$60
mil millones ha invertido EPM en la atención de la contingencia.
De los 97 años que Pedro Julio Rúa lleva viviendo al lado del río Cauca, en Puerto Valdivia, los últimos 365 días han sido los más solitarios. El 12 de mayo de 2018 uno de los túneles del proyecto Hidroituango, ubicado 38 kilómetros aguas arriba, se destaponó y originó una creciente nunca antes vista que se llevó la casa de tres vecinos de don Julio, en la vereda El Pescado.
Toda la vereda fue evacuada y nadie pudo regresar, excepto don Julio que aprovechó un descuido de los soldados que lo sacaron a rastras, y se regresó a su casa a dormir ese mismo día. “Yo no le tengo miedo al agua, si la suerte es morir ahogado, uno se ahoga donde sea”, les dijo a sus hijas.
Pero lo que no lograron las emergencias y la violencia, lo está haciendo la soledad. El pasado martes, sentado en la misma hamaca desde donde vio el río salido de lo normal (6.000 metros cúbicos por segundo —m3/s— de caudal, según datos de EPM cuando el promedio es de 1.200 m3/s), don Julio reconoció que ahora sí se quiere ir.
“Esto está muy solo, ya ni animales quedan porque los pollos, cuando fueron creciendo, se fueron desapareciendo y han venido muchachos raros a robar cosas de las casas”, dijo para justificar sus ganas de irse.
Ese martes lo visitaron dos vecinas que ya no viven ahí: Isneda Taborda y su hija Yureidy de 10 años. Ambas confirmaron que solo una pareja vive en la vereda, pero casi nunca está en la casa, y que ocasionalmente alguien va a revisar las viviendas y a llevarle comida al viejo.
“Yo solo espero que me digan que me van a dar una casa y me voy, porque esto está muy solo”, les dijo don Julio.
Promesas
Eran las 6:00 p.m. del 12 de mayo cuando el nivel del río empezó a crecer. La gente estaba cerca de la iglesia porque iban para misa, y había más visitantes de lo usual porque al día siguiente era el Día de la Madre. En cuestión de minutos el agua subió tanto que se llevó el puente Simón Bolívar que, según los locales, llevaba más de 100 años instalado a un costado de la iglesia.
La creciente, además, destruyó 73 viviendas y averió 162 más, de acuerdo con el censo final de EPM. Esa noche casi nadie durmió porque no había luz y el calor era sofocante. Tampoco había señal de celular y mucho menos agua. A la mañana siguiente las familias más afectadas se repartieron entre el coliseo y un estadero y en la noche el alcalde Jonás Henao los reunió para darles respuestas.
En medio del discurso, les prometió que antes de seis meses tendrían una vivienda nueva. “Si no les cumplo vayan a mi despacho”, dijo.
Hoy, un año después, ninguna de las familias tiene casa propia. La reparación, dijo Henao, le corresponde a EPM y aún no hay acuerdos. “Tenemos un proyecto de vivienda nueva para reubicar a la gente que vive en la zona de alto riesgo, pero EPM no ha colaborado”, dijo.
El lote al que se refiere es conocido como El Batallón y en él se espera construir 224 viviendas. Según Henao, hasta ahora solo se ha firmado la promesa de compraventa porque los $400 millones que cuesta no han sido desembolsados por la Gobernación de Antioquia al dueño del predio. Tampoco hay diseños ni está claro cómo se conseguirán los subsidios necesarios.
Ana Milena Joya, gerente Ambiental y Social de EPM, explicó que la empresa ya firmó acuerdos con 43 de las familias que perdieron por completo sus casas. A ellos, dijo, se les dará una nueva vivienda en la ubicación que ellos elijan, se les repondrán los enseres y el vestuario que perdieron, y se les apoyará en la creación de un proyecto productivo para que restablezcan su economía.
“La tendencia que hemos visto es que la mayoría de ellos quiere quedarse en Yarumal o Caucasia. Algunos pocos en Valdivia y casi ninguno en el Puerto”, agregó.
Rosemberg Taborda, un mecánico que aunque no perdió su casa tampoco ha podido volver — sobre la edificación pesa una orden de no retorno por la cercanía al Cauca— dijo que Yarumal les resultó más atractivo.
“El niño mío, desde que estamos allá, se pegó una disparada en el colegio y le va súper bien. Por eso nos quedamos allá y yo vengo diario hasta el Puerto para ganarme la plata”, relató.
Panorama
En los días siguientes a la emergencia, en Hidroituango el agua seguía represándose y el muro de la presa no estaba terminado. Tampoco el vertedero y no había control sobre el túnel destaponado.
Con ese panorama, que significaba una posible avalancha, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ungrd, declaró la alerta roja y se hizo la evacuación más grande que había tenido el país hasta ese momento. Incluso en los vecinos departamentos de Sucre y Bolívar se elevó la alerta a naranja. 17.184 personas de 2.700 familias de Puerto Valdivia y los municipios de Tarazá y Cáceres, tuvieron que dejar sus casas y refugiarse en la de familiares. Muchas otras se mudaron temporalmente a albergues construidos por ellos o por EPM.
El coliseo de Valdivia se empezó a llenar de familias y el 18 de mayo ya parecía un campo de refugiados. Desde afuera Juan Manuel Muñoz, un joven de 16 años, los miraba. “Me daba mucho pesar porque había niños, pocos baños, todos sufrían por la comida”, contó.
El muchacho también resultó afectado indirectamente. Durante los siguientes cinco meses, él y sus amigos tuvieron que dejar de entrenar fútbol. Las clases también se interrumpieron durante más de dos meses porque el colegio también fue albergue.
“El coliseo lo tuvieron que arreglar después de que la gente se fue. Cuando volvimos a jugar nos dio mucha alegría. Con lo poco que hay para hacer en el pueblo, la cancha es muy importante para nosotros”, apuntó.
El retorno
El 10 de octubre empezó el retorno de las familias. Tras la estabilización del proyecto, 1.549 familias han podido volver a sus casas y hoy se adelanta un censo para determinar cuáles sufrieron afectaciones durante la evacuación y repararlas.
Las restantes 1.151 familias están en la zona de mancha: sectores que se inundarían en caso de que haya una creciente de 8.100 m3/s en el río y por eso siguen por fuera del pueblo, pagando alquiler con el subsidio de $1,1 millones que reciben cada mes de manos de EPM.
La casa de Tato, un hombre flaco y con una pierna de palo, está en La Arrocera, el barrio más afectado por la creciente y que aún está en zona de evacuación. Desde hace más de 6 meses el hombre decidió volver junto con su cuñado y un par de vecinos más.
“A mi no me han resuelto la situación, dicen que no aparezco como víctima y no me han dado subsidios. Como no tengo dónde más vivir, pues vuelvo a lo mío”, señala.
Este ayudante de construcción, barequero y lanchero cuenta que su barrio es territorio fantasma. “Lo charro (chistoso) es que tenemos luz, aunque se supone que aquí no debe vivir nadie. El agua sí la sacamos de una cañadita cerca”, contó.
En el centro del Puerto, los comerciantes se quejan de que las ventas se han reducido y que la idea de ser reubicados en una montaña (el lote de El Batallón) no los atrae. William Gutiérrez, uno de los líderes comunitarios, aseguró que el proyecto de vivienda no ha sido socializado.
“Aquí hay una lista de prioridades y nosotros estamos en el último puesto. Nos dicen cuándo irnos o volver y ahora, dónde vivir. La emergencia nos quitó lo más valioso que teníamos: la libertad”, sentenció.
