Medellín

“No es nada frente al robo que le hicieron a Medellín”: Federico Gutiérrez sobre primer condenado por corrupción de la era Quintero

El alcalde de Medellín recordó que por ese mismo caso ya está próximo a ser imputado Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

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hace 1 hora

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la primera condena que le fue impuesta a uno de los implicados en el escándalo por contratos irregulares entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

El mandatario distrital consideró que la condena a 19 meses de prisión que se le impondrá a ese implicado sería muy pequeña, pero destacó su colaboración con la justicia e hizo un llamado a las autoridades a seguir avanzando en el caso.

“En nuestro concepto no es nada frente al robo que le hicieron a Medellín. Pero esta persona, como parte de ese preacuerdo, ya está contando todo sobre su participación en el robo al Área Metropolitana, en uno de los 666 casos que hemos entregado a los entes de control”, añadió Gutiérrez.

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Cabe recordar que el primer condenado por un escándalo de corrupción por hechos ocurridos durante la alcaldía de Daniel Quintero fue Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

En la audiencia que se realizó este jueves 20 de agosto, Cardona pidió disculpas por su participación en los hechos, admitiendo que en medio de ese caso falsificó documentos.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por lo relacionado con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, expresó.

Un caso que avanza desde hace cinco años

El escándalo en torno a los convenios celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí estalló en 2021. En ese momento, agrupaciones cívicas como la Veeduría Todos por Medellín advirtieron sobre posibles anomalías en la adquisición de kits y en la realización de unas capacitaciones a cargo de los socorristas, las cuales fueron costeadas mediante un acuerdo interadministrativo con la entidad metropolitana.

Durante el cuatrienio anterior, la dirección de dicha entidad estaba a cargo de Juan David Palacio Cardona, quien había llegado a ese puesto por postulación del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Posteriormente, en diciembre de 2021, el diario EL COLOMBIANO adelantó su propia investigación sobre el caso, revelando múltiples detalles sospechosos alrededor de dichas contrataciones.

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Uno de los hallazgos más relevantes giró en torno a los parámetros que utilizó el Amva para seleccionar de manera específica a los Bomberos de Itagüí. Aunque se trata de uno de los cuerpos de rescate más robustos del Valle de Aburrá, su nivel técnico no superaba de forma significativa al de otras instituciones similares en la región.

Esta elección generó aún más suspicacias al considerar que una de las figuras clave del organismo de socorro era el polémico político Misael Cadavid. Meses antes, en noviembre de 2021, Cadavid ya había estado en el centro de la opinión pública debido a la filtración de un audio donde afirmaba contar con el presunto respaldo del alcalde Quintero para su candidatura a la Cámara de Representantes.

En la grabación, revelada de manera conjunta por los medios Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio, se le escuchaba decir: “Te cuento que el lunes pasado, ya tengo fórmula para el Senado de la República. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía. ¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (...)? Porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.

Tiempo después de estos hechos, Cadavid fue detenido por las autoridades y, en la actualidad, es uno de los procesados que alcanzó un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación a cambio de colaborar con la justicia.

Los cuestionados acuerdos ascendían inicialmente a los $17.645 millones. En estos se incluían rubros como capacitaciones en atención prehospitalaria, insumos para mitigar la covid-19, un viaje internacional para 25 rescatistas, jornadas académicas para la comunidad y hasta el reparto de 3.000 kits compuestos por camisetas, gorras y tapabocas.

Pese a que el grueso de esas denuncias se formularon en el cuatrienio pasado, luego del cambio de gobierno la Alcaldía de Medellín se volvió un actor clave para impulsar la judicialización de los implicados, o solo colaborando con las autoridades con hallazgos levantados en la auditoría forense, sino constituyéndose como víctima y participando del proceso.

Lo que sigue en el caso

En su intervención de este jueves, el alcalde Gutiérrez se refirió a lo que viene en el proceso y recordó que hay más implicados en la lista de espera para ser imputados, entre ellos Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

“Este caso está directamente relacionado con la audiencia del próximo 25 de agosto de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero. Él tiene audiencia por este mismo caso en el que ya hay un condenado que acaba de pedir perdón”, recordó.

Entre tanto, por el caso de Cardona, se espera que el próximo 18 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, realice la lectura de la sentencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el primer condenado en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana?
Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, ex tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien firmó un preacuerdo con la justicia, recibirá una condena de 19 meses de prisión y pidió disculpas públicas tras aceptar que falsificó documentos para estos convenios.
¿Qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez sobre esta primera condena?
El mandatario local señaló que, aunque la pena de prisión de 19 meses “no es nada frente al robo que le hicieron a Medellín”, destacó como un logro que el implicado esté delatando a otros participantes del entramado gracias a su colaboración con la justicia.
¿A cuánto ascendían los contratos irregulares investigados en este caso?
Los cuestionados convenios interadministrativos celebrados durante la administración anterior superaban los $17.645 millones, los cuales incluían capacitaciones, insumos contra la covid-19, un viaje internacional para 25 rescatistas y la entrega de 3.000 kits (camisetas, gorras y tapabocas).