Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica?
Tras freno de la Corte, el Gobierno impulsaría nueva emergencia basándose en la ola invernal en el país. Expertos analizan la situación. Aquí los detalles.
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Luego de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica, el Gobierno Petro pidió al alto tribunal levantar el freno a la medida para atender la grave crisis climática que golpea en especial a los departamentos de Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño. Así, se reabre el debate que sigue sin cerrar la Corte: los límites de los estados de excepción para recaudar dinero de los ciudadanos y atender emergencias.
La decisión de una nueva emergencia económica surge tras la recomendación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Por esa razón, Petro habló de revivirla, pero los experto consultados por EL COLOMBIANO consideran que esa tarea será muy difícil.
El argumento del mandatario radica en que la emergencia anterior fue suspendida por la Corte Constitucional al considerar que el cambio climático no cumplía con el requisito de imprevisibilidad.
Cuestionó la postura del alto tribunal y defendió que el consenso científico apunta a una mayor incertidumbre climática. “La ciencia dijo que la crisis climática es cada vez más imprevisibilidad creciente y hacia el colapso”, sostuvo, y calificó como “suicida” la exigencia de recortes presupuestales en medio del desastre.
Sin embargo, hay que aclarar que la emergencia tenía como fin recaudar recursos principalmente para atender la crisis fiscal. La Corte la dejó sin efectos al concluir carencia de hechos sobrevinientes e imprevistos: el Gobierno no demostró que existieran circunstancias nuevas y extraordinarias que justificaran el uso de poderes excepcionales.
Además, los magistrados aclararon que los estados de excepción son medidas extraordinarias y deben usarse solo en situaciones que realmente lo ameriten, para evitar abusos de poder.
Según el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, hoy el panorama es diferente. El fenómeno climático ha provocado 256 eventos asociados a emergencias climáticas y ha afectado a más de 27.000 familias en todo el territorio nacional a corte del 3 de febrero.
Los departamentos con mayor número de personas damnificadas son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño. Entonces, ¿el tema climático podría cambiar las cosas?
¿Podría quitarse la suspensión?
Para Pedro Sarmiento, socio de Crowe y abogado investigador de la Universidad de los Andes, la intención del Gobierno reabre un debate constitucional no resuelto: hasta dónde puede llegar el poder excepcional en contextos de urgencia real sin afectar el orden democrático.
Explica que, aunque la emergencia fue suspendida, el escenario actual es distinto debido a las inundaciones, el deterioro ambiental, el riesgo alimentario y el impacto humanitario. Sin embargo, advierte: “que exista una crisis no implica, automáticamente, que toda respuesta excepcional sea constitucionalmente válida”.
En su concepto, la Corte técnicamente sí podría levantar la suspensión del decreto antes del fallo definitivo, pero se trataría de una medida altamente excepcional. La suspensión es cautelar y puede revisarse si hay una “variación relevante del contexto fáctico”.
En otra palabras, ese alto tribunal casi nunca cambia este tipo de decisiones provisionales y solo lo haría si ve un riesgo grave por mantener la suspensión. Eso porque el decreto no es ilegal, sino que la Corte lo frenó mientras estudia el caso a fondo.
Adicional, el Gobierno debe demostrar con información técnica y verificable la existencia de una crisis humanitaria real: el riesgo inmediato para derechos fundamentales y la insuficiencia de los mecanismos ordinarios. “El tribunal solo cambiaría si concluye que mantener la suspensión resulta más inconstitucional que levantarla”, sentenció.
Pero los obstáculos no terminan ahí, Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario, señaló que el nuevo hecho (la crisis climática) no corrige “retroactivamente el vicio de origen que la Corte observó en la emergencia suspendida”, por lo que sería muy “improbable” ponerla otra vez en marcha.
Viable una nueva emergencia
En ese orden, los juristas consultados analizan que el camino más fácil para el Ejecutivo sería declarar la nueva emergencia. “Si el hecho nuevo es climático, lo que justifica desde el punto de vista constitucional que sea coherente es una nueva declaratoria. Es decir, no revivir el decreto suspendido, sino que haya una nueva declaratoria”, anotó Correa.
En ese orden, para el experto no existe una justificación para levantar la suspensión. Por esa razón, lo más seguro es que pronto el Gobierno Nacional ponga en marcha una nueva declaratoria con nuevos impuestos o similares a los de la primera medida como el IVA a licores, la contribución especial del sector energético y la reducción del umbral al impuesto al patrimonio, solo por mencionar algunos. Esto buscaba recaudar alrededor de $11 billones, de los cuales alcanzó a recoger $1,6 billones.
¿Qué se necesita para declarar la emergencia?
Por su parte, Juan Carlos Hermosa Rojas, exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Antioquia, aclaró los factores que debe cumplir cualquier declaratoria de emergencia (artículo 215 de la Constitución).
Entre ellos destaca el juicio de sobreviniencia, que evalúa si los hechos son realmente extraordinarios y repentinos, y no parte de situaciones estructurales o previsibles. También el juicio de gravedad e inminencia, que analiza si los eventos afectan de manera grave y directa el orden económico, social y ecológico.
Finalmente, la Corte revisa el juicio de suficiencia, para determinar si los mecanismos ordinarios son insuficientes para enfrentar la crisis.
Incertidumbre jurídica
Este escenario afecta la planeación financiera, la inversión, el crédito y el cumplimiento tributario. “La inseguridad jurídica termina siendo, muchas veces, más costosa que el propio impuesto”, señala el abogado.
Lo cierto es que los conocedores de las jurisprudencia concuerdan en que el Gobierno de Petro optaría por declarar una nueva emergencia: la crisis no espera y ahora contaría con razones palpables.
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