Tras suspender provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, el alto tribunal precisó qué pasará con los pagos ya realizados. Le contamos.
La decisión tomada por el Consejo de Estado este viernes 13 de febrero, de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en $1.750.905 (2.000.000 con auxilio de transporte) encendió la alarma entre trabajadores, pensionados y empleadores.
Por ende, la pregunta que surgió entre los trabajadores es ¿qué pasará con quienes ya habían recibido el incremento del 23%?
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De hecho, el propio fallo respondió a esa inquietud. En el acápite 3.2, titulado “Efectos en el tiempo de las medidas cautelares a decretar”, el alto tribunal dejó claro que la suspensión no tendrá efectos retroactivos.
“La suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 no tendrá ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que se calcularon con base en el valor del salario mínimo del año 2026 allí establecido y que fueron efectivamente causados o pagados con anterioridad a la publicación del nuevo acto administrativo”.
Es decir, lo ya pagado no se toca.
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El documento incluso enumera los casos que quedan protegidos. Señala que esta decisión cobija “las liquidaciones y pagos, por ejemplo, de nóminas públicas y privadas, pensiones, cálculo de sanciones, multas, contratos, cuantías para determinar competencias administrativas o judiciales, tarifas, cuotas alimentarias y, en general, todo aquello que tome como referencia el valor del SMLMV”.
Eso significa que empresas y entidades no podrán reliquidar pagos ya hechos bajo el argumento de la suspensión.
El Consejo de Estado sustenta su decisión en un principio clave: la seguridad jurídica. En el fallo se explica que estos casos corresponden a “situaciones jurídicas consolidadas” que están protegidas por las garantías del debido proceso.
En otras palabras, se trata de derechos ya causados o pagos realizados de buena fe que no pueden revertirse después.
El tribunal también precisó que, mientras el Gobierno expide el nuevo decreto transitorio ordenado en un plazo de ocho días, el salario mínimo fijado inicialmente seguirá aplicándose.
La suspensión surtirá efectos únicamente cuando se publique el nuevo acto administrativo con la cifra transitoria que deberá definir el Ejecutivo.
Es decir, el nuevo salario regirá cuando se expida el decreto transitorio.
Así, aunque la discusión jurídica sobre el salario mínimo de 2026 sigue abierta, el Consejo de Estado dejó un mensaje claro: lo ya pagado no se toca.
La decisión también desató reacciones inmediatas en el Gobierno y en el sector económico.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la determinación del alto tribunal y le dio un tinte político al fallo.
“Me enteré que se cayó el salario mínimo vital. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos. Aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas Cortes y que, por lo tanto, no se le quiere dar ese beneficio”, afirmó.
El ministro agregó que, según su lectura, el incremento no había generado los efectos adversos que algunos sectores anticipaban. “Las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido consecuencia, los alimentos no habían crecido. Fíjense que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa”, sostuvo.
Benedetti incluso anticipó que la decisión tendrá repercusiones en el escenario electoral. “Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los clientes”, afirmó.
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