Minuto a minuto | Audiencia contra Miguel Quintero, ¿juez avalará trámite de imputación de cargos por corrupción?

A las 3:30 de la tarde continuó este lunes la audiencia de imputación contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por cargos de presunta corrupción ocurrida dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Esta es la tercera fase de un proceso que ya tiene una persona condenada, otra detenida, por lo menos una más dando información bajo principio de oportunidad y otras más pidiendo pista para que les otorguen beneficios a cambio de colaborar con la justicia.

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Junto a Miguel Quintero están siendo imputados el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada; Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña, así como Sebastián Ortega, el hijo de un influyente político de Bello.

A continuación, el minuto a minuto de esta diligencia:

3:20 p.m. Una oficial del Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín realiza una purga de los asistentes en la sala virtual, pues, según explica, la sesión anterior se presentó más audiencia de la que soportaba la plataforma, además de que algunos no se identificaron. Adicionalmente, habrían ocurrido suplantaciones, como la de alguien que se identificó como Daniel Quintero, sin serlo, y realmente era una persona que estaba retransmitiendo sin obedecer las reglas de juego que había planteado el despacho. Una de esas normas era no mostrar imágenes del juez ni mencionar su identidad.

Coimas equivalentes al 15%

El jueves pasado, 10 de septiembre, la fiscal 40 anticorrupción les leyó a estas cuatro personas cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, debido al rol que habría tenido cada una de ellas en una contratación por 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que habría sido espuria.

En su argumentación, la funcionaria judicial indicó que se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el pago de una “mordida” ilegal correspondiente aproximadamente al 15% del valor total.

Incluso inicialmente, según dijo la delegada de la Fiscalía, el monto iba a ser del 20%, pero el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, pidió rebaja y le fue concedido un 5% menos por parte del hermano mayor del entonces alcalde de Medellín.

Aunque ya se habían hecho públicas las denuncias sobre supuestos malos manejos en el Área Metropolitana, este escándalo tuvo un punto de quiebre crucial en octubre de 2025 con la captura de Cadavid; del entonces jefe de la misma agrupación socorrista, Elkin González, y de la funcionaria del Área, María Janeth Rúa. De inmediato, Cadavid y Rúa fueron cobijados por medida de aseguramiento intramural y, posteriormente, el primero fue aceptado en un principio de oportunidad que ha permitido dar luces con base en su testimonio acerca de cómo funcionó el presunto tinglado corrupto; entre tanto, Rúa aguarda a que le den el aval a una solicitud similar.

La segunda fase comenzó a transcurrir a partir de enero de este año con la imputación al exdirector del Área, Juan David Palacio, a dos exsubdirectoras del área Ambiental de la entidad —Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla— y a Juan Alberto Cardona Henao, quien ha sido tesorero y contador en los bomberos de Itagüí.

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Este último se allanó a cargos por falsedad en documento y se espera que esta semana un juez lea la pena que le será impuesta.

La audiencia de este lunes tiene que ver con la tercera fase, en la que están Miguel Quintero, Villada, Ortega y la señora Álvarez. El turno será para que los abogados defensores digan si se oponen o no a la imputación y en ese caso, presenten su argumentación al respecto con relación a posibles fallas que haya cometido la Fiscalía en este “acto de comunicación”, como es considerado.

Es poco probable que alguno de ellos renuncie a hacer observaciones y simplemente acepte la validez de lo dicho por la fiscal. Entonces, el deber ser indica que los juristas hagan intervenciones rápidas y concretas, pero lo que suele ocurrir es que se explayen, teniendo en cuenta además que la fiscal se demoró cerca de dos horas en leer el escrito de imputación.

Así las cosas, se da como poco probable que en la jornada de este día se alcancen a evacuar las disquisiciones con relación a la imputación. Y como se da por seguro que la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento intramural para los hasta ahora indiciados, mucho menos se espera que esa discusión pueda ser abordada este mismo lunes.

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