Fenalco demanda decreto que crea “megasindicatos” sectoriales
Según el gremio, el decreto desborda la potestad reglamentaria, crea nuevas reglas para la negociación colectiva, afecta derechos fundamentales y desconoce la competencia del Congreso de la República.
Fenalco presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026 al considerar que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al crear un nuevo régimen de negociación colectiva sin aval del Congreso.
También solicitó la suspensión provisional de la norma, al advertir una posible vulneración de principios constitucionales como la legalidad y la separación de poderes.
Según el gremio, el decreto busca revivir por vía administrativa propuestas que fueron rechazadas durante el trámite de la reforma laboral en el Legislativo.
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Fenalco acusa al Gobierno de legislar por decreto
Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el problema es que este decreto no se limita a reglamentar la ley vigente, sino que introduce cambios estructurales en el sistema laboral.
“El Gobierno está legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva, desconociendo abiertamente al Congreso y alterando las reglas del juego para empresas y trabajadores”, afirmó el dirigente.
Sostuvo, además, que la norma reproduce contenidos que fueron expresamente excluidos durante el trámite legislativo, lo que, a su juicio, evidencia una imposición de la reforma laboral “por la puerta de atrás”.
Cambios en negociación colectiva y modelo multinivel
Uno de los puntos más cuestionados es la creación del modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, que incluye unidad de pliego, mesa y convención, esquema que, según el gremio, no existe actualmente en la legislación colombiana.
Para Fenalco, este cambio redefine de manera estructural las relaciones laborales en el país, al modificar las condiciones bajo las cuales negocian empresas y trabajadores.
En particular, advierte que la norma abre la puerta a la creación de “megasindicatos sectoriales”, con capacidad de negociar condiciones laborales para sectores económicos completos.
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En la práctica, esto implicaría que los acuerdos alcanzados en una negociación colectiva puedan extenderse a empresas que no participaron en el proceso, obligándolas a cumplir con lo pactado.
Impacto en empresas y acceso a información sensible
Otra de las alertas es sobre nuevas obligaciones para los empleadores, especialmente en relación con la entrega de información económica y estratégica durante los procesos de negociación.
Según Cabal, esta exigencia compromete la libertad de empresa y el derecho a proteger información confidencial.
“El decreto obliga a revelar datos sensibles sin respaldo legal, lo que genera inseguridad jurídica y afecta la competitividad empresarial”, señaló.
Indicó que la norma introduce restricciones al derecho de negociación colectiva, especialmente para los sindicatos más pequeños, al fijar criterios de representatividad que podrían limitar su capacidad de incidencia.
Adicionalmente, el dirigente gremial cuestionó la creación de una carga económica para trabajadores no sindicalizados derivada de convenciones colectivas sectoriales, lo que podría interpretarse como un pago obligatorio sin participación en la negociación.
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“Se pretende imponer un cobro a trabajadores que no hacen parte del sindicato ni participaron en el proceso, lo que rompe principios básicos del sistema democrático y del derecho laboral”, puntualizó Cabal.