Mientras el Ministerio de Ambiente finalizó otro año más con los brazos cruzados frente al mega problema de los hipopótamos del Magdalena Medio, el proceso jurídico que busca defender los intereses de estos mamíferos invasores sigue avanzando.
Hace dos meses había levantado polvareda la noticia de que una jueza en Estados Unidos reconoció a los hipopótamos del Magdalena como personas jurídicas. En medio de un debate que ha enfrentado durante décadas a científicos, Estado y comunidades, la injerencia de la justicia extranjera no hizo más que atizar el fuego.
Para llegar a este punto, el abogado animalista Luis Domingo Gómez acudió a una figura legal que permite que un litigante en un proceso en otro país le pida a la justicia estadounidense recopilar evidencia allí para ser trasladada al Tribunal donde se lleva a cabo el caso.
Al reconocer a los hipopótamos como “personas interesadas en dicho proceso”, la jueza magistrada del Estado de Ohío, Karen Litkovitz, permitió a los mamíferos interrogar a dos autoridades mundiales en megafauna, a través de un representante –el abogado Domingo– para que una vez recabada la prueba testimonial se pudiera trasladar al Tribunal de Cundinamarca donde reposa una acción popular desde marzo de 2020.
Lo que busca el abogado con esto es cerrar toda posibilidad de que el problema ecológico causado por estos invasores se solucione con su sacrificio, y en cambio exige a Minambiente, Cornare y Corantioquia que ejecuten sin más dilaciones un plan de esterilización que, según el accionante, controle su dañina expansión que afecta a comunidades humanas y ecosistema, contemplando, eso sí, el bienestar de los hipopótamos. En síntesis, pretende que la población total de hipopótamos sea ubicada y confinada dentro del Parque Hacienda Nápoles con garantías de que no se reproducirá más y con seguimiento veterinario.
Una declaración polémica
La prueba, conocida por EL COLOMBIANO, fue recabada en Ohío el 17 de noviembre y desde hace unos días está en manos del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel del Tribunal de Cundinamarca.
Recoge los testimonios del veterinario Richard Berlinski y la bióloga Elizabeth V. Berkeley, expertos en megafauna y miembros de la ONG Animal Balance, a través de la cual hicieron parte del “Plan de trabajo para la gestión de la fertilidad de los hipopótamos en el Magdalena”, que según los testimonios configura hasta ahora la propuesta más completa y viable para enfrentar los impactos ecológicos y socioeconómicos que esta especie está causando en la cuenca del Río Grande, y que según el abogado el Gobierno Nacional dejó enfriar sin justificación alguna.
En su declaración juramentada, Berkley certifica 30 años de experiencia como experta en reproducción de megafauna y 10 años al frente de investigaciones de anticoncepción de la fauna salvaje, concretamente en la fabricación de la vacuna PZP (antígeno de la zona pelúcida porcina) usada en los últimos 30 años en “miles de animales de más de 100 especies.
La bióloga declaró que su papel en el plan que propuso Animal Balance fue evaluar los métodos de control de la fertilidad utilizados anteriormente, incluyendo los empleados en otras especies, y hacer recomendaciones sobre cuáles utilizar.
En el escrito deja constancia que, basándose en consideraciones biológicas, ecológicas y sociales la conclusión es que la mejor vía para atender el problema de los hipopótamos del Magdalena es la esterilización con PZP, que desencadena un bloqueo molecular que impide que el esperma se una al óvulo, de modo que no se produzca la fecundación. Sentencia que “ningún otro método de control de la fertilidad actualmente para Ios hipopótamos tiene este nivel de seguridad”.
La declaración de Berkley, que termina expresando que es imperativo escuchar a todas las partes, es más concisa y también más neutral que la de su colega Richard Berlinski, quien certifica experiencia en el manejo de hipopótamos en cautiverio, elefantes africanos, jirafas y rinocerontes blancos.
Berlinski, cuyo papel en el plan de Animal Balance era capacitar a veterinarios locales en la identificación, sexado y procedimientos de esterilización de campo, relata que cuando se le “pidió por primera vez que ayudara a desarrollar una solución para el problema de los hipopótamos colombianos”, su reacción inicial fue: "simplemente sacrificándolos”.
Pero asegura que “después de investigar la parte integral de la economía y la cultura en la que se han convertido en esta zona, y cómo han enriquecido realmente tanto el medio ambiente como la economía de la región en la que habitan, me di cuenta inmediatamente de que esta era una visión imprudente y extremadamente miope del problema”.
Berlisnky aventura a declarar, además, que entendió que los hipopótamos se han vuelto muy importantes en la región, “especialmente” por su “contribución económica que hacen a esta zona”. Y que por tal razón supo que “era necesaria una solución más estable a largo plazo que no se limitara a eliminar a los hipopótamos del medio ambiente de forma permanente”.
Unos vecinos incómodos
El asunto es que la declaración juramentada de Berlinski contrasta con los testimonios de Daniela Cárdenas y Juan Aguirre, representantes de la comunidad en la vereda Las Angelitas, en Puerto Nare, que lleva años viendo como estos mamíferos alteran el territorio progresivamente.
