“El reto del Gobierno es la caja, por eso toca inventarse cosas como cobrarle Ecopetrol”, exministro Diego Guevara
El exministro de Hacienda, Diego Guevara, dialogó con EL COLOMBIANO y brindó su análisis sobre el histórico déficit fiscal que afrontan las cuentas estatales. Aquí la entrevista.
Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.
La economía colombiana atraviesa un momento de crecimiento moderado con un déficit fiscal histórico y proyectado en el 7,1% del PIB, además de una deuda pública que superó los $1.000 billones en septiembre de 2025, su punto más alto. Datos que preocupan a los analistas y que no serán nada alentadores para el próximo jefe de Estado que asuma en 2026.
En este contexto, Diego Guevara, exministro de Hacienda, dialogó con EL COLOMBIANO y compartió su análisis sobre la situación económica del país, la necesidad de ajustes presupuestales, pues el Gobierno Nacional solo realizó un recorte del $10 billones para el presupuesto de 2026 y cerró en $547 billones.
Guevara señala que, aunque la economía se ve fortalecida por el consumo y la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos, la presión sobre la caja fiscal es considerable.
Destaca que gran parte del gasto del Estado es inflexible, incluyendo pensiones, transferencias territoriales y subsidios obligatorios, lo que limita la capacidad de hacer recortes sin afectar derechos adquiridos. Para él, la clave está en combinar ajustes estratégicos con nuevas fuentes de ingresos, incluyendo la implementación de reformas tributarias que aseguren la sostenibilidad fiscal. Aquí la entrevista.
¿A qué se dedica actualmente, exministro?
“Antes de llegar al Ministerio de Hacienda era profesor asociado en la Universidad Nacional, y mientras estuve en el Gobierno mantuve esa vinculación mediante una comisión de servicio público. Ahora retomé completamente mi vida académica y realizo algunas consultorías internacionales. En general, eso es a lo que me dedico actualmente”.
Fue un paso corto...
“Estuve dos años como viceministro general. Empecé en agosto de 2022 con José Antonio Ocampo, luego continué con Ricardo Bonilla, y finalmente, entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, asumí como ministro. En total, fueron casi tres años en el Ministerio de Hacienda.”
¿Cómo califica esa experiencia? ¿Qué aportó a su vida profesional?
“Para un académico, una experiencia en un Ministerio de Finanzas es muy enriquecedora. Uno se enfrenta a restricciones legales, políticas y externas que no siempre están presentes en la investigación académica. Aprendí mucho sobre las limitaciones fiscales del país, sobre la inflexibilidad del gasto y sobre por qué cada gobierno debe hacer reformas tributarias. Son conceptos aplicados que resultan muy valiosos”.
¿Y ahora prefiere que le digan profesor o exministro?
“Desde que volví a la universidad muchos me dicen profe, pero en los eventos y foros siempre me presentan como exministro”. Es curioso, porque hay una frase en inglés que la usan en tono jocoso: “Once a minister, always a minister”, que significa “una vez ministro, siempre ministro”, pero creo que hay personas que ni siquiera recuerdan mi nombre y muchos aún me dicen “vice”, porque durante más tiempo fui viceministro que ministro. Pero bueno, no vivo de eso. Esos son solo títulos, como cuando a alguien le dicen “doctor” solo porque hizo un doctorado; al final, eso es una bobada, Cada cual que lo llame a uno como quiera, pero por ahora en esta temporada mejor, profe”.
¿Por qué decidió dar un paso al costado en el Ministerio?
“Yo creo que al final habían diferencias técnicas alrededor. Yo entendía un recorte más bien como una corrección al presupuesto. El riesgo de no hacer un ajuste tarde o temprano ha terminado en pagar unas tasas mucho más altas de deuda, que desafortunadamente es lo que tenemos.
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Si bien, la estrategia actual en crédito público ha permitido dar un respiro, estructuralmente el tema fiscal sigue, es decir, se ha podido solucionar la caja, pero fiscalmente hay unos retos grandes para quien llegue el próximo año, sobre todo con los costos de endeudamiento del país, que son fuertes.
