Polémica en Concejo de Medellín: renuncia de El 'Gury' a Junta del AMVA terminó en demanda que lo dejaría por fuera

Lo que empezó como una renuncia de trámite se volvió una especie de “torbellino” jurídico-político que sopló en el Concejo de Medellín y que será en los estrados donde se dirima si se convierte en huracán o a duras penas llegará a ser "vientico" de la Rosa de Guadalupe.

En la mañana del pasado 26 de febrero, el corporado Andrés Rodríguez –más conocido por su remoquete de El Gury– presentó su renuncia como representante del Concejo de Medellín ante la junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Amva.

La cuestión es que un día después, el veedor Sergio Mesa Cárdenas –hace poco involucrado en el escándalo de coimas de la congresista Berenice Bedoya– publicó en la red social X que había demandado la pérdida de investidura contra Rodríguez y contra el concejal Damian Pérez.

Según Mesa, lo hizo justamente por su participación como voceros del cabildo de Medellín ante el Amva, pues según él había una incompatibilidad y una prohibición expresa de la ley para que los concejales hicieran parte de una junta de una entidad que funciona con recursos del distrito.

“Ayer viernes 27 de febrero demandé al concejal por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta —conocido como El Gury—, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Hoy sábado (28 de febrero) radicó ante la Secretaría del Concejo su renuncia como representante ante la Junta Metropolitana del Amva. El lunes fue programado en el Orden la Día la votación de la renuncia del concejal Rodríguez y la elección del nuevo representante. El concejal cree que con la renuncia atenúa la falta y se elimina la incompatibilidad”, escribió Mesa insinuando una posible irregularidad en el trámite.

Efectivamente, en el Concejo de Medellín, en esta mañana de lunes, se llevó a cabo la votación de la renuncia de Rodríguez y la elección del nuevo representante. Allí se tocaron las aristas del caso.

Durante el inicio de la sesión se votó la renuncia de Rodríguez como delegado ante la Junta Directiva del AMVA para el periodo 2025, la cual, con 11 votos, fue aceptada.

Lea también: Febrero fue el mes menos violento de los últimos 50 años en Medellín: solo hubo 11 homicidos


Tras esto, Rodríguez tomó la palabra no para dar explicaciones sobre su salida, sino para hacer un balance de su gestión en la junta, donde destacó que ya habrían quedado destrabados proyectos por cerca de $12 billones para la subregión. Eso sí, hizo una somera mención a la demanda que tanto él como Pérez enfrentan por parte de Mesa.

Tras las palabras de Rodríguez, el concejal José Luis Marín intervino solicitando al área jurídica del Concejo un concepto de la viabilidad jurídica de que corporados hagan parte de dicha junta, tal como lo señalaba la demanda de Mesa.

También dijo que solicitó a los entes de control investigar las actuaciones de los concejales de Medellín en la junta del Amva en los últimos cinco años, grosso modo, para ver si sus decisiones estuvieron bien fundamentadas y no buscaron un beneficio particular.

Luego hubo réplica de Rodríguez, quien explicó que, a su juicio, si el Concejo debe elegir un representante, entonces quién mejor que un concejal para la tarea.

“Lo que pasa es que aparecen leguleyos como ese señor (Mesa) buscando ver como perjudican a las personas. Pero... ¿Qué van a tener contra nosotros? Yo en 2025 tuve 36 asuntos jurídicos en mi oficina, y creo que llevo 27 ganados. Y tengo 29 quejas disciplinarias abiertas. ¿Usted cree que una demanda más o una demanda menos me asusta? Ay. Qué risa”, le espetó a Marín.

Ante la demanda de Mesa, Rodríguez dijo que lo hecho por “el personajillo falto de atención” (refiriéndose a Mesa) no es un ejercicio académico como él aseguró, sino que es un tema de persecución política.

“Dirán que no es persecución política, pero obvio que es persecución política”, añadió.

Finalmente, dijo que la renuncia la presentó oficialmente el 26 de febrero, a las 10:00 a.m., y que la denuncia llegó –curiosamente– al Concejo un día después, lo que desvirtuaría lo dicho por Mesa y por el mismo Marín.