El señor Aguirre narra que desde que estos animales se asentaron allí trastornaron completamente el oficio de la pesca, que nunca, hasta su llegada, tuvo restricción horaria y que en esa zona garantizaba siempre buenas faenas a los pescadores locales. Ahora, el temor de ser atacados les impuso un tiempo de faena de apenas unas horas. Esto, sumado a la amenaza que padecen especies como el bocachico y bagre rayado por los cambios químicos que estos mamíferos causan en el agua tienen a la fundamental pesca de subsistencia en el Magdalena Medio con un futuro incierto, lamenta el campesino.
Daniela, más joven que Juan pero igual de consciente de el problema, dice que a las comunidades que tienen que convivir con esta especie invasora no les han brindado la suficiente participación en espacios de toma de decisiones para sumar su voz. Las Angelitas, con apoyo de Corantioquia, ha sido una de las comunidades más propositivas, a la espera de que otras poblaciones se sumen a una comprensión activa del entuerto que enfrentan.
Mientras para Berlinsky los hipopótamos han contribuido al “enriquecimiento del entorno natural, asi como a la economía”, para los habitantes de Las Angelitas su presencia se ha traducido en daños que los exponen a inundaciones, en deterioro e infertilidad de suelos, afectaciones a proyectos productivos y hasta amenaza a la calidad del agua que surte a la zona, pues la contaminación causada por sus excrementos, diseminada por el Magdalena y las venas que lo nutren, llega hasta el río Cocorná, que abastece a nutridos asentamientos.
La joven advierte que es engañoso creer en las bondades del turismo con los hipopótamos como atractivo partiendo de lo que ocurre en los corregimientos de Doradal y Estación Cocorná, en Puerto Triunfo, donde gozan viendo pasear a estos animales por las calles y están prestos a montar en una canoa a los turistas para llevarlos donde están los animales. Y donde, de hecho, emana el tráfico de crías de hipopótamos (ver para saber más).
Alberto Martínez, quien habita desde hace 60 años el Magdalena Medio y trabajó en la Hacienda Nápoles en tareas de mantenimiento en el área que habitan, dice que la ambición por sacar algún lucro de estos animales les ha hecho creer a muchos en la región que es una salida económica viable y duradera.
Y reconoce que los menos entusiasmados con esa idea son los más viejos, precisamente porque han visto los estragos de actividades pensadas para el dinero rápido, como la extracción de madera, que han causado que el Magdalena Medio y su riqueza natural, otrora imponente, transite hacia el colapso. Martínez dice que no hay que ser un científico para entender que no hay manera factible de que esta especie se mantenga allí, incluso esterilizados, sin que el territorio sufra un daño irreversible.
Según el Instituto Humboldt, hasta 2017 el área que ocupaban los hipopótamos era de 1.915 km2 y podría expandirse a más de 13.000 km2, por lo que entender su relación con comunidades humanas acudiendo solo de lo que ocurre en algunas zonas de Puerto Triunfo ofrece una visión muy limitada.
Las respuestas que faltan
La esperanza de las comunidades afectadas está puesta en la estrategia de esterilización que adelanta Cornare con un medicamento experimental llamado Gonacon, donado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con el que esterilizaron este año a la mayoría del grupo principal, conformado por unos 50 ejemplares.
Si da resultado, ofrecería una solución temporal durante la próxima década, según David Echeverri, coordinador del Bosques y Biodiversidad de Cornare.
Es al Ministerio de Ambiente al que le compete asumir las soluciones integrales y definitivas. Pero a juzgar por su postura, el acual Gobierno podría marcharse sin ofrecer respuestas concluyentes frente a uno de los conflictos socioambientales más críticos.
El ministro de Ambiente, Carlos Correa, le dijo EL COLOMBIANO que para “tomar una decisión o hacer una acción” debían tener claridad de cuál es el problema. Lo inquietante de esta respuesta es que desde hace al menos una década la evidencia científica del problema obtenida por parte de universidades como el CES, U. de A., Javeriana; entidades como Cornare, Corantioquia; e institutos como el Humboldt es robusta y sólida.
Correa dijo que el primero de octubre pasado firmaron un convenio con el Humboldt que culminó el pasado viernes para hacer georeferenciación y determinar cuántos hipopótamos hay, “y en enero estaremos revisando y determinando las decisiones que se deben tomar con respecto a los hipopótamos”, concluyó.
En cuanto al proceso jurídico, el magistrado debe resolver primero una medida cautelar que pide prohibir a cualquier entidad o persona en Colombia tomar la decisión de sacrificar estos animales, hasta tanto la justicia no resuelva de fondo. Luego vendrá la etapa probatoria en la que el abogado Luis Domingo espera que el magistrado pondere los testimonios y las posibilidades de manejo que estos exponen.
El abogado Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia, advierte que esta prueba testimonial no tiene valor pericial, y que en lugar de aportar argumentos de peso provoca un ruido innecesario alrededor del conflicto.
El abogado Gómez piensa, en cambio, que en el peor de los casos la inclusión de un mecanismo jurídico estadounidense sirve para que el mundo se entere que por cuenta de la inacción del Estado colombiano, decenas de comunidades y ecosistemas fundamentales están metidos en problema colosal .
10
años podría funcionar la esterilización experimental que se le aplica actualmente.
