Suspensión de salario mínimo: el Gobierno Petro tiene 8 días para decretar uno nuevo
Tras la suspensión del incremento del 23% dictada por el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional enfrenta el reto de emitir un nuevo decreto transitorio. ¿De qué se trata?
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
Tras la suspensión temporal del decreto del salario mínimo para 2026, el panorama laboral en Colombia ha entrado en un momento de incertidumbre.
El Consejo de Estado no solo suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo en $1.750.905, sino que también impuso una hoja de ruta inmediata para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Así las cosas, el fallo ordena a las entidades demandadas (Ministerios de Trabajo, Hacienda y Presidencia) la fijación sustitutiva del salario mínimo como una medida transitoria.
Esta decisión judicial deja en el aire un aumento que muchos ya veían reflejado en sus cuentas desde el 1 de enero, obligando a la administración del presidente Gustavo Petro a actuar contrarreloj para evitar un vacío legal que afecte a millones de ciudadanos.
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¿Qué ordena exactamente el fallo del Consejo de Estado sobre salario mínimo?
El alto tribunal fue claro al suspender el incremento del 23,7%: se genera una necesidad urgente de regular la remuneración mínima para lo que resta del año mientras se resuelve la nulidad de fondo.
Por ello, el fallo “ordena a las entidades demandadas la fijación sustitutiva del salario mínimo para la vigencia 2026 como decisión administrativa transitoria”.
Esta orden recae directamente sobre los hombros del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
El punto de mayor fricción ahora es qué cifra incluirá este nuevo decreto transitorio. El Gobierno tendrá que decidir entre dos propuestas que quedaron sobre la mesa tras el fracaso de la concertación a finales de 2025.
Por un lado está la propuesta de los gremios, que se decantaron por un alza del 7,21%, basada estrictamente en la inflación causada (5,3%) y la productividad (0,91%), buscando proteger la viabilidad de las mipymes y evitar cierres de empresas.
Por otro lado, la propuesta de las centrales obreras, que decidieron irse por un incremento del 16%. Un punto alto que buscaba un aumento real significativo por encima del costo de vida, pero inferior al ambicioso 23% que el Gobierno intentó imponer bajo el concepto de “salario vital”.
¿Qué pasos siguen ahora para el Gobierno Petro?
Así las cosas, como medida cautelar, el Consejo de Estado ordenó a las entidades demandadas que, en un plazo máximo de ocho días calendario contados desde la notificación de la providencia, expidan y publiquen un nuevo decreto.
En ese acto administrativo deberán fijar un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para 2026, así como el valor total correspondiente para esa vigencia.
Es decir, ese ajuste tendrá carácter provisional y se mantendrá en firme mientras el alto tribunal profiere una sentencia definitiva dentro del proceso.
“Para la determinación de dicha cifra, el Gobierno Nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y su respectivo desarrollo jurisprudencial, de la manera establecida en la parte motiva de esta decisión”, se lee en el documento.
En otras palabras, el Gobierno Nacional no tiene margen discrecional amplio para definir la cifra. Para establecer el nuevo incremento, deberá aplicar integralmente los criterios económicos y constitucionales de la Ley 278 de 1996.
Este nuevo valor regirá únicamente de forma provisional hasta que el proceso judicial del Consejo de Estado avance a una sentencia definitiva que determine si el decreto original era legal o debe ser anulado permanentemente.