La coima de $2.481 millones que habrían cobrado por la asignación amañada de seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a los Bomberos de Itagüí entre 2020 y 2022 se dividió de una manera poco equitativa en el círculo estrecho de los comprometidos en la repartija.
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Las dos terceras partes, es decir, $1.653 millones, se habrían quedado en manos de Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero, en tanto que Álvaro Villada, el exsubdirector financiero del AMVA, se lucró de más de $693 millones y Sebastián Ortega —hijo de un influyente político de Bello—, obtuvo más de $133 millones, según se desprende de los datos que dio la fiscal del caso este jueves dentro de la audiencia de imputación de cargos contra estas tres personas y contra la exasesora jurídica del Área y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña Vanesa Álvarez.
La diligencia había sido aplazada en tres ocasiones y ayer por fin se realizó de forma virtual en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías.
A los dos primeros los imputaron por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, en tanto que al tercero solo por peculado y a Álvarez por interés indebido, en virtud del rol que habrían cumplido cada uno en la adjudicación supuestamente irregular de seis contratos por $17.656 millones del AMVA al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El objeto, supuestamente, era la disminución de la exposición al riesgo de las comunidades en la época del covid-19 y el fortalecimiento de los demás cuerpos de bomberos de esta jurisdicción; pero de acuerdo con la fiscal, el fin real era obtener un lucro personal y aportar recursos que en parte irían a la financiar la campaña de Misael Cadavid, el gerente de la organización de socorro, para llegar a la Cámara de Representantes, una empresa que finalmente fracasó.
Por estos hechos, el proceso se ha desarrollado en tres fases: en la primera fueron imputados y encarcelados inicialmente Cadavid; el exjefe de los bomberos Elkin González y la profesional del AMVA María Janeth Rúa.
En una segunda, la Fiscalía imputó al exdirector del Área, Juan David Palacio; a las exsubdirectoras ambientales de esa entidad, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, y al extesorero y excontador de los bomberos Juan Alberto Cardona.
Finalmente, Cardona se convirtió en el primer condenado tras allanarse a cargos por falsedad en documento y Cadavid fue aceptado con un principio de oportunidad.
Algunos testigos han dicho que en el Área la comisión generalizada llegaba al 20% por casi todos los contratos, de los cuales la mitad era para Miguel Quintero y el resto para los demás integrantes del presunto tinglado corrupto. Sin embargo, este jueves la fiscal 40 de la Unidad de Delito Contra la Administración Pública anotó que en este caso concreto de los bomberos, en junio de 2020 hubo una negociación para rebajar la coima al 15%.
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Miguel Quintero habría sido el determinador de toda la urdimbre que se habría empezado a crear desde diciembre de 2019 —ya con su hermano menor elegido como alcalde y poco antes de su posesión— empezando por la ubicación de personas cercanas a él, como Palacio, Villada, Álvarez y otros en puestos clave del AMVA, los cuales tenían la misión de aprobar los contratos que él determinara. Pero igualmente buscó que se removiera a quienes representaban un obstáculo.
Para coordinar todo, crearon por WhatsApp el grupo de “Amigos” cuyo contenido ya ha sido expuesto en otras audiencias pues allí hablaban de a quién enganchar y cómo hacerlo, además de que Quintero exhibía fotos con sus logros de “nuevo rico”, como un reloj Rólex, un carro Ferrari o la finca de recreo que estaba construyendo en el norte del Valle de Aburrá.
Pero en el seguimiento de las autoridades también hay líneas de funcionarios de otras dependencias del Distrito que la hacen plantear que un mecanismo parecido operaría para ejercer influencia en ellas. De hecho, testigos han hablado de que Miguel Quintero era el poder detrás del poder también en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
“De los mensajes intercambiados en dichos grupos se evidencia la realización de reuniones recurrentes en las instalaciones de Metroparques y otros espacios públicos y privados, así como una dinámica constante en la que Miguel Andrés Quintero Calle generaba iniciativas, impartía instrucciones e instruía cursos de acción que luego eran seguidos y ejecutados por los servidores y particulares vinculados a la entidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, apuntó la fiscal 40.
“En los grupos de WhatsApp mencionados, a usted, Miguel Andrés Quintero Calle, le reconocían como “Mr. M” o “nuestro jefe”, añadió la funcionaria quien también detalló que por esos canales o de forma presencial él ordenaba nombramientos y definía cómo distribuir la plata producto del ilícito.
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