Inversiones forzosas: otro pulso entre el presidente Petro y los bancos
A la luz de una nueva emergencia económica para atender los desastres de la temporada invernal, el mandatario revivió la figura que trató de implantar en 2024.
Las inversiones forzosas saltaron de nuevo al ruedo, luego de que el Gobierno Nacional confirmara que, en el contexto de otra emergencia económica decretada por la crisis ambiental en Sucre y Córdoba, expediría decretos de inversiones forzosas al sistema financiero y aplicaría un impuesto al patrimonio.
Según el presidente Gustavo Petro existen varios mecanismos para recoger los recursos que demanda la crisis, y entre ellos las inversiones forzosas a la banca vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica del Ejecutivo, toda vez que el mecanismo también fue invocado por el mandatario en mayo de 2024.
En un encuentro reciente con su gabinete, el presidente puso sobre la mesa los puntos clave de lo que sería la inclusión de decretos de inversión forzosa al sistema financiero.
Petro aseguró que con la medida vigente de inversión forzosa “la banca privada me engañó: no desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y ahora, sacaron el dinero del país e incluso, se oponen a que repatriemos esos recursos”.
Insistió en que dicha figura regresa a la baraja de opciones luego de que, según dijo, no se cumplieran los acuerdos que llevaron a retirar un proyecto de ley en 2024.
La inconveniencia
El rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, comentó que esta herramienta, que se aplicó en los años sesenta del siglo pasado en algunos países, incluido Colombia, es una figura que está en desuso.
“Esto hace parte de esa idea de la necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Es una figura en desuso porque claramente genera una distorsión en el mercado. Eleva los costos del endeudamiento, no solamente a los beneficiados, sino a otros y genera una distorsión de ineficiencia en la asignación de el ahorro convertido en inversión”.
Desde la óptica del exministro de Hacienda, es una figura que genera desconfianza en el sistema financiero la cual no se corresponde con el propósito para el cual cada uno de los clientes coloca sus ahorros en el sistema financiero, porque se creía en que había un experto administrando esos recursos.
Igualmente, cuestionó: “¿Por qué ya no es el experto en el cual confiábamos, sino ahora va a ser un gobierno (el que administre los recursos)?”, a renglón seguido alertó: “Con los riesgos que implica que un gobierno disponga de unos ahorros para convertirlos en crédito, riesgo de politización, de burocracia, de corrupción, de politiquería. Ese no es el camino para ser más eficiente la disposición del ahorro de los colombianos”.
Restrepo enfatizó en que en las épocas modernas esta no es una figura conveniente. “Y lo poco que vemos ya en este siglo ha sido circunscrito a países ineficientes como Venezuela o como Bolivia. A mí me parece que es una figura inconveniente para la economía”.
Por su parte, el experto tributarista, Julio César Leal, recordó que en Colombia con la Constitución de 1991 se introdujeron conceptos frente a la propiedad, uno de ellos es que cuando el Estado no alcance a atender algunas necesidades de la población la tenencia de la tierra por ejemplo no es absoluta, es relativa, y en esa medida el Estado puede usar, con indemnización, los bienes para su uso en cumplimiento de los deberes del Estado.
No obstante, detalló que “hoy en día esas medidas que son extremas son impensables, entre ellas las inversiones forzosas, esto porque el Estado tiene suficiente dinero para hacer las inversiones necesarias, lo que sucede realmente es que el Presupuesto General de la Nación está mal usado, mal distribuido, y gran parte de los recursos se destinan a gastos de funcionamiento y no de inversión.
“Por ese motivo, carece de sustento técnico que se pretenda ampliar las facultades del gobierno a inversiones forzosas cuando dispone de caja y capacidad para reducir el gasto innecesario. Así también es claro que las inversiones forzosas son inconstitucionales porque se trata de un uso inadecuado de las medidas de tenencia relativa, y es el despojo de los recursos para unos fines que pueden ser subsanados con una mejor administración de los recursos”, anotó Leal.
Una vieja práctica
Hace dos años cuando el presidente Petro ventiló la posibilidad de establecer inversiones forzosas, se indicó que estos instrumentos formaron parte de un conjunto de políticas que generaron represión financiera, y se emplearon en Latinoamérica durante las décadas anteriores a los años 90.
Se estima que al menos ocho países de la región implementaron 15 mecanismos que obligaban a destinar una parte de los depósitos de los ahorradores a créditos de fomento.
Sin embargo, con el proceso de liberalización financiera en la región, estos instrumentos comenzaron a desaparecer. Entre los países que las implementaron fueron Brasil, Argentina, Honduras, Costa Rica, Bolivia y Venezuela.
En Colombia también se implementaron a partir de la reforma financiera de 1951, llegando a representar aproximadamente 25% de los depósitos.
La evidencia mostró que estas inversiones encarecían el crédito para otros sectores y dificultaron la libre competencia, la asignación eficiente del crédito, la adecuada gestión de riesgos y la optimización de portafolios, por lo que las autoridades decidieron desmantelar la mayoría de estos instrumentos.
Las inconformidades
Frente a la decisión del Gobierno Nacional de declarar la emergencia económica por las inundaciones y anunciar posibles inversiones forzosas al sistema financiero, Asomicrofinanzas expresó su preocupación por la inconveniencia de este tipo de medidas.
“Obligar a las entidades a destinar recursos a inversiones específicas puede restar liquidez al sistema financiero, reducir la disponibilidad de crédito productivo para micronegocios y emprendimientos y generar presiones al alza en las tasas de interés, afectando precisamente a los sectores que se busca proteger”, destacó María Clara Hoyos, presidenta de Asomicrofinanzas.
Asimismo, la directiva agregó, “la evidencia histórica ha demostrado que estos esquemas no han sido efectivos para expandir el crédito y, por el contrario, pueden generar distorsiones en su asignación y limitar el crecimiento”.
A su turno, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, comentó que las inversiones forzosas son una alternativa inconveniente. “Obligar a canalizar recursos sin criterios técnicos puede encarecer el crédito entre 50 y 100 puntos básicos, distorsionar el mercado y reducir hasta en 0,3 puntos porcentuales el crecimiento económico. La estabilidad financiera y la confianza de los inversionistas son activos que el país no puede poner en riesgo”.
Para el dirigente gremial, los resultados demuestran que el crédito sí está llegando. “En el marco del Pacto por el Crédito, los desembolsos superan los $48 billones en vivienda e infraestructura (119% de la meta), $135 billones en manufactura (83%), $26 billones en agro (87%), $10 billones en economía popular (83%) y $7,6 billones en turismo (93%)”.
Agregó que más que imposiciones, el país necesita reglas claras, confianza y un sistema financiero sólido que proteja el ahorro de los ciudadanos y financie el desarrollo del país”.
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