Petro cita a la banca privada tras polémica por traslado exprés de ahorros pensionales
El presidente reconoció que pueden existir problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados, por lo que planteó discutir mecanismos y cronogramas de pago “para evitar choques financieros innecesarios”.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
El presidente Gustavo Petro convocó a una reunión con la banca privada para discutir el traslado de más de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones y evitar “choques financieros” en el sistema.
El anuncio se da por las críticas al proyecto de decreto que preparan el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, con el que busca que los recursos acumulados por trabajadores que se trasladaron del régimen privado al público pasen de inmediato a Colpensiones, en un plazo máximo de 15 días.
Se trata de recursos que pertenecen a 118.000 afiliados que, desde 2024, aprovecharon la llamada “ventana de oportunidad” establecida en la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro.
El borrador de decreto dispone que, una vez el afiliado ejerza la opción de traslado, las AFP deberán transferir el 100% del saldo acumulado en su cuenta individual, incluidos los aportes obligatorios, los rendimientos generados y cualquier valor adicional causado hasta la fecha en que se haga efectivo el giro.
Gobierno reconoce riesgos de liquidez que generaría el traslado de ahorros a Colpensiones
El presidente Petro indicó que la conversación con la banca privada buscará aclarar los plazos y las formas en que se realizará la devolución de los recursos, tanto de los afiliados ya trasladados como de quienes decidan cambiarse hasta el 16 de julio, fecha fijada por la Corte Constitucional dentro del régimen de transición.
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El jefe de Estado reconoció que pueden existir problemas de liquidez de corto plazo en los fondos privados, por lo que planteó discutir mecanismos y cronogramas de pago “para evitar choques financieros innecesarios”.
También explicó que, si la reforma pensional ya hubiera sido avalada por la Corte Constitucional, los recursos de los afiliados que migraron irían al Banco de la República. Pero mientras siga vigente la Ley 100, afirmó que deberán trasladarse a Colpensiones para respaldar el pago de mesadas.
Sistema financiero y nuevos tributos en la emergencia económica
El presidente anticipó que en la reunión también se abordará el papel del sistema financiero dentro de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional.
Petro defendió los nuevos tributos temporales al sistema financiero, a generadoras de energía y al sector de hidrocarburos, al señalar que “no se trata de medidas arbitrarias, sino de instrumentos permitidos en estados de excepción y contemplados en la Ley de Desastres de 2012”.
Según el mandatario, estos recursos deben servir para impulsar créditos que “reactiven la economía en las zonas afectadas y ayuden a que las personas damnificadas recuperen su nivel de vida”.
Tensión entre Gobierno y fondos privados
La convocatoria a la banca privada se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y los fondos privados de pensiones, que han advertido sobre los efectos negativos que un traslado masivo y acelerado de recursos podría traer.
Andrés Velasco, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asofondos), rechazó la iniciativa y advirtió que esos recursos solo deberían trasladarse al fondo de ahorro del Banco de la República cuando el afiliado cumpla la edad de pensión.
Según Velasco, moverlos ahora a Colpensiones equivale, en la práctica, a liberar recursos presupuestales por el mismo monto, lo que abriría la puerta a que el Gobierno los utilice para otros fines.
Por su parte, Kevin Hartmann, doctor en Derecho y experto en pensiones, calificó el decreto como “ilegal”. Asegura que la medida viola el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381, que —según su interpretación— prohíbe expresamente el giro que el Ejecutivo pretende ordenar.
Para Hartmann, el traslado de personas entre regímenes pensionales no es, en esencia, un asunto de propiedad individual sobre los recursos acumulados. A su juicio, quienes optan por cambiarse lo hacen de manera voluntaria porque priorizan el modelo de financiación que respaldará su pensión futura.
El debate de fondo, explicó, “no es patrimonial sino fiscal”: se trata de definir cómo se gestionan y respaldan esos recursos en el tiempo sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema pensional.