Economía

Deudas por $3,9 billones de Air-e reviven el fantasma del apagón ante inminente fenómeno de El Niño “fuerte”

Air-e acumula deudas por $3,9 billones, ya tiene seis interventores y el fenómeno de El Niño se acerca. Así se configura la tormenta perfecta del sistema eléctrico colombiano.

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Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.

hace 3 horas

Hace 20 meses el Gobierno de Gustavo Petro intervino Air-e, la compañía que distribuye energía eléctrica a cerca de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La medida se justificó por incapacidad financiera y operativa. Dos años después, la deuda no bajó, sino que creció.

Cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control, el pasivo ascendía a unos $700.000 millones. Hoy distintos gremios del hablan de deudas que van desde $2,1 billones a $3,9 billones, dependiendo del rubro que se contabilice.

En cualquier escenario, la deuda se duplicó bajo la administración estatal a cargo del Gobierno Petro.

El 15 de mayo pasado, la Superintendencia designó al abogado Jaime Humberto Mesa Buitrago como nuevo agente interventor. Es el sexto en ocupar el cargo.

Antes pasaron Carlos Arturo Diago, Edwin Palma Egea (actual ministro de Minas y Energía), Diana Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres y Tania Peñaranda en encargo. El promedio es un interventor cada tres meses y medio.

Mesa Buitrago tiene a su favor que no llega de afuera, ya que durante el 2025 se desempeñó como secretario general de Air-e intervenida, por lo que conoce el proceso desde adentro, pero la pregunta que se hace Liga de Usuarios es si eso será suficiente.

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El hueco financiero que nadie ha podido tapar

La empresa registra un déficit operativo mensual cercano a los $60.000 millones y necesita al menos $2,8 billones en recursos frescos para sostener su operación en el corto plazo.

Cada mes Air-e deja de percibir hasta $185.000 millones por cartera impaga y por pérdidas técnicas y no técnicas. El dato más revelador es que cerca del 29,4% de la energía que compra desaparece por conexiones ilegales, mientras otro 25% se factura pero no se paga.

En la práctica, más de la mitad de la energía adquirida nunca se convierte en ingreso. Ese desequilibrio explica por qué la intervención no ha logrado estabilizar la empresa. El Estado tomó el control, pero no cerró las grietas por donde se escapa el dinero.

De los $2,1 billones que reconocen los gremios como deuda directa del proceso de intervención, unos $1,5 billones corresponden a lo que Air-e le debe a los generadores térmicos. Esa suma equivale, aproximadamente, al costo mensual del gas que esas plantas necesitan para operar.

Las generadoras siguen produciendo energía para la Costa Caribe aunque no reciban pago, porque si paran también serían intervenidas. Operan, en palabras del presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, “a pérdida”. Y esa situación tiene un límite, ya que “las plantas térmicas van a tener que levantar la mano en algún momento y decir: no puedo generar más”, advirtió. Además, la región Caribe depende en un 35% de generación térmica para garantizar su abastecimiento.

En contexto: Estos son los departamentos que pagarían la energía más cara con el recargo del Gobierno Petro

El Niño llegó antes de lo previsto y cambia todo el cálculo

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ghisliane Echeverri, calculó la semana pasada que el fenómeno de El Niño es “una certeza científica, más severo que el de 2024” y llegará antes de lo previsto.

El propio ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lo reconoció en la Circular 40023 del 14 de mayo, al advertir que se cierne “una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.

Echeverri recordó que cuando hay sequía, los embalses bajan y el sistema debe recurrir más a plantas térmicas para generar electricidad, esas plantas necesitan gas. Y el gas, en temporada de El Niño, escasea y se encarece.

Aquí entra un riesgo adicional que los gremios llevan semanas señalando, que Air-e solo tiene contratado el 70% de la energía que necesita, por debajo del 80% que recomienda el sector como nivel mínimo de cobertura. El 30% restante debe comprarlo en la bolsa de energía, donde los precios fluctúan según la oferta y la demanda.

Cuando llega El Niño, esos precios suben, y Air-e, que ya no puede pagar lo que debe, tendría que comprar más energía cara. Castañeda estimó que ese ciclo podría generar deudas adicionales del orden de $100.000 millones mensuales, “y eso el mercado eléctrico no lo aguanta”.

