Estos son los enredos de la terna para contralor de Medellín

Primero hay que hacer una advertencia: los tres candidatos finalistas a ser elegidos como próximo contralor de Medellín llegaron allí por ser los que sacaron mejores resultados en el examen que les hizo la Universidad Pontificia Bolivariana. Incluso, varias tutelas interpuestas por otros competidores no prosperaron. Es decir, el proceso arranca de manera trasparente.

Sin embargo, la terna está bajo lupa porque ha salido a flote una serie de señalamientos que vinculan a sus integrantes con la alcaldía de Daniel Quintero. Llama la atención que no es la primera vez que se ponen en duda los nombres de quienes aspiran a hacer el control sobre el uso de los recursos públicos en Medellín y Antioquia.

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Y es que las contralorías territoriales se han convertido por momentos en engranajes de la politiquería. Como lo denunció en su momento el contralor general Edgardo Maya, quien pidió de manera constante acabar estas entidades.

Cuando son cooptadas por un sector político cuestionado terminan chantajeando a los funcionarios, exigiéndoles puestos o prebendas a cambio de no abrirles investigaciones, algunas veces inventadas, por ejemplo. Por eso es clave que lleguen a estos cargos personas de probada calidad.

A escasas semanas de que se realice la votación definitiva; mientras desde la orilla de los denunciantes, dichos indicios son vistos como razón suficiente para repensar la terna; los candidatos involucrados defendieron su rectitud y sostuvieron que los señalamientos son infundados.

¿De qué señalan a los candidatos?

Tal como se conoció a mediados de agosto pasado, la terna de la cual saldrá el próximo contralor de Medellín está compuesta por: Paula Andrea Ortega Escobar, funcionaria de carrera administrativa en la Contraloría de Medellín. Alina Marcela Restrepo Rodríguez, quien fue subcontralora y subdirectora de la Agencia de Educación Sapiencia. Y Luis Eduardo Álvarez Vera, alcalde de Ciudad Bolívar en 1998, diputado en 2004, subsecretario de la Gobernación y quien ha estado ligado además a la Contraloría de Medellín y a la Procuraduría de Andes.

A Paula Andrea Ortega la señalan de ser presuntamente ficha del actual contralor Pablo Garcés, cuya gestión arrastra cuestionamientos por el pobre manejo dado a las denuncias y procesos asociados con la administración del exalcalde Daniel Quintero.

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El contralor Garcés una vez terminó el mandato de Quintero, el 9 de enero de 2024, ascendió a Ortega Escobar de profesional especializada a secretaria general de la Contraloría.

En particular, Ortega es cuestionada por su papel en tres de los escándalos más sonados de la alcaldía de Quintero: Aguas Vivas, la Clínica de la 80 y Buen Comienzo; casos que hoy tienen en los estrados al exalcalde y varios de sus exsecretarios. Sin embargo, ha sido la Fiscalía la que ha avanzado en estas investigaciones.

Incluso, vale recordar que la Contraloría General se llevó para Bogotá la investigación por el escándalo de los gastos fijos (caja menor) de Daniel Quintero. Aunque no se sabe si es para blindar al exalcalde, de cara al cambio de contralor local, o de verdad para investigarlo.

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¿Descartaban denuncias de Quintero?

Uno de los cuestionamientos a Ortega se deriva de una respuesta dada a la PQRSD 100 de 2024, radicada por el secretario general del Distrito. En dicho documento, se le pregunta a la Contraloría si estaba investigando el caso Aguas Vivas. Pese a que en una parte del oficio se menciona que sí habría hechos de relevancia disciplinaria, en su respuesta la Contraloría dice que no investigó el asunto pues, grosso modo, no habría encontrado méritos para hacerlo, ya que como el presunto negocio nunca se habría materializado, tampoco se habría incurrido en un detrimento patrimonial. Al final de ese documento se lee que la respuesta fue proyectada –o sea, sustentada jurídicamente– por la hoy candidata Ortega.

En segundo lugar, según se lo comentó a este diario una fuente, a finales de 2024 la Contraloría auditó el también polémico contrato de comodato y de transacción de la Clínica de La 80, otro de los escándalos del pasado gobierno y por el que la Procuraduría formuló cargos contra las exsecretarias Andree Uribe Montoya, Karen Bibiana Delgado y Natalia Andrea Jiménez.

