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Control fiscal no se detuvo por capturas: contralora

Una abogada rige los destinos de la Contraloría mientras avanza el concurso para elegir el próximo titular del despacho, que llega en enero.

  • La contralora de Antioquia, de 32 años de edad, estará en el cargo hasta enero, cuando tome posesión el sucesor.FOTO Edwin Bustamante
    La contralora de Antioquia, de 32 años de edad, estará en el cargo hasta enero, cuando tome posesión el sucesor.
    FOTO Edwin Bustamante
04 de noviembre de 2019
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Un manto de dudas sobre la transparencia del control fiscal en Antioquia se tendió en agosto de este año, cuando la Fiscalía capturó al contralor Sergio Zuluaga; su subcontralor, Rubén Darío Naranjo, y tres contralores auxiliares: José Hernando Duque, Dioner Andrés Ortiz y Gabriel Jaime Castaño.

Durante el operativo y las audiencias preliminares —que terminaron con la libertad de los capturados, decisión que fue apelada por el ente acusador— se hicieron públicos varios audios que, según la Fiscalía, dan cuenta que en la Contraloría General de Antioquia (CGA) existía una red de corrupción en la que se intercambiaban favores políticos o dinero a cambio de ocultar hallazgos penales o fiscales.

En medio de la crisis una mujer asumió las banderas de la entidad: la abogada Diana Carolina Torres García, quien desde febrero de 2016 se desempeñaba como Contralora Delegada y que hoy lidera la vigilancia a 121 municipios con sus entidades (462 sujetos de control, donde están excluidos Medellín, Bello, Envigado e Itagüí, pues tienen sus propias contralorías).

EL COLOMBIANO habló con ella sobre la crisis y la situación actual de la entidad.

¿En qué momento asume usted la Contraloría?

“Fue el 22 de agosto de 2019”.

Un momento complicado para la entidad (las capturas fueron un día antes). ¿Qué le dijeron en la Asamblea y en la Gobernación?

“Sí, me imagino que fue un tema más nacional. Como entidad obviamente nos vimos afectados pero yo creo que la decisión que se tomó en ese momento fue proteger la institucionalidad y eso es lo que hemos seguido haciendo”.

¿Cuál ha sido su recorrido antes de llegar acá?

“Soy abogada de la UPB, especialista en Derecho Comercial y en Gerencia Pública; y tengo una maestría de Esumer en Negocios Internacionales. Trabajé en la Contraloría General de la República (CGR) como contralora provincial, fui la presidenta de la Colegiatura de la CGR. Trabajé también en Maná como directora de convenios y cooperación internacional y fui secretaria de despacho en el municipio de Envigado en el área de Equidad de Género (2012)”.

Afuera las capturas causaron conmoción. ¿Cómo se vivió eso adentro?

“Los primeros días fueron muy duros porque evidentemente uno se ve afectado, pero hicimos una reunión con todos los funcionarios y tomamos la decisión de continuar. Estamos tranquilos, trabajando con ganas, empeño y pasión”.

Con esas capturas salieron tres contralores auxiliares. ¿Cómo se reorganizaron para suplir tantas vacantes?

“Lo que hicimos fue garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos. Entonces hubo unos ascensos de profesionales universitarios que son gente de carrera que lleva muchísimos años en la institución y conocen todo el proceso”.

Eso podría tomarse como un mensaje de respaldo a la meritocracia...

“Sí, y de tranquilidad. Porque traer a alguien de afuera, aunque fuera muy experto, no iba a ser lo mismo, pues le tomaría más de un mes conocer los procesos, ¡y no estábamos con el tiempo de darnos ese lujito! Hicimos algo adecuado y motivador para los funcionarios de la institución”.

¿Qué están haciendo para que no se repitan los posibles errores?

“Nosotros venimos haciendo desde hace algún tiempo unas estrategias relacionadas con un plan anticorrupción. Ahora, más que todo para calmar la gente y evitar más comentarios, hicimos una reorganización institucional: un reparto de auditorías por balotas y algunas medidas que hacen más transparentes los procesos, sin decir que no lo fueran”.

¿Cómo es eso de auditorías por balotas?

“Cuando vamos a mandar a los auditores a algunos municipios, normalmente se hacía usando algunos criterios de quién debía coordinar. Era como cumplir los requisitos mínimos para cada municipio, pero eso se podía prestar para que la gente dijera ‘¿pero por qué mandaron a este?’. Ahora lo hacemos con balotas; es decir, a la suerte y el que cayó, cayó. Se hace un sorteo para cada ciclo”.

¿Hubo algo urgente
por corregir?

