Deuda pública por las nubes: cada minuto de 2025 le costará a Colombia $371 millones

Mientras el país está pendiente del anuncio de una nueva reforma tributaria, el verdadero terremoto económico ya está ocurriendo: la deuda pública de Colombia está en máximos históricos. Y lo más grave es que el aumento no se debe a una guerra, pandemia o desplome de la economía, sino a un gasto público que nadie quiere frenar y a unos ingresos que no alcanzan.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo que publicó el Gobierno, la deuda pública subirá 9,6 puntos del PIB en solo tres años, lo que equivale a $173 billones adicionales. En otras palabras, en 2026, Colombia estará endeudada hasta el cuello: el 63% del PIB será deuda. Es la cifra más alta de las últimas décadas.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lo resumió así: “No ha habido ningún choque externo o interno que justifique este nivel de deuda. El recorte del gasto, necesario e ineludible, se lo dejan al próximo Gobierno. Las cuentas fiscales están en estado crítico”.

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¿A quién le debe Colombia?

Los datos del Banco de la República muestran que la mayor parte de esa deuda —el 54%— corresponde a bonos emitidos por el Gobierno. Otro 33% está en manos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI. El resto se reparte entre bancos comerciales, gobiernos extranjeros y otros prestamistas.

Según el analista económico Germán Machado, el país se ha endeudado en $302 billones desde agosto de 2022. Y lo más delicado: lo ha hecho a largo plazo, con tasas de interés cercanas al 13% anual, un costo altísimo que se pagará por décadas. En plata blanca: el Ministerio de Hacienda se está endeudando con tasas de 13% anual a 25 años.

¿Por qué es tan cara la deuda? Porque los mercados ya no confían. Según Corficolombiana, la incertidumbre fiscal le costó al país entre $11,9 y $14,7 billones en intereses solo en el último año, lo que equivale al 0,7% – 0,8% del PIB.

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Esto ocurre porque el riesgo país —medido con los famosos CDS— ha subido. Solo en mayo, los CDS de Colombia se cotizaron 166 puntos básicos por encima de sus pares en Latinoamérica, lo que significa que nos están prestando más caro que al promedio de países con calificación BB. “Recuperar la sostenibilidad fiscal debe ser la prioridad económica del país en los próximos años”, advirtió Corficolombiana.

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La cláusula de escape de la regla fiscal y la herencia explosiva para el 2026

Para agravar el panorama, el Gobierno decidió suspender la regla fiscal, es decir, la norma que limita el nivel de endeudamiento. Esto ya lo había hecho durante la pandemia, pero ahora no hay ninguna emergencia que lo justifique.

De acuerdo con Anif, incumplir esta regla implica que el Gobierno se endeuda más de lo que se considera razonable según los límites establecidos en la ley. “En consecuencia, la prima de riesgo del país se eleva, puede haber presiones sobre el tipo de cambio y un mayor riesgo de pérdida del grado de inversión, lo cual disminuye el apetito de los mercados por financiar al Estado. Esto reduce la disponibilidad de financiamiento y/o aumenta las tasas de interés de los préstamos”, se lee en el análisis.

Corficolombiana alertó que, con esa decisión, la deuda escalará al 63% del PIB y Colombia podría seguir el camino de Brasil, donde los intereses de la deuda pública se comen casi el 8% de la producción nacional.

Y si no se recogen los impuestos esperados —por ejemplo, los $9,3 billones que se buscan adelantando retenciones en la fuente— el déficit podría dispararse hasta el 7,4% del PIB, más del doble del promedio prepandemia.

La decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal entre 2025 y 2027 llega en un momento crítico para las finanzas públicas, según advierte William Reyes, investigador de gasto público del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. “Ocurre en medio de un deterioro acelerado de las cuentas fiscales y confirma el incumplimiento de las metas trazadas en el Plan Financiero presentado en febrero”, afirma.

