Mientras que un megáfono amplificaba denuncias sobre el profundo deterioro del Hospital General de Medellín, Rober Velásquez, representante de la Liga de Usuarios, iba de un lado al otro sin saber qué más hacer para que la entidad opere a Leonardo Antonio Bedoya, a quien llevan dos meses embolatándole una cirugía.
Ayer un puñado de trabajadores de la institución, la mayoría integrantes del sindicato Sinprogen, hicieron un plantón para exigir que el gerente Mario Fernando Córdoba Pérez se pronuncie sobre la extensa lista de escándalos e irregularidades que ensombrecen hoy a un hospital que otrora sacó la cara por la ciudad, incluso en el ámbito internacional.
Entre los reclamos, solicitaron que las directivas del hospital, en cabeza de Córdoba, expliquen qué hay detrás del cierre temporal de varios servicios, que hizo la Secretaría Seccional de Salud el pasado 28 de septiembre.
Y es que a pesar de que es información sensible y de interés para miles de usuarios, el General ha evitado detallar a la opinión pública cuáles son los servicios suspendidos, los que operan con restricciones y las irregularidades que llevaron a la Seccional a tomar dicha decisión, tras 20 días de inspección.
No obstante, los trabajadores del hospital señalaron que son ocho los servicios suspendidos temporalmente, entre los que están hospitalización de pacientes oncológicos pediátricos, sala de ecografía, varios quirófanos y camas de pediatría. Hay otros cinco que operan con restricciones: servicios de imagenología, como tomografías, radiología y resonancias magnéticas.
Según el sindicato, el cierre reciente de 50 camas desencadena otra masacre laboral que agrava el déficit de personal de salud y las condiciones dignas de trabajo en la institución.
Y es que las cifras que entregaron en medio del mitin son, cuando menos, inquietantes. Según Sinprogen no se explica cómo mientras el hospital se está atiborrando de abogados –hay, según el sindicato, 50 actualmente en nómina administrativa– existan mas de 800 personas precarizadas con prestación de servicios y cooperativas como Sindisalud, que según denunciaron se fue y dejó varados a decenas de trabajadores a quienes les adeudan salarios.
Pero si para los abogados parece haber bonanza laboral en el General, existen, por otro lado, 110 vacantes para cargos con funciones misionales (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal administrativo).
Los empleados reiteraron que la precarización laboral y el deterioro en los servicios que llevan denunciando desde hace meses, sin respuesta de los entes de control, repercuten directamente en la atención a los pacientes, poniendo en riesgo sus tratamientos y hasta sus vidas.
Según relata Rober Velásquez, don Leonardo Antonio Bedoya debería haber sido operado en julio. Incluso, tiene orden de un juez para que por fin le programen su cirugía de prótesis. Sin embargo, de manera incomprensible, en el hospital insisten en atajarlo en el mismo paso, pidiéndole, una y otra vez, cita con el anestesiólogo, a pesar de que los mismos especialistas que lo han tratado sentencian que ya no puede repetir concepto de anestesiología y que su caso es delicado y requiere la cirugía con urgencia.
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