Informe pone bajo la lupa cuentas que recibe De la Espriella: $88 de cada $100 adicionales se irían a pagar deuda
Un análisis de Crowe Colombia advierte que $17,591 billones de los $19,881 billones que crecería el presupuesto del próximo año corresponderían al servicio de la deuda. Además, todavía faltarían $8,292 billones para completar una de las fuentes de financiación previstas.
El primer gran reto fiscal que recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella no está únicamente en definir cuánto podrá gastar el próximo año, sino en cuánto de ese dinero tendrá que destinar a cubrir obligaciones ya adquiridas.
Una investigación de Crowe Colombia advierte que $17,591 billones de los $19,881 billones que aumentaría el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 se destinarían al servicio de la deuda.
En términos sencillos, esto significa que por cada $100 adicionales que tendría el presupuesto, cerca de $88,5 irían al pago de obligaciones financieras, mientras que $9,1 corresponderían a funcionamiento y apenas $2,4 llegarían a inversión.
El cálculo muestra el estrecho margen que tendría el nuevo Gobierno para aumentar el gasto en obras, programas sociales o servicios públicos. Según Crowe, el servicio de la deuda explicaría 88,5 % del crecimiento total del presupuesto.
La firma llegó a esta conclusión al comparar el proyecto de PGN para 2027, de $575,699 billones, con la apropiación vigente a junio de 2026, que asciende a $555,818 billones. Esta última cifra incluye tanto el presupuesto aprobado inicialmente como las modificaciones realizadas durante el primer semestre.
“No es una estimación independiente sobre lo que podría ocurrir, sino un cálculo construido a partir de las cifras presentadas por el Ministerio de Hacienda”, explicó Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia.
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El pago de intereses es el que más crece
El principal factor detrás de esta presión es el aumento del costo de la deuda. Según las cifras analizadas por Crowe, el servicio de la deuda pasaría de $100,450 billones en 2026 a $118,041 billones en 2027, lo que representa un incremento de 17,5%.
Dentro de ese monto, los intereses tendrían un crecimiento todavía mayor. Pasarían de $68,765 billones a $87,714 billones, es decir, aumentarían $18,949 billones, un salto de 27,6%.
Esto no significa que todo el aumento del servicio de la deuda corresponda a intereses. Otros componentes, como los pagos de capital, comisiones y recursos para imprevistos, presentarían reducciones que compensarían parcialmente ese incremento.
Mientras tanto, los recursos destinados a funcionamiento e inversión crecerían apenas 0,5 %.
El dato resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que el propio proyecto presupuestal contempla una inflación de 4,4% para 2027. Bajo ese escenario, Crowe estima que el Estado tendría una menor capacidad real para comprar bienes y servicios, operar sus entidades y ejecutar programas.
El recorte de $60 billones abre otra discusión
A la presión de la deuda se suma el ajuste fiscal anunciado por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, cercano a $60 billones.
El problema es que todavía no existe un documento público que detalle cómo se distribuiría ese recorte ni en qué momento se aplicaría: si durante lo que queda de 2026, en el presupuesto de 2027 o mediante un ajuste gradual durante varios años.
Si los $60 billones se descontaran completamente del presupuesto de 2027, representarían 10,4% del PGN total y alrededor de 13,1% del gasto disponible una vez se excluye el servicio de la deuda.
El Gobierno entrante ha mencionado como posibles áreas de revisión los contratos, las partidas que todavía no estén comprometidas, los gastos administrativos y las entidades que tengan funciones que se puedan considerar repetidas. Sin embargo, todavía no se ha precisado cuánto ahorro se obtendría de cada una de estas medidas.
Para Arbeláez, uno de los riesgos es que el ajuste termine concentrándose en la inversión.
“El riesgo es que el ajuste termine ejerciendo mayor presión sobre la inversión, lo que podría traducirse en menos obras públicas, vivienda y menor velocidad en la ejecución de programas sociales”, advirtió.
Al presupuesto todavía le faltan $8,292 billones
El segundo problema identificado por Crowe está en las fuentes de financiación del presupuesto.
El proyecto de 2027 contempla $30,213 billones en ingresos contingentes, es decir, recursos cuya llegada depende de conseguir nuevas fuentes de financiación.
Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el Gobierno saliente tendría un recaudo estimado de $21,921 billones durante 2027.
La diferencia es de $8,292 billones. En otras palabras, incluso si la reforma tributaria actualmente planteada fuera aprobada en los términos previstos, cubriría alrededor del 72,6% de los recursos que se necesitan para respaldar esos ingresos contingentes.
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El 27,4 % restante todavía no tendría una fuente públicamente identificada.
Por ahora, tampoco está definido si esos recursos adicionales saldrían de otra reforma tributaria, de un mayor recaudo de los impuestos que ya existen, de recursos de capital o de una reducción del gasto.
La incertidumbre aumenta porque el Gobierno entrante ya anunció que no respaldará la reforma tributaria presentada por la administración anterior y que presentará su propia propuesta en septiembre. Como todavía no se conocen sus medidas ni la meta de recaudo, aún no es posible establecer si esa iniciativa permitirá cubrir los $8,292 billones pendientes.
¿De dónde saldría el recaudo de la reforma tributaria?
El análisis de Crowe también permite identificar cuáles serían las principales fuentes de recursos de la reforma presentada por el Gobierno saliente.
El 55,4 % del recaudo esperado estaría concentrado en dos medidas: la reducción de beneficios en los aportes empresariales destinados a salud, Sena e ICBF, que aportaría $8,529 billones, y el aumento gradual del IVA a los combustibles, con un recaudo estimado de $3,610 billones.
Por otro lado, el capítulo denominado “Progresividad”, que contempla modificaciones tributarias para personas, empresas y patrimonios, aportaría $3,439 billones, equivalentes al 15,7 % del recaudo total estimado.
La nueva administración tendrá así que definir no solo cuánto pretende recaudar con su reforma tributaria, sino también cómo hará compatible ese ingreso con el ajuste fiscal que anunció.
Un presupuesto con poco margen de maniobra
El calendario legislativo deja poco tiempo para resolver estas cuentas. El Congreso deberá definir el monto del presupuesto antes del 15 de septiembre y aprobarlo, como máximo, el 20 de octubre.
En ese periodo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que precisar tres asuntos que están directamente conectados: qué nuevos ingresos llevará al Congreso, de dónde saldrán los $8,292 billones que todavía no tienen una fuente identificada y cómo aplicará el recorte cercano a $60 billones.
Todo esto ocurre mientras el servicio de la deuda absorbe la mayor parte del aumento presupuestal. Por eso, más que una discusión sobre el tamaño del PGN de 2027, las primeras semanas del nuevo Gobierno estarán marcadas por una pregunta fiscal más concreta: cuánto dinero realmente tendrá disponible para nuevas inversiones después de pagar las obligaciones que ya están comprometidas.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuánto aumentaría el Presupuesto de 2027?
- El proyecto pasaría de una apropiación vigente de $555,818 billones a $575,699 billones, un aumento de $19,881 billones.
- ¿Qué porcentaje del aumento del presupuesto se destinaría a deuda?
- El 88,5 %, de acuerdo con el análisis de Crowe Colombia.
- ¿Por qué faltan $8,292 billones?
- Porque los $21,921 billones que recaudaría la reforma tributaria saliente no alcanzarían para cubrir los $30,213 billones de ingresos contingentes contemplados.