Estarían cobrando coimas de $200.000 por contrato en programa de la Alcaldía que administra el Colegio Mayor

Los gestores educativos son personas de los barrios, a quienes contratan vía presupuesto participativo, es decir, el definido por la propia comunidad, para que acompañen a los jóvenes que estudian en instituciones distritales de educación superior como el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, con el fin de asegurar que no dejen la universidad y aprovechen bien los recursos públicos invertidos en ellos. Uno de esos gestores educativos denunció que su coordinador supuestamente le cobraba $200.000 mensuales por mantenerle el contrato.

Pero esa queja podría ser apenas la punta del iceberg de un engranaje de corrupción alrededor de este programa que es financiado con recursos del Presupuesto Participativo (PP) en Medellín. Además, esto terminó salpicando la campaña política del precandidato presidencial Aníbal Gaviria, la cual indicó que este no ha tenido cargos de relevancia en ella y ya renunció.

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El primer caso en mención fue difundido en redes sociales el domingo pasado, cuando, en su cuenta de X identificada como Medinathebarrio, el trabajador social José David Medina publicó lo que, según él le estaba sucediendo. Este había sido gestor educativo entre abril y noviembre de 2025 y se candidatizó para que el Colegio Mayor le renovara el contrato este año; fue preseleccionado en el primer filtro y presentó el examen de suficiencia que, en su concepto, ganó porque estuvo seguro de todas las respuestas. “Acá el problema es que el Colmayor solo da el resultado de aceptado o no aceptado, pero no publica los puntajes”, explicó.

Asegura que el 6 de enero recibió la llamada del coordinador del programa en la comuna 7, Hugo Alejandro Barrera Gómez, citándolo, para darle una colaboración debido a que Medina había sufrido un robo cibernético en diciembre y había dado a conocer que estaba haciendo una colecta para recuperarse. La cita, con carácter de urgencia, se concretó finalmente para el día siguiente, 7 de enero, hacia las 2:30 p.m. en inmediaciones de la droguería del barrio El Cortijo; sin embargo, según continúa con el relato, el desenlace terminó siendo otro.

“Lo tuve que esperar unos minutos. Me invitó a un café. Él estaba hablando por teléfono sobre los gestores educativos y decía: ‘faltan cinco personas por contratar, contrátemelas urgente que le voy a pasar los nombres’, como si no fuera Colmayor el que dice quién pasa, sino él”.

Añadió que después fue al grano y le dijo que él no había quedado en el grupo de elegidos pero que si le pagaba $200.000 mensuales por el periodo que dura el contrato eso podría cambiar. Esto teniendo en cuenta que los honorarios son de 2’200.000 y de ahí deben sacar el dinero de la seguridad social. Eran en total dos millones de pesos.

El 10 de enero, a las 9:36 a.m., a Medina le llegó un correo oficial de bienvenida al Colmayor, anunciando que había sido seleccionado. No se explica si Barrera pudo estar enterado antes de ese resultado, sabiendo que se trataba de un proceso interno, o si incluso realmente podía incidir en la elección, como hacía ver.

Medina acepta que le dijo que sí a la propuesta indecente porque necesitaba el trabajo, pero luego reflexionó acerca de que estaba propiciando una red de corrupción y por eso decidió denunciar en redes con el mensaje que colgó el domingo pasado a las 6:43 p.m. en X y en sus estados de WhatsApp.

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Vale la pena mencionar que Barrera ha sido representante legal y sería todavía socio de la corporación Esperanza del Futuro, una entidad comunitaria que fue incluida por el alcalde Federico Gutiérrez cuando denunció la presunta entrega irregular de recursos del PP en el periodo del exalcalde Daniel Quintero. Esa organización aparece con contrataciones por más de mil millones de pesos en la pasada administración.

Por su lado, Barrera ha tenido contratos de prestación de servicios desde 2024 en Colmayor y según el veedor Daniel Salazar, tuvo entre 2020 y 2023 contratos por $334 millones con Indeportes Antioquia.

