Ya van 18 meses desde que el Gobierno Nacional intervino a Air-e, y su situación financiera y operativa hoy es más compleja que antes de la medida. La empresa es clave para el suministro de energía de cerca de 2,5 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, una región que desde hace décadas enfrenta problemas estructurales en la prestación del servicio.
Según las cuentas de Andeg, las deudas de la compañía con las generadoras de energía pasaron de $600.000 millones antes de la intervención a más de $1,7 billones después de ella. Solo los compromisos con las plantas térmicas superarían los $1,1 billones, lo que ha intensificado el debate sobre las estrategias para evitar su colapso.
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La discusión surge porque el Gobierno Nacional ha optado por imponer nuevas cargas tributarias a las generadoras de energía como parte del plan de rescate de Air-e, trasladándoles el costo del salvamento y obligándolas, en la práctica, a contribuir al pago de la deuda que la propia empresa mantiene con ellas.
Polémica por las nuevas cargas tributarias
Recientemente se conoció que, en el marco de la emergencia económica, el Ministerio de Hacienda creó un decreto que introduce dos cargas tributarias nuevas a las generadoras. La primera de ellas es una sobretasa del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para sanear la deuda que tiene Air-e con estas mismas compañías.
Estos recursos, según el documento, buscan financiar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para inyectar capital a la empresa intervenida.
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El recaudo se realizará en dos cuotas: un primer pago del 1,5% el 2 de febrero de 2026 y el saldo restante el 15 de mayo del mismo año. En caso de mora, se aplicarán intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera.
La segunda medida establece una contraprestación tributaria transitoria en energía a cargo de los generadores hidráulicos que participan en el Mercado de Energía Mayorista. Esta consiste en la entrega de un porcentaje de la energía efectivamente vendida en bolsa, con destino a garantizar la continuidad del servicio en las empresas intervenidas, a cambio de un descuento en el impuesto de renta.
Los gremios del sector, como Andeg, Acolgen y Andesco, han rechazado estas medidas, pues advierten que solo la sobretasa del 2,5% tendría un recaudo cercano a $300.000 millones, lo que representaría una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las empresas generadoras.
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“El decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, situación que vulnera la suficiencia financiera del esquema de prestación del servicio, desincentiva la inversión y deteriora la confianza en las instituciones”, señaló Alejandro Castañeda, presidente de Andeg.
Sobre la segunda medida, consideró que introduce distorsiones en el modelo del sector eléctrico, al establecer cruces de cuentas que, a su juicio, no ofrecen una solución estructural ni sostenible a los problemas de Air-e.
“Esto crea, en la práctica, una figura de trueque en la que las generadoras entregan energía a las compañías intervenidas a precios similares a los de contrato, y luego cruzan esos valores con el impuesto de renta. Incluso, se les permite destinar hasta el 12% de la energía vendida en bolsa a Air-e y compensarla con renta. Esto desvirtúa y desconfigura el funcionamiento del sector eléctrico, que opera a través de contratos. Aquí se les dice simplemente: ‘tranquilos, crucen eso con la renta’, algo que es totalmente ilegal”, agregó Castañeda.
A su turno, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, calificó el decreto como “una forma de expropiación” y advirtió que dificulta el acceso a financiación, desincentiva nuevas inversiones y podría vulnerar tratados internacionales. “La situación de la Costa Caribe no constituye un hecho súbito ni imprevisible, como el propio decreto lo admite, por lo que resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”, dijo.
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Por el lado de Andesco, su presidente Camilo Sánchez cuestionó con dureza el manejo del Gobierno para rescatar a Air-e y aseguró que la intervención ha agravado los problemas de la compañía.
“Han sido pésimos manejando una situación como esta. Ha aumentado la corrupción, ha crecido la ineficiencia y hoy no hay recursos en el Presupuesto General de la Nación para atenderla. Tampoco hay recursos en el Fondo de la Superintendencia de Servicios Públicos y ahora nos están diciendo que seamos nosotros mismos quienes paguemos la deuda que nos debe el Gobierno”, afirmó.
Sánchez también criticó que el decreto prohiba que los costos derivados de estas medidas puedan trasladarse a la tarifa: “Aquí se diría que es un control de precios”, una situación que —advirtió— no es viable en el contexto actual del sector energético.
Las otras movidas polémicas
A este cuestionado decreto se suman otras medidas del Gobierno que también han tenido un fuerte impacto sobre las generadoras de energía. Una de ellas fue la Resolución 40409 de 2024, que ordenó a compañías como EPM, Isagen y Enel, entre otras, mantener el suministro de energía a Air-e, sin posibilidad de suspenderlo o limitarlo, incluso cuando la empresa intervenida no cuenta con las garantías necesarias para cumplir con los pagos.
Asimismo, en enero de este año, causó polémica un proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que propone la llamada “democratización” de las deudas acumuladas por empresas intervenidas. La iniciativa plantea un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el fin de cubrir esos pasivos.
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La propuesta fue rechazada por la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce), que advirtió que el esquema traslada a los usuarios finales las obligaciones financieras de empresas intervenidas, lo que podría generar riesgos legales, económicos y operativos para el sistema eléctrico.
Por el momento, los gremios del sector hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que revise con urgencia el decreto madre y suspenda sus efectos, al advertir que sus disposiciones generan impactos graves y de alto riesgo para el sistema eléctrico.
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