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Publicado el 05 de octubre de 2022
Mientras que un megáfono amplificaba denuncias sobre el profundo deterioro del Hospital General de Medellín, Rober Velásquez, representante de la Liga de Usuarios, iba de un lado al otro sin saber qué más hacer para que la entidad opere a Leonardo Antonio Bedoya, a quien llevan dos meses embolatándole una cirugía.
Ayer un puñado de trabajadores de la institución, la mayoría integrantes del sindicato Sinprogen, hicieron un plantón para exigir que el gerente Mario Fernando Córdoba Pérez se pronuncie sobre la extensa lista de escándalos e irregularidades que ensombrecen hoy a un hospital que otrora sacó la cara por la ciudad, incluso en el ámbito internacional.
Entre los reclamos, solicitaron que las directivas del hospital, en cabeza de Córdoba, expliquen qué hay detrás del cierre temporal de varios servicios, que hizo la Secretaría Seccional de Salud el pasado 28 de septiembre.
Y es que a pesar de que es información sensible y de interés para miles de usuarios, el General ha evitado detallar a la opinión pública cuáles son los servicios suspendidos, los que operan con restricciones y las irregularidades que llevaron a la Seccional a tomar dicha decisión, tras 20 días de inspección.
No obstante, los trabajadores del hospital señalaron que son ocho los servicios suspendidos temporalmente, entre los que están hospitalización de pacientes oncológicos pediátricos, sala de ecografía, varios quirófanos y camas de pediatría. Hay otros cinco que operan con restricciones: servicios de imagenología, como tomografías, radiología y resonancias magnéticas.
Según el sindicato, el cierre reciente de 50 camas desencadena otra masacre laboral que agrava el déficit de personal de salud y las condiciones dignas de trabajo en la institución.
Y es que las cifras que entregaron en medio del mitin son, cuando menos, inquietantes. Según Sinprogen no se explica cómo mientras el hospital se está atiborrando de abogados –hay, según el sindicato, 50 actualmente en nómina administrativa– existan mas de 800 personas precarizadas con prestación de servicios y cooperativas como Sindisalud, que según denunciaron se fue y dejó varados a decenas de trabajadores a quienes les adeudan salarios.
Pero si para los abogados parece haber bonanza laboral en el General, existen, por otro lado, 110 vacantes para cargos con funciones misionales (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo).
Los empleados reiteraron que la precarización laboral y el deterioro en los servicios que llevan denunciando desde hace meses, sin respuesta de los entes de control, repercuten directamente en la atención a los pacientes, poniendo en riesgo sus tratamientos y hasta sus vidas.
Según relata Rober Velásquez, don Leonardo Antonio Bedoya debería haber sido operado en julio. Incluso, tiene orden de un juez para que por fin le programen su cirugía de prótesis. Sin embargo, de manera incomprensible, en el hospital insisten en atajarlo en el mismo paso, pidiéndole, una y otra vez, cita con el anestesiólogo, a pesar de que los mismos especialistas que lo han tratado sentencian que ya no puede repetir concepto de anestesiología y que su caso es delicado y requiere la cirugía con urgencia.
Basta de avalar el deterioro
En medio de las demandas, los trabajadores del General le enviaron un duro mensaje al alcalde Daniel Quintero y al gobernador Aníbal Gaviria, a quienes señalaron de estar enfrascados en peleas innecesarias mientras el hospital va camino hacia el abismo, poniendo en serio riesgo la atención de miles de usuarios y pacientes que llegan desde todos los rincones del departamento, además del Chocó y del Eje Cafetero, en busca de servicios como neonatología y oncología.
Sinprogen lamentó que con la serie de escándalos el General se ha convertido en la “comidilla” y en motivo de vergüenza, semana tras semana, mientras los usuarios viven en carne propia ese deterioro.
Y es que el Hospital General pasó de brillar con noticias como procedimientos vanguardistas y reconocimientos en el plano internacional, a los anuncios sobre hallazgos de diferentes entes de control y veedurías ciudadanas.
El último día de 2021, por ejemplo, se cerró con la denuncia de cientos de trabajadores de una maniobra con la que, según ellos, el gerente Córdoba los quiso obligar a afiliarse a una cooperativa si querían mantener su empleo y a la cual debían entregarle hasta el 25 % del salario.
Los escándalos no pararon ahí. Pasadas apenas dos semanas de 2022, EL COLOMBIANO publicó una investigación sobre un entramado familiar, los Villegas, que estarían detrás de las supuestas irregularidades en los contratos del Hospital General de Medellín.
La Supersalud ha negado en dos ocasiones el plan de mejoramiento presentado por la entidad con el que buscan subsanar 55 hallazgos o deficiencias (13 administrativos, 12 financieros y 30 asistenciales).
En lugar de mejorar, la situación parece ser cada vez más crítica. Un informe interno adelantado en junio y que salió a la luz en agosto evidenció que las fallas en alimentación pusieron en riesgo la vida de pacientes.
Por todas estas razones volvieron a clamar por respuestas de los órganos de control. Por presuntos malos manejos y falta de transparencia durante la actual administración del General, la veeduría Todos por Medellín instauró denuncia en Fiscalía y queja ante Procuraduría hace más de 10 meses sin que hasta ahora haya noticias sobre avances.
Ayer, tras el plantón, Córdoba por fin recibió a los representantes de Sinprogen y accedió a compartir con los empleados el informe final que envíe la Seccional de Salud, un mínimo gesto de transparencia por parte de una administración con serios señalamientos.
Contexto de la Noticia
¿qué sigue? situación de savia, otro dolor de cabeza
A los males que padece el General por su actual administración se suma la situación de Savia Salud que está bajo riesgo de ser liquidada, a pesar de haber recibido una prórroga a la vigilancia a la que está sometida por la Supersalud. Según indicó el gerente Córdoba, si liquidan a Savia las finanzas del hospital quedarían seriamente golpeadas, pues la EPS es su principal facturador. El General es un prestador vital de servicios de alta complejidad para los pacientes más vulnerables del departamento.
Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.