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Las cuentas de los desaparecidos durante el paro en Medellín
Las cifras de la Alcaldía y la Defensoría no concuerdan. Estas son las acciones que se implementarán.
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ilustración Elena ospina
06 de mayo de 2021
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El pasado martes, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Medellín emitieron, por separado, reportes en los que alertaron sobre la desaparición de manifestantes en el marco de las protestas por el paro nacional. Con dos estimados diferentes, ambas entidades indicaron que algunos ciudadanos perdieron contacto con sus seres queridos durante la jornada, que comenzó el primero de mayo.
La primera institución en emitir un estimado fue la Defensoría, que a través de un comunicado sostuvo que al menos 87 personas fueron reportadas como desaparecidas en todo el país. La mayor parte de los reportes de ese órgano estaban concentrados en Valle del Cauca (con 36 denuncias), Bogotá (18) y Medellín aparecía en esa lista con cuatro desaparecidos.
No obstante, la Alcaldía de Medellín estimó un número mayor. A través de un trino en su cuenta de Twitter el 3 de mayo, la entonces secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, reportó 43 casos. “Seguimos con la ruta de búsqueda urgente de 32 personas. Ya 11 jóvenes aparecieron y están con sus familias. No paramos de proteger los derechos de los ciudadanos”, escribió la funcionaria.
Por estas alertas, la Alcaldía desplegó una estrategia de búsqueda con carteles virtuales en los que se difundieron las fotografías de los presuntos desaparecidos y se instó a los ciudadanos a comunicarse con líneas de atención, pero aún no es claro cuántas personas permanecen desaparecidas y por qué los consolidados oficiales no cuadran.
Documentar los casos
William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín, advirtió que pese a los reportes de la Alcaldía, el organismo que lidera no ha logrado comprobar de forma independiente la veracidad de las denuncias sobre desapariciones.
“Toca ser muy prudentes con el tema y no decir cifras de desaparecidos sin que se hagan las verificaciones”, dijo, advirtiendo que la Personería hizo un llamado a la Alcaldía para tener más cautela con la publicación de listados, luego de documentar casos de personas que fueron incluidas allí y que fueron encontradas en sus casas y atestiguaron no haber participado en las protestas.
Para conocer la metodología bajo la cual la Alcaldía afirmó que en la ciudad había 43 casos de desaparecidos, este diario envió un requerimiento a la Secretaría de la No Violencia, entidad encargada del tema luego de la renuncia de la secretaria Gómez. No obstante, al cierre de esta edición el secretario Juan Carlos Upegui no había respondido.
Pese a la falta de datos precisos, Vivas Lloreda aclaró que el problema no puede descartarse, ya que ese organismo sí ha documentado presuntos abusos por parte de miembros de la Fuerza Pública, que deberán ser investigados.
Carlos Arcila, secretario general de Human Rights International, detalló que hasta el pasado martes esa organización documentó al menos 69 reportes de personas presuntamente desaparecidas en el Valle de Aburrá. De acuerdo con los análisis de esa Ong, en algunos casos se asociarían a personas que habrían sido detenidas por la Fuerza Pública y luego trasladadas a centros de paso, en donde perdieron contacto con sus seres queridos por algunas horas.
Arcila alertó que algunas denuncias han evidenciado otras prácticas, en las que algunos manifestantes habrían sido retenidos en vehículos oficiales por más de un día y sometidos a malos tratos. Así mismo, detalló que esa organización documentó otros casos en los que las retenciones estarían asociadas con actividades de grupos ilegales, principalmente en Envigado y Bello, en donde algunos manifestantes pudieron ser intimidados por presuntos integrantes de “La Oficina” y “Los Pachelly”.
Frente a este último punto, EL COLOMBIANO conoció el testimonio de uno de los jóvenes que estuvo desaparecido, quien aseguró haber sido intimidado por miembros de un grupo ilegal con presencia en el barrio Moravia, que lo amenazaron mientras huía de un choque entre manifestantes y la Fuerza Pública, ocurrido el pasado fin de semana.
Según sostuvo el joven, quien pidió que su identidad fuera reservada, perdió contacto con sus personas cercanas por más de 24 horas. Luego de ser retenido por varios organismos de seguridad del Estado y ser sometido a golpizas fue liberado en el norte del Aburrá.
Aunque este diario se puso en contacto con la Policía para conocer su versión sobre esa clase de episodios, la institución se abstuvo de emitir un pronunciamiento específico, argumentando que sin conocer la identidad de la víctima no podría establecer la veracidad de lo ocurrido.
“Si se han presentado presuntos abusos de autoridad (invitamos a los ciudadanos a) hacerlos llegar a los órganos de control o al Comando de la (Policía) Metropolitana, para adelantar las investigaciones disciplinarias en el marco del debido proceso”, expresó el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana.
El contexto legal
Frente a esta clase de denuncias, el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia Capítulo Antioquia, explicó que dependiendo del contexto en el que los manifestantes son detenidos se determina el tiempo máximo durante el que pueden ser retenidos.
En el caso de ser detenidos para la imposición de un comparendo por violación al toque de queda, un manifestante podría ser retenido máximo hasta seis horas.
En caso de estar bajo el influjo de una sustancia psicoactiva, agregó, ese tiempo podría extenderse hasta 12 horas.
Y en el caso en que la persona sea detenida para ser judicializada, las autoridades tienen un plazo de hasta 36 horas para presentarla ante un juez de control de garantías para el inicio de un proceso.
Mientras en el primer escenario, aclaró, la persona no puede ser privada de ninguna de sus pertenencias, como dinero, celular y documentos, en el segundo escenario sí podría ser privada de su celular, en caso de que las autoridades lo consideren como un elemento probatorio.
“Estamos en medio de una conmoción política, sin embargo, el Estado se lo tiene que tomar en serio y activar todos los protocolos para la búsqueda”, planteó Trespalacios.
Ruta de búsqueda
El Fiscal General, Francisco Barbosa, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, instalaron ayer una mesa interinstitucional para informar sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones.
Un equipo de fiscales y policía judicial del CTI, la Dijín y la Sijín recaudará material probatorio que permita esclarecer los hechos reportados. Igualmente, un delegado de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará encargado de que las personas reportadas como desaparecidas queden en el registro nacional.
La Defensoría, por su parte, activó una ruta de búsqueda que consistirá en visitar Medicina Legal, Unidades de Reacción Inmediata, estaciones de Policía, centros de protección por traslado, hospitales y clínicas. Cada día se generará una lista con los hallazgos
36
horas como máximo puede ser retenida una persona que vaya a ser judicializada.
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