Las 10 empresas más grandes del país pagarían más de la cuarta parte de la emergencia económica

Con el Decreto 0150, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica por 30 días en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con el objetivo de atender los efectos de la actual contingencia ambiental. El documento no precisa la cifra que se recaudará, pero el Ministerio de Hacienda ha proyectado unos $8 billones, para los cuales las 10 empresas más grandes del país estarían aportando entre $2.612 millones y hasta $1 billón.

EL COLOMBIANO realizó un ejercicio filtrando a las 10 primeras compañías con patrimonios líquidos en verde, según la lista más reciente de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, que publica cada año la Superintendencia de Sociedades. Por esa razón, los patrimonios corporativos están a corte de 2024 (ver infografía).

Este cálculo hipotético arrojó que solo ese top 10 aportaría $2,18 billones a la Dian por concepto del nuevo impuesto (con tarifa de 1,2%). Eso quiere decir que ese grupo selecto de empresas, organizado por sus cuantiosos ingresos, tributaría más de la cuarta parte (27,2%) de la plata necesaria para la emergencia económica, que son alrededor de $8 billones, de acuerdo con cálculos oficiales preliminares.

Hay que precisar que, si bien el decreto no da detalles de este gravamen al patrimonio, sí autoriza la creación de nuevos tributos o la modificación de los existentes para financiar la atención de la crisis. Los detalles técnicos de cada impuesto serán definidos en decretos legislativos adicionales que se publicarán en los próximos días. El Gobierno precisó que las medidas tributarias tendrán carácter transitorio y dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal.

Le puede gustar: Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre

Por ende, este ejercicio tomó como base lo expuesto por el Ministerio de Hacienda en el consejo de ministros realizado en Córdoba el pasado 10 de febrero. Allí se propuso una tarifa del 0,6% para patrimonios entre $10.000 millones y $31.424 millones. Y del 1,2% para empresas que superen ese umbral.

Esto pagarían las grandes empresas

Con eso de fondo, se constató que el grupo con tarifa del 1,2% es liderado por Ecopetrol, que con utilidades por $14,9 billones y un patrimonio de $83,69 billones a corte de 2024, pagaría alrededor de $1 billón por concepto de dicho gravamen.

Reficar, pese a registrar pérdidas por $262.862 millones, cuenta con un patrimonio de $27,57 billones, lo que implicaría un pago estimado de $330.917 millones. Cabe resaltar que no se descarta que el impuesto incluya exenciones para compañías que están teniendo pérdidas.

La comercializadora de combustible Terpel cuenta con un patrimonio de $3,34 billones, lo que supone un tributo de $40.192 millones. Otra empresa que cuenta con un grueso capital es EPM, con un registro de $32,46 billones, por lo que tendría que aportar unos $389.550 millones.

Entérese: ¿Asfixia a las empresas? Con impuesto al patrimonio podrían pasar a tributar hasta 72% de sus utilidades a la Dian

Tiendas D1, pese a ser la quinta compañía que más genera ingresos en Colombia, también es la de menor estructura patrimonial entre las 10 primeras. La cadena de retail reporta una riqueza de $217.699 millones. En ese orden, pagaría alrededor de $2.612 millones.

No se puede dejar de lado a Grupo Éxito, que posee un patrimonio de $6,68 billones y tendría que desembolsar $80.262 millones para atender la ola invernal.

Empresas con patrimonios más pequeños

Para las compañías cuyos patrimonios se ubiquen entre $10.000 millones y $31.424 millones, el aporte es más modesto. Solo por brindar algunos ejemplos, la comercializadora internacional de metales C.I. Eslop S.A.S. dispone de un patrimonio de $19.602 millones, por lo que le correspondería un impuesto de $117 millones.

Otros casos son Sucden Colombia, que aportaría $85 millones; y Ternium del Atlántico S.A.S., con $90 millones.

La declaratoria de emergencia abre la puerta para que el Gobierno expida decretos con fuerza de ley orientados a reforzar el recaudo en el corto plazo. El Ejecutivo sostiene que la magnitud de la crisis climática exige recursos adicionales inmediatos y que el actual saldo del FNGRD resulta insuficiente para cubrir las necesidades.

No obstante, el impuesto al patrimonio se aplicaría de forma temporal y dejaría de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, lo que sugiere que el Gobierno busca una fuente extraordinaria de financiamiento mientras se estabiliza la atención de la emergencia.

En los próximos días se conocerán los decretos legislativos que definirán con precisión la base gravable, los mecanismos de pago y las eventuales exclusiones, elementos clave para medir el impacto real sobre el tejido empresarial colombiano.

El Ejecutivo argumenta que la decisión se fundamenta en la insuficiencia de recursos disponibles en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Según el decreto, en esa cuenta hay $668.421 millones para contingencias ambientales; sin embargo, las necesidades para enfrentar la emergencia “superan con creces tal monto”.

Un golpe a la inversión

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, destacó que en Colombia ya hay una alta carga tributaria corporativa. “La verdad es que las compañías no aguantan más impuestos, ya hay una no solo nominal y efectiva que en Colombia es una de las más altas en el mundo”, dijo.

Recordó que más allá de una emergencia económica, hay una emergencia fiscal en las cuentas estatales. “Insistir en una carga tributaria extra para las empresas perjudica la inversión y a los hogares”, añadió.

Al final, la discusión no solo girará en torno al recaudo estimado de $8 billones, sino también sobre los efectos en inversión, liquidez y confianza empresarial en un contexto de incertidumbre económica, presiones fiscales y una escalada de la inflación.

Entérese: Gobierno Petro decretó nueva emergencia económica para atender la crisis climática