Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU.
Washington transfirió 500 millones de dólares por ventas de crudo venezolano, bajo un acuerdo que controla fondos, busca estabilidad y evita crisis humanitaria.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
Estados Unidos transfirió a Caracas 500 millones de dólares correspondientes a la primera venta de petróleo venezolano, como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos en enero.
El entendimiento contemplaba que Venezuela “entregaría” entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, según publicó el entonces presidente Donald Trump en redes sociales.
La mecánica pactada fue la siguiente: Washington vendería esos barriles en el mercado internacional y usaría los recursos obtenidos para contribuir a la reactivación de la economía venezolana.
“Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano”, confirmó a Reuters un funcionario anónimo del gobierno estadounidense.
Entérese: Petro dice que Trump revisaría levantar sanciones para reactivar negocios entre Ecopetrol y Pdvsa
Cómo se desembolsaron los 500 millones de dólares del crudo venezolano
El dinero fue entregado en su totalidad esta semana. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos confirmó que la última cuota, por 200 millones de dólares, ya fue enviada a Venezuela, completando así el monto total acordado.
Según la fuente, los recursos no son de libre disposición. El desembolso se ejecutará “en beneficio del pueblo venezolano a discreción del gobierno de Estados Unidos”, una condición central del acuerdo.
Los fondos fueron depositados inicialmente en una cuenta en Catar, considerado un lugar neutral y seguro, bajo control del gobierno federal estadounidense.
La cuenta en Catar funcionó como un mecanismo temporal para resguardar los recursos y asegurar que el flujo de caja llegara a sectores críticos del Estado venezolano. Este esquema, sin embargo, no será permanente.
El funcionario estadounidense explicó que, para futuras ventas de petróleo venezolano, el plan es transferir las ganancias a un fondo ubicado en territorio de Estados Unidos.
Desde allí, se autorizarán los gastos de agencias e instrumentos del gobierno de Venezuela, siempre que cumplan con los procedimientos y las instrucciones previamente acordadas con la administración norteamericana.
Siga leyendo: Exportaciones de petróleo de Venezuela repuntan 60% bajo control de EE. UU. y cambian el mapa energético
Marco Rubio explica la estrategia petrolera de corto plazo
Este movimiento financiero se da en un escenario político inédito. El desembolso ocurre después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, un hecho que redefinió las relaciones entre Washington y Caracas.
En este contexto, Estados Unidos ha planteado el uso de los ingresos petroleros como una herramienta de estabilización, más que como una liberación plena de recursos para el gobierno venezolano.
Durante una reciente comparecencia en el Capitolio, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló la lógica detrás de la autorización para que Venezuela comercialice su propio crudo.
Según explicó, se trata de una estrategia de corto plazo orientada a mantener la operatividad mínima del Estado y evitar una crisis humanitaria mayor.
“Permitimos que Venezuela usara su propio petróleo para generar ingresos para pagar a maestros, bomberos y policías, y mantener la función del gobierno en funcionamiento para que no tuviéramos un colapso sistémico”, afirmó Rubio ante los legisladores.
La primera operación no será la última. Según Rubio, a esta venta inicial de crudo venezolano le seguirán otras, y lo recaudado se utilizará para estabilizar el país.
Agregó que el control de los ingresos por la venta de petróleo seguirá siendo un punto central del acuerdo, con un esquema de supervisión que busca asegurar que los recursos se destinen a áreas consideradas prioritarias por Washington.