“Hicimos un plan de contingencia en el proceso de auditoría integrada. Normalmente nosotros las terminamos el 20 de diciembre para entregar informes entre enero y febrero. Pero como viene un cambio de administración no queremos dejar pendientes y el plan es que el 20 de diciembre estén todos los informes listos”.

¿Hay algún ‘mea culpa’ sobre lo que pasó?

“Lo primero es esperar qué dicen las autoridades competentes sobre esos temas que están en investigación y de los que nosotros no tenemos ese conocimiento. Cuando pasa algo así, los demás empleados o funcionarios no tienen manera de enterarse porque es algo muy de cada persona, sin entrar a pronunciarme si ellos hicieron o no, porque no tengo conocimiento y tampoco somos los competentes”.

Mientras hay fallos judiciales, ¿se revisarán las auditorías cuestionadas?

“Nosotros continuamos con nuestra labor, esperamos instrucciones de las autoridades competentes por si hay que hacer alguna revisión más adelante”.

¿Cómo se garantiza que esa auditoría sea transparente?

“Nosotros hemos invertido mucho tiempo y recursos en todo el tema de capacitación integral, tanto en principios y valores como en la dignidad de ser un servidor público. Así mismo acompañamiento en toda la parte técnica: el conocimiento de las normas de ingeniería, de contratación, de gestión, para que todos sean idóneos para hacer las visitas en campo y cumplan los objetivos”.

¿Cuáles son esos objetivos?

“Este año se nos cumple nuestra misión y visión institucional. La visión es que en 2019 debemos ser líderes en procesos de control fiscal y ambiental en todo el país. Tenemos que terminar de consolidarnos, lo hemos venido logrando y hemos sido ejemplo para todas las demás contralorías. Hoy tenemos un sistema de gestión transparente que es donde registramos la información para que sea pública y que los municipios hagan su rendición de cuentas. Ese sistema lo replicaron la mayoría de contralorías del país. Y hacemos capacitaciones con contralores de todas partes”.

¿A quiénes les han dado esas enseñanzas?

“Hicimos un convenio donde prácticamente todas las contralorías del país vinieron, empezamos hace unos 3 años. Más que todo han sido capacitaciones en auditoría ambiental porque en este período hemos hecho mucha fuerza en esos procesos, que antes no estaban muy establecidos por la ley”.

¿Cómo explicar que una Contraloría quiera ser líder nacional en control fiscal, pero cinco de sus integrantes estén cuestionados por la justicia?

“Somos 321 funcionarios, la mayoría gente de carrera que lleva muchos años en la institución, que la aman, y que hacen el trabajo muy bien. Es un tema muy de las personas. Nosotros respetamos mucho las decisiones de la Rama Judicial y es ella la que debe determinar qué fue lo que ocurrió en esos casos”.

Antes de ser Contralora, ¿cómo era su relación con Zuluaga y Naranjo?

“Nosotros éramos un equipo de trabajo, teníamos una relación laboral sin problemas”.

¿Ha vuelto a hablar
con ellos?

“No, desde el día que salieron de acá no he conversado con ellos”.

¿Recibió alguna indicación de parte del Gobernador?

“No. Él ha sido muy respetuoso con la gestión”.

¿Y de la Asamblea?

“Yo he recibido todo el respaldo, no de manera personal como Carolina, sino que siento que los diputados están comprometidos con el buen rumbo de la Contraloría”.

¿Se presentó al concurso para elegir nuevo contralor?

“No. No lo tenía en el radar”.

Hay otro concurso en dos años. ¿Lo tendrá en el radar?

“Vamos a ver. Después tomaré decisiones de vida. Apenas termine la administración me retiro de la institución, lo que será máximo hasta el 10 de enero”.

¿Cuál es el principal reto de quien la reemplace?

“Garantizar el bienestar de los funcionarios públicos (...) Fortalecer el tema de cobertura en las auditorías, que se ha ido incrementando del 46 al 98 % (no se logra el 100 % por las entidades que desaparecieron)”.

¿Siente que la imagen institucional de la CGA se vio debilitada este año?

“Yo me imagino que hemos tenido un bajón en la confianza institucional, pero no es algo solo de nosotros sino de muchas otras instituciones públicas que tuvieron inconvenientes judiciales este año. Pero estamos trabajando para recuperar esa confianza y hacerle entender a la gente que si bien las instituciones están conformadas por personas, el trabajo es de la institución y que seguimos con todas las ganas de hacer lo mejor por la comunidad. La CGA lo que hace es representar a la comunidad en el control y la vigilancia al manejo de los recursos que le pertenecen”.

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