Como un legado para la ciudad y una herramienta clave para afrontar las nuevas intervenciones que se realicen en la ciudad calificaron los corporados la nueva política pública de protección a moradores aprobada por unanimidad en la mañana de ayer en el Concejo de Medellín.
El acuerdo se centra en las comunidades del área de influencia de proyectos que ameritan compra de predios y reasentamiento de familias, tal como ocurrió en el puente de la Madre Laura, el tranvía de Ayacucho, Naranjal o el parque Bicentenario.
En síntesis, la alcaldía queda obligada, antes de construir una obra pública, a proponer las estrategias para que el reasentamiento sea la última opción, privilegiando la permanencia en el sitio. Asimismo, a partir de los subsidios de vivienda, deberá existir un programa para la restitución de inmuebles que se necesiten para el desarrollo de las obras, esto dentro del cumplimiento de una indemnización que brinde cobertura a los que pierdan su vivienda.
“No es una política pública perfecta, pero es buena y es un avance para las comunidades como defensa de sus derechos”, expresó Aura Marleny Arcila, coordinadora del proyecto que tuvo su primer debate en 2018 y que recién pasó a sanción del alcalde.
Para elaborar el proyecto, la alcaldía realizó un convenio con la Universidad Nacional que acompañó el proceso técnico para construir una herramienta pionera en Colombia.
“No es que no tuviéramos un protocolo, pero hoy queda una política conjunta para la articulación entre la comunidad y las obras públicas que se realicen”, expresó Ana Catalina Ochoa, directora de Planeación de Medellín.
Tal como lo explicaron los ponentes, la política para proteger a propietarios, arrendatarios y moradores es un apéndice del POT y lo que busca es que se tenga en cuenta, desde la concepción del proyecto, a los impactos a moradores y así ofrecer una atención integral para las comunidades.
Es decir que la política funcionará como un marco normativo o carta de navegación para garantizar que ninguna obra pública que se ejecute en Medellín desmejore las condiciones actuales de los moradores de ese territorio.
A la política pública se le añadió, además, un enfoque étnico y de género para incluir las particularidades de cada grupo poblacional, un hecho que se pudo evidenciar en desalojos traumáticos como los que ocurrieron con el plan de renovación de Moravia.
La concejala Luz María Múnera, una de las mentoras del proyecto, calificó este avance como una herramienta tangible que pueden tener en sus manos los ciudadanos para la movilización social y para luchar para que no los conviertan en víctimas del desarrollo, tal como ocurrió en proyectos como Naranjal, Moravia, cable Picacho o túnel de Occidente.
“La valoración económica debe ser integral, incluyente y tener en cuenta daños morales, sociales y materiales y ahí tenemos preocupaciones que, creemos, que aún no han sido subsanadas. El tema de los avalúos se debe concertar con las comunidades e ir más allá del valor predial y también los que llegan al punto de la expropiación tienen que ser incluidos”, dijo.
El éxito de este nuevo protocolo, que se debe aplicar cuando una entidad como Isvimed, la EDU o un contratista llega a intervenir un espacio e implica la afectación de una comunidad, es que ya no dependerá de la buena voluntad de los mandatarios, regula cómo debe ser la participación y la información hacia la comunidad en cada momento de las intervenciones.
Además, detalla los roles, las competencias y las funciones de la interacción administración - comunidad.
Según resaltó el concejal Carlos Alberto Zuluaga, la política cuenta con un presupuesto para 2020 de $1.500 millones que servirá como partida para el gobierno entrante, que tendrá como uno de los primeros retos reforzar el músculo financiero de la Secretaría de Gestión y Control Territorial para cumplir con las nuevas exigencias..