Reyes explica que ese plan sobrestimó el recaudo tributario y subvaloró el tamaño real del ajuste que el país necesita. Las cifras son contundentes: en 2024, el déficit fiscal del Gobierno Central llegó al 6,7 % del PIB, superando en más de un punto porcentual la meta oficial de 5,6 %. Para 2025, el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya proyecta un déficit aún mayor: 7,1 %, el más alto desde la pandemia, y dos puntos por encima de lo estimado en enero. Esa brecha, explica, equivale a $129,6 billones, resultado de un recaudo débil y un gasto que no deja de crecer.

El panorama de endeudamiento también es preocupante. “La deuda neta cerró 2024 en 59,8% del PIB y llegará al 63% en 2026, acercándose al límite legal del 71%”, advirtió Reyes. Esa dinámica se explica tanto por el mayor déficit como por el aumento en el costo del financiamiento, que este año demandará $85,8 billones solo en intereses, lo que representa casi el 5% del PIB y un 28% del gasto total. “Estamos desplazando recursos vitales para inversión pública”, dijo.

Por lo tanto, según, Anif, los colombianos pueden evidenciar en el corto plazo una posible depreciación del peso, un aumento en el costo de vida y mayores tasas de interés en los créditos.

En esa misma línea, según Machado, el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, recibió una deuda pública cercana a los $789 billones, y hoy esa cifra ya supera los $1.090 billones. El aumento supera los $300 billones en menos de tres años, lo que significa —en términos prácticos— más de $293.000 millones diarios de deuda nueva.

Pero no se trata solo del monto. Machado advirtió que la pérdida de credibilidad fiscal está encareciendo peligrosamente el acceso a nuevos recursos. “El país se está endeudando a tasas de interés superiores al 13 % efectivo anual, incluso en papeles a 25 años. Es una tasa más alta que la de un crédito hipotecario para cualquier ciudadano, y eso hace que la deuda crezca sin control y que se requieran más impuestos para cubrirla en el futuro”, explicó.

El panorama no mejora en el corto plazo. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno anunció que prevé endeudarse en $195 billones más solo en 2025 para mantener el nivel de gasto actual. Machado lo pone en cifras simples: “Eso significa que el Estado se seguirá endeudando a un ritmo de $371 millones por minuto, durante todo lo que queda del año, en lugar de ajustar el gasto”.

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Además, el investigador Reyes alertó que la activación de la cláusula de escape podría poner en riesgo la Línea de Crédito Flexible del FMI y abrir la puerta a nuevas rebajas en la calificación crediticia del país, afectando aún más la confianza de inversionistas y mercados.

A esto se suma que, según Corficolombiana, S&P y Moody’s podrían rebajar la calificación crediticia de Colombia en las próximas semanas. Si eso pasa, el país entraría en un terreno aún más complejo para buscar financiamiento y atraer inversión. “Es un círculo vicioso: más gasto sin ingresos genera más deuda, que es cada vez más cara por la desconfianza”, concluyó el informe.

Aunque el Gobierno contempla una nueva reforma tributaria que le daría $19 billones adicionales a partir de 2026, Reyes subraya que el plan de ajuste presentado en el MFMP es insuficiente para estabilizar la deuda o recuperar la credibilidad fiscal. “No hay medidas claras para contener el gasto durante el periodo en que estará suspendida la regla. Más de la mitad del ajuste fiscal se deja para después de 2027”, criticó.

Colombia está pagando la deuda con más deuda

Ante ese panorama, Henry Amorocho Moreno, consultor y docente experto en Hacienda Pública y Tributación, quien considera que esta medida rompe con el espíritu de la ley fiscal, que solo permite activar la cláusula de escape en situaciones verdaderamente extraordinarias.

“El Gobierno argumenta que hay dificultades en el recaudo, rigideces en el gasto y la necesidad de no frenar el crecimiento económico. Pero ninguna de esas razones constituye un evento excepcional, como lo exige la ley”, explicó Amorocho.

