Cartas con casquillos de balas: así están amenazando a los profesores de un colegio en Medellín
La Institución Educativa El Pinal está en cese de actividades tras las reiteradas amenazas que han recibido docentes y directivos.
En la Institución Educativa El Pinal, ubicada en la Comuna 8, no hay clases a pesar de que en el resto de Medellín el calendario escolar ya comenzó. Y tienen una razón de peso. En los últimos meses, siete profesores y otro personal del colegio, como el rector, la coordinadora académica y la psicóloga, han recibido amenazas por parte de padres de familia y personas supuestamente residentes del sector (o al menos eso señalan las amenazas).
“Estas amenazas han llegado por medio de cartas; las dos primeras amenazas, a los dos profesores, llegaron unas cartas acá al colegio; un tipo llegó y dejó las cartas ahí en la noche. En el caso de la profesora que amenazaron en diciembre, el padre de familia hizo las amenazas directamente a ella por WhatsApp y las últimas amenazas, que también la notificaron por medio de cartas, venían también cuatro casquillos de balas en las cartas amenazando a cuatro funcionarios de acá”, contó Carlos Eduardo Vargas, profesor de lengua castellana, a Telemedellín. Por cuenta de las amenazas reiteradas, dos docentes tuvieron que salir de la institución para ser reubicados en otro sector de la ciudad.
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Las amenazas que han recibido, según los docentes, han sido retaliaciones por casos en los que los estudiantes han perdido el año o simplemente por diferencias cotidianas como llamados de atención, anotaciones disciplinarias o citaciones de padres de familia por diferentes procesos de convivencia.
Yamile Loiaza, una madre de familia, rechazó las amenazas y las calificó como algo que golpea a toda la comunidad por los impactos que generan en el proceso educativo de más de 1.300 estudiantes, además del pésimo ejemplo y precedente que deja intentar resolver asuntos de manera violenta, precisamente, en medio de un entorno formativo.
La Secretaría de Educación de Medellín aseguró que una vez se enteró de las amenazas, emprendió acciones para brindar acompañamiento a los docentes y personal afectado y para encontrar las soluciones de fondo dentro de la institución. “Hemos creado una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y Educación, para ordenar uno a uno las acciones que debemos hacer en el territorio y dentro de la institución”, dijo el subsecretario de prestación de servicio educativo, Jorge Iván Ríos.
Profesores en Medellín están sufriendo amenazas de manera reiterada
Este caso no es aislado. A finales de 2025 se conoció el caso de una docente amenazada de muerte junto a su familia lo que obligó a la comunidad educativa a pronunciarse y advertir sobre cese de actividades en la Institución Educativa Alcaldía de Medellín, en Belén Rincón. Según trascendió en aquel momento, las amenazas aludían a un supuesto mal trato por parte de la docente a sus estudiantes, hecho que fue inmediatamente desestimado no solo por sus alumnos, sino por padres de familia y directivas del colegio.
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Según las pesquisas, detrás de las amenazas estaría un combo delincuencial de la zona que estaría tratando de generar inestabilidad en la institución amenazando a la docente.
En 2022 hubo otro caso de amenazas masivas a docentes, tal como acaba de ocurrir en El Pinal. El hecho ocurrió en la Institución Educativa Campo Valdés, en la Comuna 4, donde durante semanas estuvieron llegando panfletos contra los educadores en los que los amenazaban de muerte. De hecho, dos profesores fueron intimidados con arma de fuego cuando salían del colegio.
En todos estos casos, la alcaldía anunció medidas de protección y medidas de fondo, tanto en materia de seguridad como de convivencia, para hallar a los responsables de las amenazas y para solucionar las problemáticas que hubiesen detonado estas situaciones. Sin embargo, los docentes, a través de la agremiación Adida, han señalado sentirse cada vez más solos y desprotegidos por cuenta de procesos lentos, rutas de atención tardías y, en muchos casos, revictimización al solicitar acompañamiento formal por parte de las autoridades.