El incumplimiento de unos salarios atrasados a un extrabajador de una entidad privada podría haber dejado al descubierto una subcontratación que se habría dado en la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín (ESU), atrasando uno de sus más importantes proyectos.
El asunto se remonta al 19 de enero de 2022 cuando la Secretaría de Innovación Digital de Medellín y la ESU acordaron modificar el convenio interadministrativo 46000900-78 —por valor de $10.000 millones— para iniciar la actualización de la gestión documental y archivística en 13 secretarías y entidades adscritas al Distrito de Medellín.
Para ello, la ESU celebró el contrato 202200183 con la empresa OSP International Cala S.A.S., el 24 de mayo de 2022. Este fue pactado en poco más de $823 millones para hacerse en casi siete meses hasta el 31 de diciembre. Un primer pago del 15 % se haría a los 1,5 meses, un segundo pago del 70 % se haría cuando ajustara cuatro meses.
¿Demoras injustificadas?
Aquí entra la Corporación Antioquia Responsable, que a su vez fue subcontratada por OSP para dicha tarea, contó el exasesor jurídico del proyecto de actualización John Jairo Serna. Sin embargo, según el abogado, desde casi el principio la corporación tuvo retrasos en el proyecto.
“Mi contrato comenzó el 1 de junio de 2022 y desde el inicio noté que el líder que tenían no iba bien con su direccionamiento. Luego fue reemplazado por otra líder que desde que llegó hizo cambios que retrasaron el proyecto. Se pasó de 15 preguntas para encuestar a los archivistas a 75”, añadió.
Aparte de las demoras, el exasesor dijo que en julio pasado lo llamó el subdirector de Antioquia Responsable para pedirle que, aparte de la asesoría legal, debía sumarse al equipo de encuestadores, pese a que eso no estaba pactado en su contrato. “Cuando vi el formato entendí los retrasos, porque ni los archivistas lo entendían. Aun así Antioquia Responsable quería mostrarle a OSP y a la Alcaldía unos resultados imposibles, porque la corporación no sabía cómo coordinarse para que avanzaran”.
Otro asunto que incomodó al abogado fue que el pago de sus honorarios comenzó a retrasarse. Aunque su contrato por $30 millones iba hasta el 31 de diciembre de 2022, Serna dijo que en agosto se frenaron los honorarios mensuales por $6 millones, supuestamente porque el proyecto apenas iba en un 45 % y a él ya se le había desembolsado el 60 % de lo pactado. Sin embargo, Serna, confiando en la promesa de que le pagarían los $12 millones adeudados, trabajó el resto del año, dijo, en jornadas de casi 18 horas.
“El 22 de diciembre la plana mayor de Antioquia Responsable reunió a todo el equipo y nos dijo que no habría más pagos y que tampoco nos iban a entregar el resto de lo que nos debían porque no se alcanzó el porcentaje esperado del 80 % en el proyecto. Yo les dije que era la cosa más ilógica del mundo porque plata había, nunca paramos y seguimos produciendo resultados”, dijo Serna.
El abogado señaló que el 29 de diciembre Antioquia Responsable le notificó que para finiquitar el contrato anterior y hacerle uno nuevo para trabajar en 2023 debía firmar un acta en la que desistía de cobrar la deuda de $12 millones. Serna se negó.
“En enero me llamó otra compañera diciéndome que coaccionaron a otros de los 18 trabajadores del proyecto a firmar el acta. Muchos aceptaron porque ya tenían deudas. El que menos perdió, perdió $4 millones”, dijo.
Aquí viene una de las cosas más delicadas de este embrollo, pues otro asunto que habría descubierto Serna, y que constituye una grave denuncia, es que ni OSP ni Antioquia Responsable le habrían avisado a la ESU sobre la subcontratación, pese a que las normas los obligaban y más dado el monto del contrato (ver recuadro). Además, según el abogado, el contrato pactado le resultaba demasiado oneroso. “Esa actualización se pudo haber hecho con cerca de $400 millones. Tal vez con la subcontratación es que sube tanto de precio”, añadió.
Prorrogaron el contrato
El abogado llevó sus graves acusaciones hasta la Alcaldía. Allí, comentó, mostraron sorpresa por las implicaciones legales que esto podría tener, ya que en la Alcaldía no sabían nada de la subcontratación de Antioquía Responsable, sin embargo del Distrito lo remitieron a la ESU, quien fue la firmante con OSP. Allá, afirmó, lo atendió el subgerente de Servicios Mauricio Patiño —también supervisor del contrato entre la ESU y OSP—. Este habría quedado “frío” con lo expuesto por el abogado.
EL COLOMBIANO contactó a Antioquia Responsable y a OSP Cala para conocer su versión de los hechos ante esta denuncia. Los voceros indicaron que responderían más adelante. Igual sucedió con la ESU para conocer los alcances de la misma —dadas las irregularidades mencionadas—, pero al cierre de la edición no había respuesta.
Al indagar sobre la actividad de Antioquia Responsable registra 44 contratos públicos, varios de ellos asignados de forma directa y por cientos de millones. De hecho, al mismo tiempo que estaba vinculada al proyecto con Medellín, ejecutaba cinco contratos con las alcaldías de Sabaneta y La Ceja. ¿Justificaría esto las demoras?
Pese a las denuncias hechas por el abogado Serna, en los registros públicos aparece que OSP obtuvo una prórroga para ejecutar el contrato hasta junio de 2023. Mientras tanto, Serna batalla para que le paguen el dinero adeudado.
Había que avisar la subcontratación
El Decreto 092 del 2017 estableció que si bien la contratación para labores pagadas con dinero público sí pueden ser subcontratadas, en su artículo 7° señala que el contratista del Estado (en este caso OPS) deberá entregar a la Entidad del Estado (la Alcaldía) la información relativa a los subcontratos que realice tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este. Dicha información es la representación legal de la entidad con quien contrató y la información de los pagos respectivos. Según lo indicado por la ESU, dicha situación no fue avisada en su momento.
