Golpe a banda que cobraba hasta $10 millones para resolver peleas de vecinos en barrios de la comuna 13, de Medellín

La banda que controlaba todas las situaciones de convivencia y cobraba millonarias multas por ello en la comuna 13 (San Javier), de Medellín, fue desarticulada en un operativo realizado entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín.

En total fueron nueve presuntos integrantes de la banda El Salado, adscritos al grupo delincuencial La Agonia, los capturados en este procedimiento, entre quienes se destacaron sus principales cabecillas, conocidos con los alias de Yarlinson, de 25 años, y La Nana, de 55 años.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, más de 1.000 personas de los barrios El Salado, Eduardo Santos, Pedro J. y la vereda La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, fueron las afectadas por el proceder extorsivo de estas personas, con la excusa de cobrar multas por comportamientos de convivencia.

Mediante este mecanismo, sumado a la regulación del uso del transporte público o del consumo de huevos (que debían ser únicamente los comercializados por este grupo criminal), esta organización criminal recibía rentas por más de 200 millones de pesos cada mes.

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Entre las rentas criminales que cobraban estaba la de la organización de fiestas sin autorización de los delincuentes, que tenía una multa de 1 millón de pesos. Si había disputas vecinales por temas de mascotas, basuras o hasta de parejas, estos presuntos delincuentes se convertían en jueces e imponían sanciones de entre 1 millón y 10 millones de pesos, según la gravedad del caso.

Por su puesto, también hacían cobros para autorizar construcciones y modificaciones dentro de las viviendas, que estarían entre los 5 millones y los 10 millones de pesos, dependiendo del trabajo que pretendían hacer en sus casas.

¿Y si se negaban a pagar? Pensando en todos los detalles, los miembros de este grupo tenían una zona a la que llamaban La Arenera, que servía de sitio para intimidar a aquellos que no querían cumplir con estos pagos, recurriendo a intimidaciones psicológicas y físicas, según la necesidad.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que “seguimos avanzando con una ofensiva frontal contra las estructuras criminales que durante años pretendieron imponer miedo y control ilegal en los barrios. Hoy estamos llegando con inteligencia, tecnología, investigación y trabajo articulado para proteger a la ciudadanía y devolver la tranquilidad a los territorios”.

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Pero sus movimientos no solo pasaban por realizar estas especies de cobros y sanciones a la comunidad. Incluso usaban a presuntos integrantes de este grupo criminal, principalmente aquellos que no tuvieran muchos antecedentes judiciales para que fueran capturados con el fin de entrar drogas a las cárceles.

“A través análisis de comunicaciones, se descubrió que el cabecilla ordenaba a sus subordinados hacerse capturar voluntariamente, recibiendo un pago de 800.000 pesos con el único fin de ingresar estupefacientes a los centros de detención”, indicó el comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Julián Gil.

Para lograr dar con la captura de estas ocho personas, las autoridades tuvieron como evidencia 17 entrevistas con víctimas y testigos, quienes detallaron cada uno de los movimientos de este grupo delincuencial, cansados de las presiones económicas que ejercían y que cada vez serían más intensas.

A los nueve capturados los procesaron por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro, desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. No se allanaron a los mismos ante el juez de control de garantías, quien igualmente los envío a prisión.