Entonces, hay unas discusiones técnicas respecto a por qué hacer un ajuste no es un ajuste neoliberal, sino que yo lo considero más bien como una corrección al presupuesto y ser sensato con la caja que se tiene; porque al final ese es uno de los retos duros del Gobierno: la caja. Por eso cuando uno está en el Ministerio toca inventarse cosas como cobrarle a Ecopetrol o ponerle una retefuente a los pagos electrónicos.
Todo esto al final es una dinámica que demuestra esa angustia de caja. Quizás era más responsable hacer un ajuste y no empezar a buscar caja como nos tocó hacerlo hace un año, como hoy le toca al Ministerio. Si usted no hace el recorte, pues no tiene ninguna otra salida más que empezar a buscar en otros sectores.
Si bien, con la estrategia de crédito público ha sido exitosa y ha bajado la tensión en caja, no es un tema que esté solucionado estructuralmente en el en el largo plazo, menos cuando las metas de la Dian no se van cumpliendo, entonces cada vez obliga a reescribir la meta fiscal de recaudo. Creo que es más un tema de táctica que de cualquier otra cosa”.
¿Con eso de fondo usted considera que la economía va bien?
“Sí, cuando uno mira los otros frentes, la economía colombiana está bien. El PIB va a crecer 2,7% entre las tres economías más altas de Latinoamérica. Ahí hay un lunar que es inversión, que en Colombia está en 17% del PIB y en la región está en 21% o 22%. La economía viene creciendo jalonada por consumo, esto no es malo, pero hay que buscar cómo se complementa.
Cuando usted tiene un PIB creciendo, un desempleo en el 8,9% en cifras históricas, una tasa de cambio estable, una inflación que logró bajar y que, si bien, se estancó en el 5% por diferentes dinámicas, pues uno puede decir: «Venga es que hay unas buenas noticias». Cuando uno hace esa revisión, se da cuenta que a la gente de a pie le funciona. Lo que sí es que hay un reto hacia adelante que es el fiscal y que fue principalmente por lo que yo me fui del gobierno”.
Seguramente al nuevo Gobierno le tocará hacer una tributaria...
“El próximo gobierno deberá buscar nuevos ingresos y hacer una reforma tributaria, porque la inflexibilidad del gasto es muy alta. Hay pagos obligatorios —como pensiones y transferencias territoriales— que no se pueden recortar fácilmente. Cualquiera que llegue a Hacienda encontrará una caja limitada y tendrá que ser muy cuidadoso.
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Cualquiera que diga que va a llegar a bajar impuestos y el IVA está mintiendo porque en el corto plazo se requieren nuevos ingresos para hacer lo que promete un gobierno. El presidente que llegue, sea quien sea, le toca hacer una tributaria, pero también le toca buscar dónde hacer recortes.
¿Volvería al Ministerio de Hacienda si se lo propusieran en un futuro?
“Son cargos exigentes en lo personal, pero también gratificantes. Conozco bien el Ministerio y, si en algún momento un presidente considera que puedo aportar, estoy dispuesto. Sin embargo, por ahora mis planes a corto plazo son otros. Soy profesor y funcionario público, así que siempre estaré dispuesto a colaborar si es necesario. Si llega bien, si no, también lo tomaré con tranquilidad”.
¿Cómo debería enfrentar el próximo ministro la situación fiscal?
“Será un reto enorme. Hay que buscar nuevas fuentes de ingreso y, al mismo tiempo, hacer recortes sin afectar derechos ni programas esenciales. No se pueden reducir mágicamente las transferencias a las regiones o las obligaciones del Estado. Si logramos recuperar la inversión, mejorar la productividad y mantener sectores como petróleo y carbón activos en el corto plazo, se podrá aliviar la presión fiscal. Pero el esfuerzo tendrá que ser grande”.
¿De cuánto debería ser el recorte presupuestal que necesita el país?
Muchos analistas externos suelen verlo como un simple ejercicio aritmético: que si el Gobierno esperaba recibir 320 billones y solo ingresan 260, debe recortar 60. Ese tipo de análisis es muy común, pero es superficial. Cuando uno revisa con detalle el gasto público, encuentra que buena parte es inflexible y obligatorio; por tanto, no es posible recortar ni los 45 billones que plantea una entidad, ni los 60 que menciona el Comité Autónomo.
