos de una compañía, que son los que están haciendo la instalación. Me faltan 16 visas”.

Isaza hizo un llamado al Gobierno para agilizar esos trámites y permitir la llegada del personal que, según explicó, participará en el comisionamiento final y las pruebas eléctricas.

Isaza también defendió la actuación de Ecopetrol en el proceso y rechazó que su relación con la petrolera implique irregularidades. “Los técnicos con los que yo he negociado, la gente de logística, la gente jurídica y la gente de abastecimiento es muy profesional”.

Y cerró con una defensa de su trayectoria empresarial y una crítica a quienes cuestionan sus negocios: “¿Acaso uno tiene que ser corrupto para hacer negocios?”. “En este país, los empresarios nos tenemos que enfrentar a la envidia, al egoísmo y a la ingratitud de mucha gente que no acepta que uno sea exitoso en un país como Colombia”.

Los intentos fallidos de la Planta Regasificadora del Pacífico

Cabe recordar que esta planta regasificadora es para aumentar las importaciones de gas a Colombia, pero el proyecto que la UPME sacó a licitación es diferente al contratado por Ecopetrol, tanto en su configuración como en su capacidad.

El primero contemplaba una solución con un barco y una capacidad de 200.000 metros cúbicos de GNL, mientras que el de Ecopetrol contempla una barcaza para descargar tanques, transportar el gas por carretera hasta Buga y, desde allí, reincorporarlo al sistema de transporte por tubería.

En ese orden, uno de los principales problemas del proyecto inicial fue la imposibilidad de adjudicarlo mediante las convocatorias realizadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

En ese momento, la UPME tuvo que declarar desiertos procesos de selección debido a la ausencia de oferentes o a la insuficiente participación de inversionistas interesados. Según funcionarios de la entidad, entre las causas identificadas estuvieron los riesgos financieros, la incertidumbre regulatoria y las complejidades propias del proyecto.

En 2023, la UPME declaró desierta una convocatoria que buscaba un inversionista para el servicio de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) asociado a la regasificadora del Pacífico.

Las alertas de la Contraloría

Además, la Contraloría General de la República emitió una advertencia formal sobre el esquema económico del proyecto. Es decir, el modelo de remuneración contemplado para la planta y el gasoducto Buenaventura-Yumbo podría aumentar las tarifas de gas hasta en 32% en un periodo de tres años.

Además, el ente de control advirtió que los usuarios comenzarían a pagar la infraestructura una vez construida, incluso si la planta no fuera utilizada plenamente o si los escenarios de déficit de gas proyectados no se materializaban.

La Contraloría también cuestionó que, aunque el proyecto se justificaba por riesgos de abastecimiento previstos para 2024, los tiempos de construcción indicaban que la infraestructura difícilmente estaría operando antes de 2026.

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Así las cosas, el proyecto fue concebido desde mediados de la década pasada como una solución para fortalecer la seguridad energética nacional. Sin embargo, múltiples ajustes regulatorios, cambios en las convocatorias y dificultades para atraer inversionistas prolongaron su desarrollo durante años.

En 2024 la propia UPME reconocía que debía lanzar un tercer intento para sacar adelante el proyecto, incorporando las lecciones aprendidas de los procesos anteriores.

Otros vínculos en la denuncia

La expansión empresarial de Isaza llegó posteriormente al Urabá antioqueño, donde participa en proyectos de infraestructura de gran escala. Uno de ellos es Puerto Antioquia, estructurado desde sus inicios por PIO S.A.S. Allí, la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia denunció un posible entramado de corrupción relacionado con el desarrollo del proyecto.

También, según los cuestionamientos recogidos en la denuncia, Isaza contaría con apoyos en Antioquia para avanzar en el proyecto Puerto Progreso.

A las controversias sobre sus proyectos se suman las relaciones políticas que el empresario ha construido durante su trayectoria. La denuncia menciona vínculos políticos de larga data de Isaza con dirigentes como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el exsenador Roy Barreras. A estos se suman relaciones que fuentes cercanas al empresario califican como “transaccionales” con los exsenadores Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo.

En el caso de Bedoya, quien enfrenta un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, también se señala su presunta influencia en Corpourabá.

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