La discusión del presupuesto de Medellín, como pocas veces, ha rebotado de un lado a otro como una pelota. Pasó de las comisiones primera y segunda —que negaron el proyecto— a la plenaria, en la que le dieron una nueva oportunidad. En la comisión tercera fue aprobado. Hoy, al fin, volverá a plenaria, en donde se le dará el visto bueno o el no definitivo.
Más allá de los roces que varios corporados han tenido con la administración de Daniel Quintero, lo que más preocupa a varios de ellos es la desfinanciación de algunos programas y la falta de claridad en los indicadores en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, como lo expresaron en el informe de ponencia para segundo debate.
Uno de los principales escollos que ha tenido el proyecto de acuerdo radica en los rubros asignados a las secretarías de Cultura y Medio Ambiente. Para la primera, la propuesta fue otorgarle $85.368 millones, por debajo del definido para este año, que fue de $96.970 millones y muy por debajo de los $126.439 millones de 2019.
El sector cultural ha criticado el desempeño de esta administración, máxime cuando la pandemia lo golpeó tan fuerte. Por ejemplo, Cristóbal Peláez, director del Teatro Matacandelas, se ha quejado del “abandono” en que los tiene la Alcaldía y ha dicho que el aporte al sector ha sido escaso.
A ello se suma la variación a la baja del presupuesto de un activo de la ciudad como la Biblioteca Pública Piloto, a la que se le restó $1.812 millones frente a 2021. Tampoco quedó por fuera de ese recorte la Casa de la Memoria que según el informe de ponencia sufrirá una reducción de $2.975 millones, al pasar de $6.111 millones en 2021 a $3.136 millones. Por eso algunos corporados aseguran que, ante la evidente desfinanciación de programas sociales, se requiere replantear algunas de esas asignaciones.
Más críticas
El otro cuestionamiento es a lo asignado a Medio Ambiente, toda vez que esta dependencia está a cargo de fomentar la Ecociudad, una de las líneas gruesas del Plan de Desarrollo. Para ese despacho se propuso un rubro de $74.076 millones, considerado como bajo para las pretensiones de la administración, a pesar de que tuvo un incremento en casi $8.000 millones con respecto a la vigencia actual.
También hay cuestionamientos desde los ediles por la forma en que se definió la asignación del presupuesto participativo. Además de que hubo disminución al rubro global de la Secretaría de Participación Ciudadana, que pasó de $270.022 millones a $251.265 millones para 20022, se cuestiona que no se aplicara la norma que le exige a la Alcaldía brindar a los miembros de las juntas administradoras locales toda la información necesaria para “rendir concepto acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales” sugeridas por la administración.