Para resumir el asunto hay que recordar que por la pandemia se suscribió un comodato entre la Secretaría de Salud de Medellín y la liquidada EPS Saludcoop para que el Distrito usara la Clínica de La 80 para atender pacientes de covid. Para adecuar el espacio el Distrito ejecutó cerca de $23.000 millones, pero tras la pandemia Saludcoop vendió el lugar a la Clínica Vida. La cuestión es que el Distrito ya se había gastado recursos públicos en 631 mejoras o “ítems” que debían ser compensados para que no se incurriera en un detrimento. Ante esto, la Clínica Vida le reconoció a la Alcaldía cerca de $12.000 millones, casi la mitad del monto gastado. Sin importar esa diferencia, varias secretarias de la Alcaldía dieron por saldado el asunto.

A vuelo de pájaro, lo que se habría discutido en la Contraloría era si haber recibido los $12.000 millones —y no más plata— constituía un detrimento patrimonial (que oscilaba entre $4.000 millones y $9.000 millones) o no. Justamente entre los analistas que debían dirimir el asunto estaba Ortega Escobar, quien habría dicho que no hubo detrimento.

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Lo comentado a este diario precisa que el análisis de Ortega habría dejado pasar por alto que la aceptación de la transacción se hizo presuntamente sin la venia del Comité de Conciliación del Municipio, asunto obligatorio para avalarla. Para sorpresa de varios veedores de la ciudad, quienes alegaban que sí hubo detrimento, en diciembre de 2024 se publicó el Informe Definitivo de Actuación Especial de Fiscalización a la Clínica de La 80, cuyas conclusiones los dejaron fríos: de 631 ítems se pasó apenas a 114. Estos ítems fueron tasados por la Contraloría en $7.695 millones, incluyendo costos de transporte, entre otros.

En el informe se concluyó que no hubo detrimento patrimonial en el negocio, que fue la misma tesis sostenida por Ortega en el análisis. “Para la Contraloría de Medellín, se pudo evidenciar la inexistencia de hechos irregulares que dieran lugar a la afectación del patrimonio del municipio”, estableció la Contraloría, en una conclusión que entonces fue celebrada por Quintero.

Para rematar, en enero de 2023, Ortega también hizo parte de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (CARF), oficina a la que su par, la Auditoría Fiscal Educación, trasladó los hallazgos que derivaron en el escándalo de Buen Comienzo, el mismo por el que la Fiscalía acusó a la exsecretaria de Educación Martha Alexandra Agudelo Ruiz y otros involucrados de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

En enero de 2023 la CARF emitió el Auto 005 que pedía el archivo del proceso, pues a su juicio “no había certeza del presunto daño patrimonial”. Según los veedores en la decisión presuntamente habría influido Ortega.

Cabe mencionar que el auto 005 fue el mismo usado por la exsecretaria Agudelo y los demás implicados —así como por Quintero— para defenderse. Pese a ese concepto inicial, y en medio de un fuerte escándalo, el caso se lo llevó a Bogotá la Contraloría General de la República.

¿Un “yo” con “yo”?

La segunda cuestionada de la terna es Alina Marcela Restrepo Rodríguez, quien llegó a la Contraloría de Medellín en 2020. Fuentes consultadas señalan a Restrepo de ser presuntamente cercana a figuras políticas como el exsenador del Partido de la U Germán Hoyos, en su momento señalado de ser cercano a Quintero.

Desde enero de 2023, en el último año de Quintero en el poder, Restrepo se volvió la subdirectora para la Gestión de Educación Postsecundaria de Sapiencia, entidad donde se dieron varios escándalos.

En el informe de auditoría a Sapiencia de la vigencia 2023, hecho por la misma Contraloría, aparece que justamente para ese año la Subdirección de Restrepo Rodríguez tenía 186 de sus 356 empleados vinculados por prestación de servicios, una modalidad que le costaba a Sapiencia $7.143 millones. Los contratos generaron suspicacia no solo por tener un plazo de ejecución estrecho, sino porque en la mayoría de los mismos era la cabeza de la subdirección, para la fecha Restrepo, la que figuraba como supervisora.

De otro lado, como directiva de Sapiencia, Restrepo aparece como la supervisora de los contratos 373 de 2022 y 266 de 2023, por $3.000 y $6.000 millones respectivamente, con la sociedad Corprefer S.A.S., para la formación digital en inglés. Pues bien, la Contraloría halló presuntas faltas disciplinarias, toda vez que como lo expuso la entidad, la subdirección de Restrepo habría destinado recursos para un proyecto que no era su responsabilidad, según el Plan de Desarrollo. Además la Contraloría cuestionó que dichos vínculos con Corprefer se hubieran hecho por contratación directa.

