La crisis que tiene en vilo a los principales hospitales de Medellín y su área metropolitana por cuenta de la creciente cartera de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional ya tocó las puertas de otras regiones en Antioquia.
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Luego de liderar una reunión con todos los gerentes de los hospitales del Bajo Cauca antioqueño, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia emitió una alerta por cuenta de la adversa situación financiera por la que pasa la red hospitalaria de esa subregión.
Según denunció la líder de esa dependencia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, la deuda que acumulan las IPS en ese territorio ya asciende a los $104.000 millones. En caso de no saldarse, advirtió, en menos de un mes estas se quedarían sin gasolina para prestar sus servicios con normalidad.
Aunque la situación es transversal a toda la red, Ramírez alertó que la situación es especialmente preocupante en el principal hospital de la región, la E.S.E. César Uribe Piedrahita, que presta servicios hasta del tercer nivel de complejidad y que, además de atender a pacientes de Caucasia y los demás municipios del Bajo Cauca, también es un centro de atención clave para los pacientes remitidos de regiones como el sur de Bolívar y el sur de Córdoba.
Una crisis que se expande
Esta alerta emitida por el Departamento aparece en un panorama de incertidumbre generalizado que embarga al sistema de salud tanto en la región como en el país.
Tan solo en el caso de Medellín, a comienzos de este año, los principales 19 hospitales y clínicas del departamento alertaron tener un hueco de $2,3 billones, asociado no solo a un desplome de su recaudo, sino a un crecimiento en las deudas, en gran medida provenientes de las EPS intervenidas recientemente por la Superintendencia Nacional de Salud.
Si bien dicha misiva fue firmada inicialmente por las principales instituciones privadas de la ciudad, la situación también ha golpeado duramente a la red pública.
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De acuerdo con datos de la Alcaldía de Medellín, presentados a finales de mayo de este año, las principales entidades de salud del conglomerado público se estaban tambaleando por los pasivos de las EPS en intervención, que ya habían ocasionado un faltante de $169.800 millones.
En el caso del Hospital General de Medellín, por ejemplo, la Alcaldía señaló que con corte al 30 de abril la cartera vencida ya estaba en $135.747 millones, el 94,6% correspondiente a las EPS intervenidas: Savia Salud, Coosalud, la Nueva EPS y Sanitas (para aquel momento todavía bajo el control administrativo de la Nación, antes de que la Corte Constitucional ordenara revertir la intervención).
Por una situación similar pasaba la red de Metrosalud, con un pendiente de $109.345 millones, y la Corporación Hospital Concejo de Medellín, con una cartera vencida de $11.976 millones.
A raíz de esa fuerte presión financiera, la Alcaldía de Medellín se embarcó incluso en una acción popular desde el pasado 30 de mayo, en la que argumentó que el Gobierno Nacional estaba vulnerando el derecho a la salud de millones de pacientes tanto de Medellín como del país. “Solo en Medellín, 62 de cada 100 colombianos, de lo que tenemos acá, están afiliados a EPS ya intervenidas, como Savia Salud, Sanitas, Nueva EPS y Coosalud”, expresó entonces el alcalde Federico Gutiérrez al informar de la acción.
El pasado 11 de julio, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una medida cautelar en la que ordenó a los ministerios de Hacienda y Salud que a través de la Adres y la Superintendencia de Salud saneara la cartera de las EPS intervenidas en un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la notificación.
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“Hoy la Justicia ordena al Gobierno Nacional y a las EPS intervenidas que en 30 días pague toda la deuda que tiene con los hospitales públicos y privados. Este es un fallo histórico, producto de una acción popular ante el Tribunal Administrativo que presentamos hace un mes”, expresó el alcalde Gutiérrez luego de que se hiciera público el auto emitido por ese tribunal.
Crisis llega a las regiones
Pese a que hasta ahora las instituciones que habían llamado más la atención eran las de Medellín, la Secretaría de Salud de Antioquia denunció que en las regiones la situación es igual de mala.
“Es muy preocupante que se le cargue al Bajo Cauca, que tiene tantas dificultades, el problema de una prestación de servicios que no le reconocen económicamente hoy las EPS para que sigan funcionando como debe ser, por eso elevo un llamado a la Superintendencia de Salud para que se ponga al día con la cartera”, dijo la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.
De mantenerse esos faltantes contables, Ramírez alertó que en un mes los centros de salud de esa subregión estarían sin suficiente flujo de caja para atender a los usuarios.
Según precisó esa secretaria, los $104.000 millones se distribuyen en los cinco hospitales públicos de la subregión.
En ese total, la EPS con la deuda más abultada es Coosalud, que tiene un pendiente de $33.259 millones.
En segundo lugar aparece la Nueva EPS, con una deuda acumulada de $18.960 millones; y en tercer lugar Savia Salud, la principal EPS del régimen subsidiado en Medellín y Antioquia, y que acumula un pendiente de $10.717 millones.
Bajo esas cuentas, la Seccional de Salud calificó como preocupante que de los $104.000 millones, aproximadamente $70.000 millones correspondan entonces precisamente a las EPS bajo el control administrativo de los interventores nombrados por el Gobierno Nacional, que en teoría deberían garantizar que dichas organizaciones estén al día con sus obligaciones y que los recursos estén fluyendo correctamente a través del sistema de salud.
Para Ramírez, dicha situación no tendría otra forma que calificarse como una “asfixia financiera”, en la que los pacientes de los municipios son los que están pagando los platos rotos.
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