A la discusión se terminó sumando el corporado Alejandro de Bedout que –como directivo del Concejo– dijo que era necesario aclarar las suspicacias del trino de Mesa.

De Bedout señaló que el 17 de febrero se publicó la programación de las dos primeras semanas de sesiones en el concejo y en ellas ya figuraba la votación de la renuncia de Rodríguez, así como la elección de un nuevo vocero ante el AMVA.

Añadió que para el 19 de febrero a los corporados se les envió un memorando donde se les informó de la renuncia y elección del representante ante el AMVA, como lo estipula el artículo 60 del reglamento del Concejo. También confirmó que el 26 de febrero se presentó la carta de renuncia, la cual posteriormente fue radicada.

“Y por obra y gracia del espíritu santo, el 28 aparece la demanda mencionada por José Luis. En lo político no podemos dejar que sigan tratando de generar suspicacias de que acá se hace una mala elección y que como Concejo estamos errando a la hora de elegir un representante. ¡No enreden a la gente!”, cerró su comentario.

La discusión la cerró el concejal Andrés Tobón, quien detalló que el vocero del Concejo ante la Junta del AMVA tiene voz, mas no voto, por lo que no es una figura decisoria en la destinación de los recursos de la entidad —asunto quE sería piedra angular de la discusión propuesta en la demanda de Mesa–.

Lea también: Cada vez hay menos lugares para nacer en Medellín: Clínica del Prado cerrará 30 camas

“Antes yo creo que es tremendamente útil que el Concejo, con su vocero, participe en la Junta del AMVA porque es una entidad por fuera del control del cabildo”, dijo.

Pese a los apasionados alegatos, lo que todos los presentes esperaban era el concepto del área jurídica del Concejo. La encargada de darlo fue la abogada Diana Tobón, de la Comisión Tercera Permanente del cabildo.

Ella, contrario a lo que especuló Mesa, señaló que oficialmente no han sido notificados de que la demanda haya sido admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.


Ya en materia, la jurisconsulta comentó que la Ley 1625 de 2013 –en sus artículos 16 y 18– definía que cuando la norma habla de un representante del Concejo, sí se refiere a un concejal.

Detalló que el artículo 16 de dicha ley comenta que "el periodo de los miembros de la Junta Metropolitana coincidirá con el período para el cual fueron elegidos popularmente", concepto que se ajusta a los concejales.

También citó el artículo 18, que reza: “Los acuerdos metropolitanos pueden tener origen en los miembros de la Junta Metropolitana, el Representante Legal del Área Metropolitana, los concejales de los municipios que la integran, y en la iniciativa popular”.

Tobón también dijo que en 2020 el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió el Concepto 350731 de 2020, donde precisó que cuando en la norma se haga referencia a un representante del Concejo, hace relación a un concejal directamente.

Sobre el tema de los tributos, la abogada detalló que, por un lado, el Área es una entidad autónoma del Distrito de Medellín y, por lo mismo, los tributos que a ella aporta el Distrito son la sobretasa ambiental, el cual es un impuesto que, si bien se recauda en Medellín, no es un tributo fijado por el Distrito, pues es un impuesto de creación legal. Mientras que los aportes voluntarios hechos por el Distrito al AMVA no son tributos distritales.

Por esto, para ella no hay incompatibilidad para que los concejales hagan parte de la junta del AMVA.

Solucionadas las dudas, el Concejo votó por el nuevo representante y allí salió elegido el corporado Juan Carlos de La Cuesta Galvis como nuevo vocero.

Quien estaba muy pendiente de la votación era el veedor Mesa que luego de surtida la decisión trino: “Incurren de nuevo en el error al interpretar el numeral 2º del Artículo 15 de la Ley 1625 de 2013. Hubo aplausos. Lo más triste es el 'concepto jurídico' de la abogada de la Comisión Tercera del Concejo que despachó el asunto de manera tan folclórica”, añadió.

Será entonces en los estrados donde se dirima quién tiene la razón. La decisión podría ser todo un antecedente jurídico-político en la ciudad.