Fueron 17 años en los que un grupo de empleados buscó justicia en los tribunales ante lo que consideró la cancelación injustificada de contratos laborales por parte de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA)—entidad pública de la Gobernación—que argumentó entonces una reestructuración de las finanzas públicas.
Pues el proceso judicial surtió las instancias legales, y la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 4782 de 2018 falló ordenando el reintegro inmediato de los 31 trabajadores despedidos en 2001, pagándoles salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la desvinculación.
Adriana Hernández, secretaria de Hacienda de Antioquia, confirmó la determinación de la Corte y dijo que estaba a la espera de conocer, por parte de la dependencia de Recursos Humanos, el monto de la indemnización y detalles del proceso para efectuar el reintegro.
Según Iván Jaramillo Jassir, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, las empresas pueden realizar despidos de sus empleados, desde que no haya acciones indebidas por parte del empleador que denoten, por ejemplo, presiones y que esas salidas no superen entre 5 y 30 % de la planta de trabajadores.
Por su parte, voceros del sindicato de la FLA comentaron que entre los 31 trabajadores cobijados con la medida de reintegro hay cinco en proceso de jubilación. Revelaron que los pagos que debe hacer la administración, con recursos públicos, están proyectados en $15.000 millones.
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