El mismo domingo, Barrera y cuatro personas más entre las que aparecen el actual presidente de Esperanza del Futuro, Mario Arturo Vélez; la hija de este, Sara Vélez, y dos ediles de la Comuna 7, instauraron una denuncia contra Medina por injuria y calumnia, algo que no se explica él, ya que en sus publicaciones solo mencionó al primero de ellos.

También la JAL de la comuna 7 emitió un comunicado firmado por cinco de sus siete ediles en los que rechazan las aseveraciones de Medina.

Mario Vélez es también el presidente de Asocomunal de la Comuna 7 y de la federación de esas organizaciones en la ciudad (Fedemedellín).

Las otras denuncias

Este martes, EL COLOMBIANO supo que una edil de la comuna 7 recibió cuatro quejas diferentes a las de Medina con relación al manejo que se les ha dado a los gestores: dos fueron por falta de claridad en los resultados de las evaluaciones para la contratación y dos más con presuntos cobros que involucrarían también a Barrera y a otra persona cercana a él.

“El año pasado una joven que trabajaba con Colmayor terminó contrato y salió otra vez la publicidad de que necesitaban gestores. Se presentó con un compañero y quedó aterrada porque una persona del Colegio Mayor le preguntó que si ellos estaban en la lista; ella preguntó de qué lista y la respuesta fue que los que entran acá están en una lista”. Y le habría llegado otra queja similar.

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Un testimonio más, recogido por este diario, apunta que la lista mencionada contendría los nombres señalados por algunos ediles y otras personas con influencia para que sean escogidos, independiente de los resultados obtenidos por meritocracia.

Las otras dos denuncias que le hicieron de manera anónima pero bien explicada a la edil sí tendrían relación con cobros de entre $150.000 y $200.000 y una de ellas, de enero de este año, mencionó de manera directa a Barrera con un presunto modus operandi similar al que relató Medina.

Este diario accedió de manera directa a dos de los testimonios.

Una joven líder contó que ya había sido gestora educativa en la comuna 7 a principios del año 2024, cuando apenas realizaban pruebas piloto y habría si acaso 15 personas trabajando bajo esa figura.

Apunta que aunque en realidad no le pidieron plata de manera directa, en reuniones Barrera hacía comentarios en tono de chiste que le sonaban medio en serio, acerca de que los gestores ganaban bien y que deberían recoger una “cuotica” entre todos.

Menciona que en aquel momento una de las gestoras era Sara Vélez, quien ahora aparece como denunciante de Medina.

A inicios de 2025 la joven se presentó, aun sin tener muchas esperanzas porque los rumores de pasillo vociferaban que estaban pidiendo plata por el ingreso. Una compañera a quien conocía como cercana a Barrera le mencionó que había gente cobrando entre $200.000 y $300.000, aparentemente por una sola vez, a cambio de propiciar el enganche.

La joven asegura que el día del examen en el salón dejaban sacar teléfonos y textos escritos, lo cual supuestamente está prohibido, pero además, muchos de los que entraron de últimos salieron de primeros, como si fueran superdotados o conocieran previamente las preguntas y respuestas. El resultado fue negativo para ella aunque incluso estaría sobre perfilada porque cuenta con título de pregrado y especialización, más experiencia en trabajo comunitario, que son ítems que dan puntaje.

Luego, hacia agosto de ese mismo año, la llamaron porque necesitaban gente e ingresó sin siquiera hacerle pruebas ni entrevistas, pero de cuando en cuando la compañera cercana a Barrera la hacía comentarios de que si no daba el aporte no se aseguraba el contrato siguiente. Apunta que ahí conoció a otra gestora a la que le habían exigido la coima, quien se habría negado y, según la versión, denunció ante instancias de coordinación del Colmayor pero habría desistido porque la pasaron a otro puesto donde ganaba más dinero, presuntamente para que se callara, como efectivamente sucedió.

