¿Por qué Petro pasó de presumir “la cuarta mejor economía” a declarar emergencia económica en tan solo 7 días?
El Gobierno celebró con bombos y platillos el informe de The Economist que puso a Colombia como la cuarta mejor economía en 2025, pero a la semana declaró emergencia económica por falta de plata.
Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.
En tan solo una semana el Gobierno mostró dos caras de la moneda. El 15 de diciembre celebraba con bombos y platillos que The Economist ubicara a Colombia como la cuarta economía con mejor desempeño de la Ocde en 2025. Incluso, el presidente Gustavo Petro sacó pecho: “Nos reconoce como la cuarta mejor economía (...) por eso nos buscan para dialogar verdaderos empresarios de todo el país y del mundo”.
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Sin embargo, el lunes 22 de diciembre, el mismo gabinete que presumía el “milagro colombiano” firmó el decreto que declara la emergencia económica. El contraste llama la atención: ¿cómo un país que está en el “top” 5 mundial necesita medidas extraordinarias para hacerle el quite a una crisis el próximo año?
La respuesta, a ojos de expertos, reside en un crecimiento que, aunque real en las cifras del PIB (de 3,4% este año, para The Economist), se está construyendo “al debe”. Es decir, la economía colombiana se está expandiendo a punta de gasto público desbordado y consumo de los hogares, y la cuenta de cobro en los próximos meses podría ser dura.
De fondo se cocina un déficit fiscal histórico. Mientras el Ministerio de Hacienda se enfoca en resaltar el dinamismo económico, las cuentas públicas reflejan que el Estado gasta mucho más de lo que recauda.
¿Qué cifras preocupan de la economía colombiana?
En concreto, Hacienda mencionó que el ranking de The Economist no mide quién es más rico, sino quién logró el mejor “equilibrio” en un año complejo. Resalta la caída en la presión inflacionaria y un crecimiento del 3,4% que supera a vecinos de Latinoamérica. Pero al analizar la letra pequeña, el crecimiento proviene, en buena parte, del gasto estatal.
Los datos son alarmantes: en los últimos 12 meses, el gasto público escaló a $412,4 billones (23% del PIB), mientras que los ingresos apenas llegaron a $296,3 billones (16,5% del PIB). El resultado es un déficit de $115,9 billones, equivalente al 6,5% del PIB. Este desbalance no es un accidente externo ni un “choque sobreviniente” como exige la ley para declarar emergencias económicas, sino más bien un profundo desorden administrativo. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Gobierno ha sobreestimado sus ingresos de forma sistemática.
¿Por qué hay dudas sobre el decreto de emergencia económica?
Dicho sea de paso, la declaratoria de emergencia económica ha encendido las alarmas de constitucionalistas y gremios. El objetivo real de esta medida, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, es recaudar cerca de $16 billones para financiar el presupuesto de 2026. Para la academia y centros de pensamiento como el Observatorio Fiscal, esto representa un precedente riesgoso para la democracia, pues el Ejecutivo busca aprobar por decreto lo que no pudo concertar en el Legislativo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida asegurando que el foco de los impuestos derivados del decreto de emergencia estará en los patrimonios más altos, con tarifas que podrían saltar del 1,5% al 5%, además de una sobretasa de 10 puntos al sector financiero.
Para Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, causa preocupación que el decreto no tiene fundamentos jurídicos ni técnicos y revive una reforma tributaria “derrotada en democracia”. Según él, la sobretasa al sistema financiero dejaría el impuesto de renta en 50%, es decir que la mitad de la actividad bancaria pasaría a manos del Estado.
El Gobierno de Colombia sigue emitiendo deuda
A todo esto se sumó que la semana pasada el Gobierno anunció la colocación de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones, adjudicados a Pacific Investment Management Company (Pimco), a una tasa alta, de 13,15%. La movida apunta a descomprimir las tensiones de liquidez que arrastra el Ejecutivo.
Es que, de fondo, el crecimiento que hoy presume el presidente Petro tiene un costo financiero que las próximas generaciones deberán pagar. En octubre de 2025, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central alcanzó el 64,1% del PIB, el nivel más alto desde 2001, superando incluso los registros de la pandemia.
“En apenas nueve meses pasó del 56% del PIB a ese 64,1%... el endeudamiento creció en unos $376 billones entre agosto de 2022 y octubre de 2025”, detalla Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía.
En términos sencillos, Colombia se está endeudando a un ritmo vertiginoso para mantener el motor encendido. No es un crecimiento sano nacido de la productividad, sino uno sostenido con la tarjeta de crédito del Estado, la cual ya está llegando a su límite de cupo.
¿Cómo afecta esta situación al bolsillo de los colombianos?
A pesar de que el Gobierno resalta la estabilización de los precios al consumidor en el ranking de The Economist, instituciones como Anif advierten sobre los “lunares” de 2025. Aunque la inflación cedió al principio del año, volvió a acelerarse en julio y se espera que cierre en un 5,25%. Esto significaría siete años consecutivos fuera del rango meta del Banco de la República.
La resistencia de los precios a bajar ha maniatado al Emisor, que solo redujo su tasa de interés una vez en todo el año. Por el contrario, el mercado ya anticipa nuevas subidas, lo que encarecerá el crédito para los ciudadanos y las empresas, frenando el mismo consumo que hoy sostiene el PIB.
Así las cosas, estar en el “top” 5 de The Economist parece ser la fotografía del momento específico, pero la declaratoria de emergencia económica es el diagnóstico de fondo de una economía colombiana que en 2026 deberá lidiar con una deuda alta e intereses cada vez más caros.
La emergencia de 30 días —que podría extenderse a 90—, en todo caso, también pendería de un hilo, en caso de que la Corte Constitucional decida tumbar el decreto una vez retorne de la vacancia judicial.
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