Un día antes de que se cumplieran siete años de la evacuación del edificio Continental Towers por fallas estructurales —ubicado en El Poblado y construido por la firma CDO— la inspectora de Policía 14A, Luz Estella Giraldo Villegas, declaró responsable, en primera instancia, a la copropiedad por perturbación de la convivencia y les ordenó hacer cerramiento, mantenimiento y reparación del abandonado inmueble.
La sanción recayó en Sandra Rivas Ossa, liquidadora de la constructora Alsacia CDO; a Yiseth Vélez, administradora de Continental, y a los demás representantes del edificio Asensi, decisión que, para los afectados, es una revictimización. El plazo máximo para realizar las labores fue de 15 días y, además, les ordenó la implementación de un plan de monitoreo estructural, en un plazo máximo de 30 días.
Yiseth Vélez, administradora de Continental, dijo que no tenía conocimiento de que se estaba realizando un proceso sancionatorio. Aseguró que cuando le llegó la citación pensó que era la audiencia de descargos pero no, “en esa etapa se desarrolló todo: descargos, pruebas y fallo”.
Para Diana Tobón, abogada y afectada de Continental, “el atropello jurídico es absoluto. Hay un proceso judicial que está en curso en el que el Municipio está demandado por aprobar los planos y la licencia sin que la obra cumpliera con la norma de sismorresistencia. Pasamos de una alcaldía que hizo caso omiso al riesgo del edificio, a una que nos trasladó la responsabilidad”.
EL COLOMBIANO contactó al secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna, quien no se quiso manifestar al respecto por ser quien decidirá la segunda instancia del proceso, tras la apelación presentada por las personas requeridas que no descartaron interponer una tutela en caso de que se confirme la sanción.
Sin embargo, Mauricio Vergara, subsecretario de Control Urbanístico, explicó que como la administración municipal no puede realizar inversiones en lotes privados, la responsabilidad es de los propietarios.
Según el Decreto 1547 de 2015 del Ministerio de Vivienda, en caso tal de que un proyecto se encuentre en periodo de garantía de la construcción, deberá tramitarse la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural por el constructor o la compañía de seguros que constituyó la misma.
El citado decreto añade que, en caso de no hacerlo, dicho trámite lo podrá adelantar el Municipio.
Pero Vergara afirmó que, como los hechos ocurridos en Continental sucedieron en 2013, la aplicabilidad no puede ser retroactiva. “La norma es de 2015, nuestra Secretaría de Gestión y Control Territorial fue creada posteriormente, con el Decreto 883 de 2015, entonces asumimos a partir de esa fecha. Anteriormente todo lo asumía Planeación. Así que no estaríamos en ningún momento en incumplimiento de la norma”, aseguró.
Sin embargo, Tobón dijo que no es cierto y afirmó que “este decreto fue proferido para atender la situación de Space, Continental y Asensi. Estuvimos con delegados del Minvivienda y el decreto se profirió para nuestro caso”.
Además, agregó, “el decreto en ningún momento dice que rige hacia el futuro en los proyectos que tienen licencia de construcción posterior a su fecha. Eso no lo dice”.
Un nuevo capítulo
Anoche se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la Junta Administradora Local (JAL) de El Poblado, que tenía como objetivo tratar asuntos de la comuna 14 y saber si se podía declarar la situación de Continental Towers como una calamidad pública.
Las preguntas de los afectados hacia los funcionarios de la administración no se hicieron esperar: reproches por la falta de apoyo y de presencia de la administración desde la evacuación (29/10/2013), hasta reclamos a la inspectora por tomar decisiones sin “acercamiento previo con los propietarios del edificio”.
Alethia Arango Gil, directora del Dagrd, afirmó durante su intervención que las actividades de seguimiento que han hecho “se limitan a la inspección visual por medio de los equipos que pueden ser usados en las edificaciones”.
Arango también resaltó que han brindado acompañamiento a los afectados, afirmación que estos contradijeron. Asimismo, la funcionaria descartó la posibilidad de actualizar el estudio que existe hasta la fecha y que pide el reforzamiento de la edificación.
Finalmente, con respecto a la declaratoria de la calamidad pública, el Dagrd descartó esta decisión. “Para declararla hoy tenemos que trabajar en el marco de la ley y el reglamento, y no hay alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales del funcionamiento de la población que le permitan al Municipio, a través del Dagrd, activarse en este momento”, dijo Arango.
Al cierre de esta edición, la audiencia pública continuaba entre las solicitudes de los afectados y las respuestas de la administración.
Lo único claro hoy es que no hay soluciones a la vista tras siete años de abandono obligado en Continental.
Regístrate al newsletter