La Gobernación de Antioquia demandará ante el contencioso administrativo un acuerdo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, porque el organismo presuntamente se extralimitó en su competencia al ordenarle al Metro de Medellín que prestara gratis el servicio, del 1 al 6 de abril, durante las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., en el marco de una contingencia atmosférica que se vivió en esta parte del país.
Así lo anticipó a este diario el mandatario seccional, Luis Pérez Gutiérrez, quien afirmó que el Área Metropolitana está facultada para fijar las tarifas de la empresa de transporte masivo, pero, en su criterio, no lo es para ordenarle la gratuidad en el servicio.
La presunta transgresión a las normas se habría presentado con el Acuerdo Metropolitano 001, del 31 de marzo de 2016. Allí se autorizó la exoneración del cobro de la tarifa o tarifa cero a los usuarios del metro, el metrocable y el sistema integrado de transporte durante los citados días, en virtud de una decisión que, según el director del Área, Eugenio Prieto Soto, fue aprobada por unanimidad por los 10 alcaldes que conforman el organismo.
Pérez Gutiérrez destacó que la Junta del Metro de Medellín, a la que él asiste, no fue informada con antelación del asunto. Por eso, en la sesión de la semana anterior, él ventiló sus reparos, los mismos que fundamentó en la obligación de la Gobernación de velar por la institucionalidad y la seguridad jurídica.
Pérez reconoció que en la noche anterior a la entrada en vigencia de la medida habló con el alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, al que le ofreció su apoyo frente a las medidas que se tomarían para conjurar la contingencia atmosférica. Sin embargo, cuando recibió copia del Acuerdo 001 expresó abiertamente sus objeciones a Gutiérrez y a Prieto Soto.
Mauricio García Quiroz, secretario General de la Gobernación de Antioquia, y Carlos Arturo Piedrahíta, subsecretario Jurídico, indicaron que las normas presuntamente violadas fueron la Ley 86 de 1989, modificada por la 1573 de 2015, relacionadas con las tarifas sostenibles que deben cobrar los sistemas de transporte, y la Ley 336 de 1996 que ordena hacer estudios de costos para fijar las tarifas.
Por considerar que el Área “está creando un precedente antijurídico”, la Gobernación puso el hecho en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría. Arguye que la tarifa cero puede causar un daño patrimonial al Estado y como no funcionaron las alertas tempranas para revocar el Acuerdo 001, “la Secretaría General del Departamento iniciará los medios de control de nulidad del Acuerdo con las consecuencias jurídicas fiscales, disciplinarias o penales que se puedan derivar”.
