Nuevo decreto pensional pondría en juego $25 billones y reduciría el ahorro del sistema, advierten expertos
Un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que ordena el traslado rápido de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones aliviaría temporalmente las finanzas del Gobierno, pero expertos advierten que reduciría el ahorro del nuevo sistema pensional.
El Ministerio de Trabajo publicó recientemente un borrador de decreto que modifica las reglas para trasladar recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hacia el Régimen de Prima Media, gestionado por Colpensiones.
La propuesta obliga a las AFP a transferir, en un plazo máximo de quince días hábiles, la totalidad de los saldos acumulados de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado hacia Colpensiones, sin importar si ya consolidaron o no su derecho a una pensión.
Para los investigadores de Anif, en la práctica, esta disposición implicaría un traslado inmediato cercano a $25 billones, y aunque la medida busca que los recursos sean administrados por el régimen que asume el riesgo pensional, sus efectos macroeconómicos y fiscales podrían ser relevantes.
Uno de los principales efectos del decreto estaría relacionado con el funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), creado dentro de la reforma pensional.
Durante la etapa inicial del nuevo sistema, los recursos provenientes de estos traslados tienen un papel clave porque permiten acumular ahorro antes de que comience la fase de desacumulación asociada al envejecimiento de la población trasladada.
El diseño original de la reforma pensional preveía que esos recursos permanecieran invertidos hasta que los afiliados consolidaran su derecho pensional. De esa forma, el fondo podría acumular capital en sus primeros años y generar rendimientos que ayudaran a enfrentar las presiones financieras del sistema en el futuro.
Sin embargo, con el decreto en discusión, esos recursos pasarían directamente a Colpensiones y podrían utilizarse para financiar el pago de pensiones actuales, en lugar de destinarse a la construcción de reservas para obligaciones futuras.
Alivio fiscal en el corto plazo, pero mayores presiones en el futuro
El uso de estos recursos para cubrir el gasto pensional corriente reduciría temporalmente las transferencias que el Gobierno debe hacer para pagar mesadas, lo que se traduce en una liberación de caja en el corto plazo.
No obstante, esta decisión implica trasladar las presiones fiscales hacia el futuro. Cuando esos recursos ya no estén disponibles, el Estado deberá compensar el faltante mediante mayores impuestos o recortes en el gasto público.
De acuerdo con estimaciones de expertos de Anif, si el traslado de recursos se realiza de forma inmediata, el Fapc iniciaría su operación con un nivel de ahorro inferior al previsto en la reforma pensional.
Las proyecciones indican que, bajo este escenario, el ahorro del Fapc en 2026 sería $5 billones menor frente al nivel contemplado originalmente en la reforma. La diferencia, además, se ampliaría con el paso del tiempo. Para 2030, la brecha acumulada podría alcanzar $15,2 billones.
Esto significa que el fondo perdería una fuente clave de capitalización temprana, lo que reduciría su capacidad para generar rendimientos y para amortiguar el impacto del envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas.
Como consecuencia, el Fapc podría agotarse en un plazo más corto. Cuando eso ocurra, el faltante tendría que cubrirse con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En conclusión, aunque el decreto podría generar un alivio fiscal transitorio para el Gobierno al disminuir la presión presupuestal inmediata, lo haría a costa de reducir la acumulación de reservas del sistema pensional.
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El debate, por tanto, no se limita al impacto en las cuentas públicas de corto plazo, sino también a los efectos de utilizar hoy recursos que estaban destinados a financiar pensiones futuras.
Según analistas, esta decisión podría debilitar la solidez del nuevo sistema pensional desde su punto de partida y trasladar mayores cargas financieras a las próximas décadas.