Pese al tiempo transcurrido, cabe mencionar que dichos procesos seguirían activos, por lo que a los veedores les llama la atención que una candidata busque convertirse en la cabeza de la misma entidad que tendría el deber de ponerle la lupa por esas presuntas irregularidades, en un escenario en el que el investigador y el investigado terminarían siendo uno solo. Un “Yo con yo”. Además, se cuestiona su cercanía con la administración Quintero, que plantea que podría presuntamente interferir en las investigaciones.

¿Cercano a senador?

Finalmente, sobre el aspirante Álvarez Vera se cuestiona su cercanía con el hoy senador Juan Felipe Lemos, también del Partido de La U, y quien anunció que su fórmula en su campaña para continuar en el congreso será la exconcejala de Medellín Lina García Gañán.

Cabe recordar que García inicialmente fue cercana a Luis Pérez y fue una de las “rebeldes” que, pese a ser del Centro Democrático, se volvió aliada del quinterismo dentro del Concejo. García en las elecciones de 2023 adhirió a la campaña del exconcejal quinterista Albert Corredor.

Por estas supuestas cercanías entre Lemos y García, algunos veedores ven en Álvarez un riesgo de que el ex alcalde pueda ejercer influencia en la entidad.

Pero tal vez lo que más preocupa a algunos concejales que deben elegir es que en las pruebas psicotécnicas a las que fueron sometidos previamente los candidatos Álvarez ha sacado en rojo varios de los puntos relacionados con honestidad de su conducta.

Terna se defiende

Este diario buscó a la abogada Ortega para conocer su postura frente a los hechos. Ella negó con vehemencia que durante su vida profesional hubiese recurrido a algún tipo de influencia política, ya fuera de la administración pasada o actual. Señaló que su llegada a la Contraloría se dio por concurso de méritos.

Sobre su cargo como secretaria general aclaró que fue solo por 15 días, mientras se posesionaba quien ocuparía este cargo de forma definitiva. Dijo que el nombramiento lo hizo el director de Talento Humano, en ese entonces Johnny Ramírez. Frente a la pregunta de si el contralor Garcés tuvo que ver en el mismo, apuntó: “no sé si el doctor Pablo intervino en la decisión, solo sé que quien me llamó fue Ramírez”.

También comentó que desde 2019 hasta finales de 2023 hizo parte de la CARF por lo que su superior sí fue el contralor Cuadros. Por otra parte, frente a la controversia por el Auto 005, aseguró no tener nada que ver: “Para la época había como siete abogados, el contralor que dirige la CARF les comisiona los hallazgos y cada uno tramita ese proceso. Por eso no tuve que ver con ese auto, porque no fui quien lo proyectó. Además, de los casos en específico, solo dialogan el jefe (contralor auxiliar) y el abogado”, añadió.

Sobre su proyección en la respuesta del tema Aguas Vivas comentó que al ser una petición de la Secretaría Privada a la entidad, el asunto llegó a la Subcontraloría, que era su nueva dependencia. Allí, como abogada se le pidió asesorar jurídicamente la respuesta.

“Se revisaron las pruebas y se concluyó que sí había un asunto relevante pero de índole disciplinario, por eso se le dio traslado a la autoridad disciplinaria, porque nuestra función es resarcir el patrimonio afectado por gestores fiscales, no investigar si la conducta violó la ley. Nosotros actuamos si hubo afectación al patrimonio público y según el análisis no lo hubo. Además aclaro, yo en esa respuesta no decidí nada, porque no soy competente para ello, solo plasmé lo que se acordó en las mesas”, añadió.

Frente al caso de la Clínica de La 80, comentó que sí hizo parte de un equipo auditor pero nuevamente como asesora, toda vez que habría sido comisionada por el subcontralor de la época para participar en esa auditoría, ya que la Contraloría Auxiliar no tenía una. Agregó que el equipo incluía otro abogado y tres auditores más, entre otros directivos. También dijo que las decisiones tomadas allí eran por mayoría. Tras el análisis de los contratos Ortega dijo que concluyó que sí se dio la irregularidad de la ausencia de autorización del Comité de Contratación, lo que derivó en hallazgo disciplinario y penal del que dieron traslado.

