Doce exmiembros de la junta directiva de EPM publicaron este lunes una carta en donde le pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos aclarar si EPM podría estar a las puertas de una intervención administrativa por parte del Gobierno Nacional, a raíz del riesgo de un retraso irreversible en la construcción de Hidroituango y la rebaja en las valoraciones crediticias que ha sufrido la empresa por parte de las calificadoras de riesgo durante los últimos meses.
El pronunciamiento se produce una semana y media después de que la Veeduría Todos Por Medellín formulara un derecho de petición ante esa dependencia del orden nacional, en el que le pidió emitir un concepto ante ese y otros interrogantes.
A través de un documento de 17 páginas, firmado el pasado 11 de noviembre, esa organización ciudadana hizo un recuento detallado del ruido en torno a un eventual cambio de contratistas en Ituango.
Citando desde las posibles empresas interesadas, hasta el riesgo de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspenda la financiación del megaproyecto, la veeduría solicitó a la superintendencia aclarar si tiene algún análisis sobre el impacto que podría traer para el sector energético la “pérdida de los contratos de energía en firme para EPM” y la no entrada en operación de la central hidroeléctrica.
Así mismo, la veeduría le pidió a la Superservicios explicar si tiene algún análisis sobre los impactos que ha traído a EPM sus problemas en el gobierno corporativo y la rebaja en su calificación crediticia.
Bajo ese y otros riesgos, finalmente, la veeduría solicitó aclarar que asidero normativo tendría un escenario en el que el Gobierno Nacional asuma el control de la compañía pública, mediante una toma de posesión.
“Informar si (...) por el deterioro del Gobierno Corporativo, (...) así como el impacto que tal situación ha tenido en la buena marcha del proyecto Hidroituango, la Superintendencia a su cargo anticipa que tal situación pueda dar lugar a la acción administrativa de Toma de Posesión de la Empresa, en los términos señalados por el artículo 121 de la Ley 142”, se lee en las páginas 10 y 11 del documento, firmado por la líder de la veeduría Piedad Patricia Restrepo.
A raíz de esta solicitud, que aún no ha sido contestada, los doce exintegrantes de la junta directiva de EPM instaron tanto a la Superservicios como al Gobierno Nacional a responder con la mayor celeridad posible a esos interrogantes, advirtiendo en que en caso de que EPM esté vulnerando sus estatutos se estaría poniendo en riesgo la estabilidad energética del país.
La carta fue firmada por Carlos Guillermo Álvarez Higuita, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Jesús Aristizábal Guevara, Tatiana Aristizábal Londoño, Andrés Bernal Correa, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Claudia Jiménez Jaramillo, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa, Elena Rico Villegas y Carlos Raúl Yepes Jiménez.