El impacto también llegaría a la factura, ya que cada vez que la bolsa sube $300 pesos por kilovatio, el usuario paga unos $30 pesos más en su recibo mensual.

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El sector eléctrico en cuidados intensivos

La crisis de Air-e no es un problema aislado, viene desde la época de Electricaribe. Por eso, los gremios Andesco, Acolgen, Naturgas y Andeg calculan que la deuda total del Estado con el sector energético asciende a $9,2 billones.

Ese pasivo se desglosa así: subsidios sin girar por $3,5 billones, de los cuales $2,32 billones corresponden a energía eléctrica y $1,15 billones a gas natural, que el Gobierno ya reconoció a los usuarios en las facturas pero nunca transfirió a las empresas.

A eso se suman $2,2 billones por la opción tarifaria que el presidente Gustavo Petro prometió pagar y no pagó; $1,4 billones en deudas de entidades oficiales, y los $2,1 billones de la crisis de Air-e.

“Colombia no se ha apagado gracias al esfuerzo sin precedentes de las empresas, que han tenido que endeudarse para garantizar el servicio”, dijo Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco. Agregó: “Esta deuda acentúa el riesgo de un apagón técnico, porque ya la demanda supera la oferta”.

A su vez, la empresa XM, que administra y opera el Sistema Interconectado Nacional, ya encendió sus propias alertas al decir que existe un déficit de oferta de energía en firme del 2,3% para 2026, equivalente a entre 250 y 300 megavatios de capacidad faltante, lo que es similar al consumo total de una ciudad como Bucaramanga.

Para 2027 ese déficit podría alcanzar el 3,5%. En mayo de 2026 se registró una demanda récord de 258,69 gigavatios-hora diarios, un incremento del 7,99% frente al mismo periodo del año anterior. En ese orden, la demanda crece, pero la oferta no.

Lo que propone el Gobierno y lo que cuestiona el sector

El Gobierno nacional planteó una sobretasa de $8 por kilovatio-hora para usuarios de estratos 4, 5 y 6. Lo que buscan es generar liquidez inmediata para Air-e mediante un recaudo estimado en más de $235.000 millones.

La medida, sin embargo, no se ha implementado. El viceministro de Energía, Víctor José Paternina, reconoció que ese recaudo no alcanzaría a cubrir todas las obligaciones acumuladas, aunque sí atendería compromisos urgentes.

Los gremios la consideran insuficiente y van más lejos al asegurar que, si el Gobierno intervino la empresa y asumió su control, el Gobierno debe asumir su deuda.

En ese orden, el exministro de Minas Amylkar Acosta sostuvo: “Estamos en presencia de una crisis inducida por el mismo Gobierno, que nos tiene ad portas de un nuevo apagón”, escribió, al señalar que el país desperdició años sin construir las fuentes de energía renovable que habrían dado resiliencia al sistema ante El Niño.

Castañeda, de Andeg, pidió al Gobierno una acción concreta y urgente: “Contraten a Air-e, salgan a buscarle contrato de largo plazo, porque si no esto va a ser muy difícil”.

Para saber más: Gremios del Caribe demandan al Gobierno para obligarlo a resolver crisis de Air-e

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) encargó estudios para medir el impacto económico de un racionamiento. Un análisis de Fedesarrollo concluyó que un corte similar al de los años 90 contraería la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB, generaría la pérdida de 230.000 empleos y empujaría a 203.000 personas a la pobreza y a otras 102.000 a la pobreza extrema.

Asimismo, el Banco de Bogotá estimó, en un estudio de mayo de 2024, que una sola hora diaria de racionamiento le costaría al país entre $175.000 y $204.000 millones. Los sectores más golpeados serían manufactura, minería y comercio, que juntos representan el 24% del PIB y el 30% del empleo nacional.

Los usuarios de la Costa Caribe, que ya conviven con interrupciones frecuentes del servicio, serían los primeros en sentirlo. Por ejemplo, la Liga de Usuarios del Atlántico afirmó que el Gobierno tiene 20 meses interveniendo una empresa a la que, según su coordinador Norman Alarcón, “no le ha inyectado ni un peso”.

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