La realidad es que no se trata solo de ajustar cifras. Hay transferencias a los territorios que son de ley, subsidios que deben pagarse y compromisos que no pueden aplazarse. En la práctica, lo que termina ocurriendo es que se generan rezagos en los pagos: con los recursos de 2026 se cubrirán algunas obligaciones de 2025. Esto no significa que no se puedan hacer recortes, pero sí que deben ser estratégicos y realistas. Por ejemplo, en el sector de tierras —donde hay un ambicioso programa con un presupuesto importante— podría haberse hecho un ajuste milimétrico. Sin embargo, recortar más de un punto del PIB, equivalente a unos 18 billones de pesos, es difícil.
En su momento, consideramos que un recorte de entre 13 y 18 billones habría sido una señal de compromiso con la sostenibilidad fiscal, sin pretender que esa medida resolviera el problema estructural. Esa decisión, acompañada de una búsqueda de nuevos ingresos y eventualmente una reforma tributaria, habría mostrado disciplina fiscal.
¿El Banco de la República debería bajar las tasas de interés como pide el Gobierno?
“El Banco ha enfrentado un dilema. Aunque hubo espacio para bajar tasas más rápido en 2024, la presión fiscal ha limitado esa decisión. Hoy el problema no es tanto la inflación, sino lo que llamamos dominancia fiscal: cuando la situación de las finanzas públicas condiciona la política monetaria.
El Banco mantiene tasas altas para evitar fuga de capitales y mostrar independencia. En el futuro, habrá que discutir si el rango meta de inflación de 2% a 4% sigue siendo adecuado. Quizás debamos aceptar un rango de 3% a 5%, porque el mundo pospandemia vive con un poco más de inflación. Lo mismo pasa con los déficits fiscales: la realidad global cambió”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, propuso un salario mínimo de 1,8 millones. ¿Cómo ve esa propuesta?
Hay un punto clave en la literatura de macroeconomía: un salario mínimo general alto puede tener efectos adversos en el desempleo, especialmente en pequeñas empresas que no logran absorber el aumento. En la teoría ortodoxa, si el salario se duplicara de un momento a otro, muchas empresas tendrían que reducir personal.
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Sin embargo, la experiencia de los últimos cuatro años muestra que los incrementos del salario mínimo en torno al 10% no han provocado una crisis laboral, como muchos temían. Al contrario, han impulsado el consumo y la reactivación económica. Sí, eso ha implicado tolerar una inflación cercana al 5%, pero llegamos a vivir con inflación del 12% o 13% y no se acabó el mundo. Una inflación del 5% puede llegar a ser tolerante siempre y cuando la economía esté creciendo.
El debate se traslada entonces hacia la informalidad, un fenómeno estructural en Colombia, donde alrededor del 60% de la población económicamente activa se mueve en ese ámbito, donde la economía popular es la fuente del rebusque, pues al final si crean empleos en lo informal, sí, no es lo ideal, pero no podemos desconocer que el desempleo ha bajado, también porque la informalidad se mantiene alta.
Hay que ser muy realistas, no podemos aspirar que de un gobierno a otro mejoremos el desempleo solo con puestos formales, porque la realidad es que también hay que apoyar las economías populares con microcréditos y demás. Hay gente que no le interesa ser formal, pero quiere tener fuentes justas y legales de empleo. Creo que un salario mínimo por encima del 10% podría ser peligroso, pero la evidencia de estos años muestra que ha sido tolerable (...).
¿Cuál es su cifra para el salario mínimo?
“Creo que una cifra razonable para el aumento del salario mínimo estaría entre 8% y 10%. Ese rango permitiría recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, sin poner en riesgo la estabilidad económica. Hoy el país no enfrenta una inflación elevada ni un desempleo crítico, por lo que hay menos presiones en esos escenarios.
Por supuesto, incrementos del 20% o 25% ya implicarían un riesgo mucho mayor para el empleo y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, aumentos de tres a cinco puntos por encima de la inflación, como ha ocurrido en los últimos años, no han destruido empleo ni afectado brutalmente la inversión empresarial”.
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