Para el experto, el mercado internacional ya está reaccionando. Recordó que la calificadora Fitch Ratings calificó como “muy preocupante” el incremento del déficit fiscal del 5,1 % al 7,1 % del PIB, lo que equivale a un hueco adicional de $38 billones, cifra que el propio ministro de Hacienda anunció como parte del cupo de endeudamiento que solicitará para 2026.

Además, Amorocho destacó que el país enfrenta un problema de caja de $19 billones, el cual el Gobierno espera cubrir con una nueva reforma tributaria del mismo monto, aunque no hay garantías de que esta sea aprobada en pleno ambiente electoral.

Más preocupante aún es el ritmo del endeudamiento: “La deuda pública en 2024 creció en términos reales un 11,03%, muy por encima del crecimiento económico del país, que apenas fue de 1,7%. Es decir, la deuda crece ocho veces más que la economía. Y ya supera los US$202.000 millones”, detalló.

Para Amorocho, este nivel de endeudamiento, junto al creciente déficit fiscal, está obligando al país a pagar la deuda con más deuda, lo que genera desconfianza y podría elevar aún más el riesgo país. “Mientras en 2023 endeudarse costaba cerca de un 5,6% anual, hoy se están pagando tasas del 12% o 13%. Es más caro endeudarse como país que sacar un crédito de vivienda en Colombia”, agregó.

El académico también cuestionó que el ajuste se enfoque solo por el lado de los ingresos, sin acciones concretas para reducir el gasto público.

“No hay un mensaje claro de austeridad. Y eso es justamente lo que más le preocupa a los mercados”, insistió. En su opinión, si el Gobierno no toma medidas estructurales creíbles para contener el gasto, la combinación de mayor riesgo país, tasas de interés más altas y deuda creciente podría drenar buena parte del presupuesto de 2026, complicando aún más el panorama fiscal.

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Gobierno Petro no frena el gasto

A la par de la crisis fiscal, el Gobierno sigue con gastos altos, por ejemplo, ha acelerado el uso de contratos por prestación de servicios (OPS), una figura que el presidente Gustavo Petro prometió desmontar. En cambio, ha batido récord: en 2022 había 48.000 contratistas; en 2024, ya son 64.000. El costo total supera los $8 billones, solo en entidades centralizadas.

En lo que va del año, se han gastado $3,2 billones en estos contratos, justo cuando el Gobierno busca adelantar impuestos y declarar emergencia económica por falta de caja.

De acuerdo con el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, el Gobierno Petro prefiere gasto burocrático que inversión pública. Lo anterior lo probó con las cifras del presupuesto de 2025, que es $523 billones, mientras que el de 2024 fue $502,6 billones. Eso significa que creció 4,1%.

Por eso, Junco advirtió que, si se analiza el rubro de gastos de funcionamiento —que incluye nómina, contratos por prestación de servicios, viáticos y demás costos operativos del Estado—, el crecimiento fue del 6%. “En otras palabras, mientras el presupuesto general aumenta un 4%, los gastos de funcionamiento lo hacen en un 6%, es decir, están creciendo por encima del propio presupuesto año tras año”.

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El problema no es solo económico, es político. Las decisiones que se han tomado desde el gobierno de Iván Duque y que hoy continúa Gustavo Petro han dejado un hueco fiscal enorme. Pero en lugar de enfrentarlo con seriedad, el país entra en un año electoral sin reformas claras, sin recortes y con un gasto que no frena.

Machado insistió en que la estrategia fiscal actual no solo es insostenible, sino que traslada la carga de los ajustes a los próximos gobiernos. “Estamos viviendo como si estuviéramos en pandemia, pero sin pandemia. Y la cuenta llegará, como siempre, vía impuestos o recortes sociales”. Es decir, el elevado gasto público del actual Gobierno podría convertirse en una de las cargas más pesadas para quien asuma la Presidencia en agosto de 2026.

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