Frente al tema de los detrimentos, remarcó que más que una postura ella lo que hizo fue pedirle al analista técnico que revisara los conceptos y los ítems para determinar si hubo daño patrimonial. “El análisis arrojó que el técnico debía analizar estos asuntos para ver si al Distrito se le pagó lo justo. Él lo hizo y dijo que sí se pagó lo justo. Igual todas decisiones pasan al Comité de Revisión de Auditorías y este puede avalarlas o reversarlas”, añadió.

Finalmente dijo que ni ella ni nadie cercano está haciendo “lobby” en el Concejo a su favor pues no necesita “buscar palancas”. “Mis años de trabajo en los que nunca he sido investigada y mis calificaciones de desempeño dicen que soy intachable”, puntualizó.

Por su parte Restrepo Rodríguez argumentó que si bien fue subdirectora en Sapiencia, solo estuvo en el cargo desde 31 de enero hasta el 5 de junio de 2023.

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Ella negó que bajo su subdirección se vincularan a los 186 contratistas, toda vez que ella no era ordenadora del gasto y por lo mismo no podía hacer contratos de ninguna índole, ya que esta labor, según dijo, estaba asignada a la Oficina Jurídica de Sapiencia.

“Mis funciones estaban orientadas a coordinar las estrategias para articular programas y proyectos de las universidades del Distrito. Además, al momento de mi ingreso, las personas citadas ya estaban contratadas”, dijo.

Restrepo negó que fuera supervisora del Contrato 373 de 2022; y sobre el 266 de 2023, dijo que sí fue asignada desde el 17 de febrero hasta el 5 de junio cuando renunció. Negó que haya tenido que ver con la contratación directa del mismo, por los motivos ya mencionados.

“Tampoco es cierto que la Contraloría haya tildado este contrato como sospechoso, lo cual se puede constatar en el informe definitivo de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2023. Se menciona como hallazgo debilidades en el proceso de planeación, pero esa competencia está asignada a la oficina jurídica de la entidad; de ninguna manera a mí como supervisora del contrato”, dijo.

Restrepo dijo que hasta hoy no tiene ninguna investigación en los entes de control. Sobre su aspiración, señaló que es la misma que puede tener cualquier ciudadano que conoce del ámbito de actuación del control fiscal.

“Estoy tranquila porque mis actuaciones siempre han sido realizadas con observancia del marco constitucional y legal”, agregó.

Por último Restrepo negó tener vínculos con Quintero o alguno de sus funcionarios y sobre Germán Hoyos añadió que lo conoce por la cercanía que su fallecido padre tuvo con el político Luis Guillermo Vélez Trujillo, fórmula política de Hoyos.

En su defensa, Álvarez Vera comentó a este diario que su relación con Lemos es una amistad arraigada en que ambos son del Suroeste antioqueño. Sobre su presunta subordinación política, negó tal hecho y aseguró: “En 2007 cuando Lemos era candidato a la Alcaldía de Andes, un amigo mutuo nos presentó y me pidió el favor de apoyarlo políticamente con mis conocidos. Pero hasta ahí llegó el asunto. Yo nunca he hecho parte de su equipo político”.

Álvarez negó conocer a la exconcejala García Gañán o tener cercanía con los alcaldes Quintero y Gutiérrez. “Lo mío es una aspiración individual basada en mis calificaciones. Esta no es mi primera terna. Yo he estado en dos más para la Contraloría de Antioquia y una tercera para la de Envigado. Además en 2024 fui uno de los elegibles para ser personero de Medellín. Me va bien en los concursos y mi hoja de vida es meritoria”, dijo.

De acuerdo con el cronograma que maneja el Concejo de Medellín, se espera que en octubre próximo se realice la elección del contralor distrital.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los escándalos que mencionan respecto a los candidatos?

Se les vincula a caso Aguas Vivas, la Clínica de La 80 y Buen Comienzo, todos con investigaciones disciplinarias o sanciones pendientes.

¿Qué significa que alguien “no resultó fiable en exámenes psicotécnicos”?

Indica que en pruebas de integridad o conducta, el candidato habría tenido resultados rojos en áreas claves como honestidad.

¿Cuál es el rol de la cercanía política en estas críticas?

Críticos afirman que los nombramientos en control fiscal no deben estar ligados políticamente, pues eso puede afectar imparcialidad en investigaciones.