Dice haber sabido también de gestores a los que le habrían puesto trabas en los informes para retrasarles los pagos como presión.

EL COLOMBIANO también habló con una líder que se presentó el pasado 23 de diciembre para ser gestora, quien además anexó un audio que circuló un día antes de esa fecha en un grupo selecto de escogidos, donde una voz masculina les indica cuáles son los temas y hasta algunas preguntas que con seguridad entrarán en la evaluación.

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El hombre que habla se dirige a una “prima” y le dice que estudie sobre cuatro temas: uno es de asuntos generales del Colegio Mayor, con datos como la fecha de fundación, “puede ser que te pregunten las facultades, que son cuatro; puede ser que te pregunten los pregrados, y cuales no son, que también preguntan como una trampita”.

Igualmente le indica que estudie sobre la comuna 5, los límites geográficos y los barrios; las instituciones de secundaria, el tema tres es el de gestores educativos y los requisitos para la beca de convenio directo de presupuesto participativo. Según ella, esa persona no tendría por qué saber eso si cada año es un examen diferente.

¿Qué tiene que ver Gaviria?

La otra arista de las denuncias tiene que ver con las supuestas presiones a los gestores para hacer proselitismo. Medina le contó a este medio que Barrera hizo una reunión en septiembre pasado en el Parque La Quintana y a él, al salir, le preguntó con quién estaba trabajando políticamente; después le habría dicho que lo iba a meter en un grupo.

Posteriormente, habría conformado un chat con el nombre “política 2025” –que actualizó al cambiar de año– en el que incluía a los gestores y los convocaba a recoger firmas de apoyo a Aníbal Gaviria y para que asistieran a campañas de propaganda. El llamado era a que se conformara una red con diez contactos por cada uno, que a su vez consiguiera cada uno de a diez personas. Adicionalmente, los habría conminado a publicar varias e-card en sus estados con contenidos de esa candidatura y en enero los habría citado a una reunión en la antigua sede de El Mundo, el periódico ya extinto que perteneció a la familia Gaviria.

El elemento en común es el temor a denunciar por temor a represalias, toda vez que se trata de jóvenes que estudian en Colmayor o que son beneficiarios de los programas que esta entidad tiene a cargo con presupuesto del PP. Por eso los informantes pidieron reserva de su nombre.

De hecho, la veeduría Todos por Medellín había recibido quejas anónimas a finales de 2025 sobre presuntas presiones, también anónimas y algo crípticas sobre presiones a los gestores “sin especificar si eran por temas electorales”.

De ahí que hiciera derechos de petición para la Alcaldía de Medellín y el Colmayor en busca de información y el rompecabezas se armó mejor después de la denuncia de Medina, según la coordinadora jurídica de Todos por Medellín, Lucidia Amaya.

EL COLOMBIANO buscó a Barrera para confrontar las versiones y su abogado dijo que solo se pronunciarían ante autoridades competentes. Después sacó un comunicado en el que descalificó los “señalamientos anónimos” y negó haber realizado cobros. Además, invitó a que quien se crea víctima de conductas irregulares “acuda a los “mecanismos formales de denuncia”.

La Alcaldía por su parte, hizo la denuncia ante la Fiscalía y el Colegio Mayor informó que hizo lo propio “por la gravedad de los señalamientos que han circulado y con el fin de esclarecer cualquier situación irregular que eventualmente hubiese podido presentarse”.

La institución educativa anunció también que inició un proceso interno que podría conllevar sanciones si se demuestra que Barrera incumplió con las funciones que obliga su contrato de prestación de servicios.

Finalmente, la campaña de Aníbal Gaviria se pronunció aceptando que Barrera ha colaborado con ellos como voluntario, pero no ha tenido roles de toma de decisiones.

“Desde la campaña no se conocen detalles de las acciones que el señor Barrera haya desarrollado espontáneamente para ejercer su derecho a la libertad de expresión política y proselitismo político”, dijeron e informaron que este renunció a esa empresa proselitista después del escándalo suscitado.