La rebelión de 20 gobernadores contra emergencia económica de Petro; Gobierno lanza amenaza

Entre las regiones y el Gobierno Central se respira un aire de confrontación que no se sentía hace años. Lo que comenzó ayer como una cumbre de gobernadores rutinaria en Bogotá terminó convirtiéndose en una rebelión contra las decisiones económicas de la Casa de Nariño. Un bloque compuesto por 20 de los 32 mandatarios departamentales decidió plantarse frente al presidente Gustavo Petro, declarándose en abierta resistencia contra el decreto de emergencia económica.

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Para estos líderes regionales, el decreto no es una solución a la crisis, sino un golpe a sus finanzas y un atentado directo contra la autonomía que les otorga la Constitución de 1991. La disputa no es solo política. El Gobierno Nacional sostiene que la emergencia es la única vía para recaudar cerca de 16 billones de pesos destinados a sanear las deudas del sistema de salud y cumplir con compromisos de deuda externa.

Sin embargo, los gobernadores ven en esta movida una estrategia que pretende echarle mano a las rentas departamentales, que sostienen los hospitales y el deporte en las regiones. Incluso, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño y aliado del proyecto de Petro, se sumó a las voces de protesta.

¿Qué harán los gobernadores de Colombia ante la emergencia económica?

Para enfrentar lo que califican como un abuso de poder, los mandatarios diseñaron una estrategia jurídica y administrativa de tres frentes que busca bloquear la aplicación del decreto. El primer paso es una “tutelatón” masiva. Cada gobernador interpondrá una acción de tutela argumentando que la redistribución de recursos planteada por el Ejecutivo.

El segundo frente, y quizás el más desafiante para la estabilidad institucional del país, es el camino de la “no aplicabilidad”. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia y el respaldo de departamentos como Valle, Meta y Tolima, los mandatarios evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura jurídica les permitiría ignorar el decreto en sus territorios hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo. El foco de esta resistencia está en el recaudo de impuestos al consumo, específicamente en productos como licores y cigarrillos, que son la columna vertebral de los ingresos propios de las gobernaciones.

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El tercer pilar consiste en alzar la voz. Una delegación integrada por los gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño solicitará ser escuchada por la Corte Constitucional. Su objetivo es explicarle a los magistrados, con cifras en mano, por qué las medidas del Gobierno Nacional “asfixian” a las regiones. No se trata solo de un desacuerdo legal, sino de una advertencia sobre la inviabilidad operativa de los departamentos si se les imponen cargas tributarias que consideran abusivas y contrarias al orden constitucional.

¿Qué dijeron los gobernadores de Colombia sobre la emergencia económica?

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, encabezó la vocería del bloque. Su argumento central es que la “urgencia” alegada por el presidente Petro no puede convertirse en un cheque en blanco para pasar por encima de las regiones. Según Rendón, la aplicación inmediata de estas medidas generaría una afectación desproporcionada que el departamento no está dispuesto a asumir. Para el mandatario antioqueño, la Constitución es la norma de normas y ninguna necesidad del Ejecutivo puede estar por encima de la autonomía fiscal que protege a los entes territoriales.

En una línea similar, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que se ha trabajado en la construcción de un blindaje jurídico sólido. Toro insistió en que cada región tiene particularidades que el decreto ignora por completo. Por ello, detalló que la Federación Nacional de Departamentos está liderando la redacción de un documento jurídico para que los gobernadores se abstengan de aplicar las nuevas tarifas mientras no exista un concepto claro de la máxima instancia judicial.

Desde el Meta, la gobernadora Rafaela Cortés fue aún más drástica al calificar la situación como una “desarticulación catastrófica” entre el centro y la periferia, asegurando que el decreto es abiertamente violatorio del orden constitucional vigente.

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¿Cuál sería el impacto de la emergencia económica en las regiones?

El conflicto económico tiene nombre propio: IVA e Impuesto al Consumo. El decreto de emergencia plantea elevar el IVA de los licores del 5% al 19%, exceptuando la cerveza. Además, establece ajustes en los impuestos al tabaco y bienes de lujo.

Para los gobernadores, se trata de una receta para el desastre. Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, explicó que su departamento depende de las rentas del Aguardiente Nariño. Un aumento del IVA al 19% no solo golpea las ventas legales, sino que abre una puerta gigantesca al contrabando y a las economías ilegales.

La lógica que exponen los gobernadores es que, al encarecer artificialmente estos productos, el consumidor no dejará de comprar, sino que migrará al mercado negro. Esto generaría un efecto bumerán: el Gobierno Nacional no recaudaría lo esperado y los departamentos perderían el poco recaudo que hoy tienen asegurado.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, reforzó esta postura señalando que el uso de la excepción de inconstitucionalidad es un derecho legítimo ante una medida que pone en jaque la estabilidad social de sus territorios. Para departamentos como Amazonas, Putumayo, Caquetá y San Andrés, que ya enfrentan costos logísticos elevados, este incremento tributario se percibe como un castigo financiero adicional.

¿Qué le respondió el Gobierno a los gobernadores?

Desde la Casa de Nariño, la reacción no se hizo esperar y el tono fue de advertencia. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó el anuncio de los gobernadores como un “exabrupto jurídico”. Según el alto funcionario, lo que pretenden los mandatarios es usurpar una competencia que es exclusiva de la Corte Constitucional.

Idárraga advirtió que el Gobierno Nacional emprenderá acciones legales contra cada gobernación que materialice la decisión de no aplicar el decreto, sugiriendo que invocar la excepción de inconstitucionalidad en este caso no es una vía legítima.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, subió la temperatura de la discusión al afirmar que los gobernadores están dando un “mal ejemplo” al invitar a la ciudadanía y a las instituciones a no cumplir la ley. Benedetti advirtió que los mandatarios podrían estar incurriendo en el delito de prevaricato. Además, lanzó un desafío: si los gobernadores deciden bloquear el decreto, deberán responder con sus propios recursos por el dinero que el Gobierno Central dejará de recaudar, una cifra que los departamentos difícilmente podrían cubrir por su cuenta.

Corte Constitucional decidirá sobre emergencia económica

El país queda así en un limbo jurídico. Por un lado, el Gobierno Nacional defiende la legalidad de sus facultades de emergencia para atender una crisis que considera inminente. Por el otro, un grupo mayoritario de gobernadores se declaró en una suerte de desobediencia administrativa para proteger la descentralización en Colombia. El choque de trenes deja a los contribuyentes y a las empresas del sector de licores en incertidumbre, sin saber qué impuestos deben pagar o qué normas están vigentes.

La decisión final recaerá sobre la Corte Constitucional, que podría emitir un fallo a finales de febrero. Hasta entonces, el ambiente seguirá caldeado.

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