El anuncio del Ministerio de Hacienda sobre la suspensión de la regla fiscal por tres años sacudió al país y los mercados.
Pero lo que más llamó la atención fue la reacción del propio jefe de la cartera, Germán Ávila, quien tras la polémica medida decidió guardar silencio y evadir a los medios, incluso cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) —el órgano técnico independiente encargado de vigilar el cumplimiento de esta norma— emitió un concepto desfavorable.
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La cartera de Hacienda se limitó a decir que la información se entregará en una única rueda de prensa el viernes 13 de junio, una vez se presente el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) ante el Congreso.
El CARF dijo no, pero el Gobierno siguió adelante
La regla fiscal —que actúa como una camisa de fuerza para evitar el sobreendeudamiento del país— fue suspendida una vez en el pasado reciente: durante la pandemia del covid-19.
En ese entonces, la economía mundial enfrentaba una emergencia sin precedentes, lo que justificó el uso de la cláusula de escape, un mecanismo legal para permitir mayor endeudamiento del Estado.
Pero esta vez no hay guerra ni pandemia. Solo un déficit creciente y una presión fiscal sin control. El Carf, en su concepto técnico no vinculante, fue claro: no se cumplen las condiciones legales para activar la cláusula de escape. Aun así, el Gobierno decidió avanzar.
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Según la abogada y analista Carolina Restrepo Cañavera, el Ejecutivo “usó un decreto ordinario (0572 de 2025), con una exposición de motivos artificiosa, para legitimar un maquillaje contable que les permita seguir gastando sin control, sin ajuste, sin responsabilidad”.
¿Y ahora qué sigue? El riesgo fiscal se dispara
A la fecha, la medida todavía no está vigente. Para que entre en efecto, se requiere:
1. Concepto del Carf (ya emitido, aunque negativo).
2. Aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
3. Aval del Consejo de Ministros.
4. Expedición del documento Conpes.
Fuentes oficiales señalaron que todos estos pasos deben completarse antes del viernes 13 de junio. Solo entonces, el Gobierno podría declarar formalmente suspendida la regla fiscal.
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La preocupación no es solo técnica. Los efectos económicos pueden ser graves. El Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda en febrero proyectaba un déficit fiscal del 5,1% del PIB para 2025.
Sin embargo, análisis de Corficolombiana alertan que, con la suspensión, este déficit podría escalar hasta 7,4%, casi el doble del promedio prepandemia (3,7% entre 2016 y 2020).
Además, los analistas advierten que el déficit a financiar en 2025 podría superar en entre $26 billones y $47 billones lo previsto, presionando aún más las tasas de los títulos TES y deteriorando el perfil de deuda del país.
Una de las alertas más serias es la que tiene que ver con las agencias de calificación crediticia. Suspender la regla fiscal sin una justificación de fuerza mayor puede ser interpretado como una pérdida de disciplina fiscal, lo que elevaría el riesgo país y encarecería el acceso al financiamiento externo.
Por eso varios gremios y centros de pensamiento económico han salido al paso, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo la credibilidad de Colombia en los mercados internacionales.
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