“Hace dos semanas me llamaron de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para preguntarme cómo me estaba yendo con el carro blindado que me entregaron, que cómo se estaban comportando los escoltas, que cómo funcionaba el celular y el chaleco que me dieron, pero resulta que nada de eso lo he recibido”.
Así lo afirmó a ELCOLOMBIANO.COM Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, uno de los ocho concejales de Medellín que actualmente cuentan con esquemas de seguridad de la Policía, un organismo en el que, dicen, tienen más confianza y sienten su cercanía y apoyo.
“Aquí podemos denunciar y trabajar gracias al apoyo de la Policía”, expresó el corporado, quien goza de un sistema de seguridad desde el año 2006, cuando recibió las primeras amenazas y cuyo nivel de riesgo ha sido calificado como alto, de acuerdo con estudio de la UNP.
Según Echeverri Jiménez, “la UNP es un desorden tenaz. Están muy desconfigurados, no saben en dónde están parados y no les tengo confianza”.
A Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal de Medellín, la UNP lo está llamando desde hace cinco años para preguntarle por el carro blindado que le suministraron pero, dijo, tal vehículo jamás lo ha tenido a su servicio. Y hace apenas ocho días recibió el celular que, cinco años atrás, la Unidad Nacional de Protección le dijo que le iba a entregar.
Guerra, promotor de debates contra la corrupción, está calificado como de riesgo extremo en seguridad y cuenta desde hace 20 años con esquemas de protección. Da cuenta de cinco atentados contra su vida, el más grave de los cuales ocurrió en marzo de 2013, cuando un pariente le propinó una puñalada. Como diputado y senador también ha sido víctima de ataques, dos de ellos a bala, y ha tenido que salir del país en dos ocasiones, una para España y otra para Estados Unidos.
El concejal declaró que no le gustan los esquemas de protección duales, o sea con presencia de personal de la Policía Nacional y de la UNP, porque “al final nadie responde”. Por eso, hace unos cuatro o cinco años manifestó que lo mejor y más seguro era contar con la asistencia de hombres de la Policía, dejándole a la UNP una labor de coordinación.
La Policía, anotó, tiene un grupo de protección a dignatarios, que, a diferencia de lo que maneja la UNP, no está sujeta a las rotaciones de personal ni a relaciones con contratistas a través de los cuales se vincula a los escoltas.
Según Daniela Maturana Agudelo, presidenta del Concejo de Medellín, todos los concejales cuentan con un “padrino” de la Policía Nacional, con el que tienen línea directa para plantearle sus inquietudes o para solicitarle respaldo cuando lo consideran necesario.
Maturana Agudelo reconoce los riesgos que comporta el trabajo de concejal, y particularmente los que corren quienes promueven debates contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, como presidenta del Concejo, e inclusive como ciudadana, afirma que “yo me siento segura en Medellín” y por ello no cuenta con un esquema de seguridad.
Con todo y las críticas, como su manejo centralizado en la capital de la República, la Unidad Nacional de Protección es la encargada de realizar los estudios de seguridad de personajes como los concejales de Medellín. Y, como reza la primera de sus funciones, también es la que debe “articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las entidades competentes a nivel nacional y territorial”. Eso significa que, así tenga problemas en su funcionamiento, se le debe tener en cuenta.
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