“¡Entonces borre todo el día!”: revelador audio probaría eliminación de pruebas del caso Buen Comienzo

El ente acusador expuso durante cuatro horas los argumentos para pedir la casa por cárcel contra la secretaria de Educación y otros dos procesados.

La fiscal 49 pidió medida de aseguramiento privativa de la libertad para que Agudelo y los otros dos imputados se aparten de sus cargos. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
Estudio de campo de la Fiscalía comparando los precios de Colombia Avanza y el costo de los precios mensuales reportados por el Dane.
Línea de tiempo de los hechos en los que la Fiscalía fundamenta el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Conversación en la que se habla de eliminar videos de cámaras de seguridad para, presuntamente, ocultar pruebas ante la inspección judicial del 15 de julio de 2021. FOTO CAPTURA DE PANTALLA

“Aquí estamos sacando todo, absolutamente todo, de todas las áreas que tienen que ver con otras empresas, pero las hijueputas cámaras están prendidas”. Esta frase se dijo en una conversación telefónica del 15 de julio de 2021, interceptada por la Fiscalía, en la que se estaría hablando de la alteración de pruebas una hora después que la Policía Judicial inició una inspección en una sede de la corporación Colombia Avanza, en medio de la investigación por presuntas irregularidades en contratación de Buen Comienzo y el PAE, que involucra a la Secretaría de Educación.

El audio fue uno de varios que presentó ayer la fiscal 49 durante la segunda audiencia contra la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, la exdirectora de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, todos imputados por cuatro delitos relacionados con dos contratos de 2020 y sobre quienes hoy pesa solicitud de casa por cárcel.

La diligencia de este lunes 13 de febrero, que terminó a las 7:54 de la noche y se retomará pasado mañana a las 2:30 de la tarde, estuvo marcada por la ampliación que hizo la fiscal sobre el material probatorio con el que cuenta para demostrar que los tres imputados son responsables de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.

Estudio de campo de la Fiscalía comparando los precios de Colombia Avanza y el costo de los precios mensuales reportados por el Dane.

Como ya se ha informado en este proceso, la presunta participación de las dos funcionarias y el particular está relacionada con dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor.

A los argumentos de la Fiscalía de que estos contratos habrían tenido irregularidades en la etapa previa a la adjudicación y en la fase de ejecución, se sumaron ayer elementos que dan cuenta de que también se habrían configurado acciones tendientes a ocultar o destruir pruebas para obstruir la investigación.

Parte del material presentado

Desde el comienzo de la audiencia, la fiscal aclaró que la medida de aseguramiento idónea para los tres procesados es la privativa de la libertad en sus residencia, con el fin de que no tengan facilidades de obstruir la investigación. Esto, porque Gómez sigue fungiendo como representante legal de Colombia Avanza, Agudelo como secretaria de Educación y Gil tiene un cargo en la Secretaría de Inclusión Social.

La fiscal manifestó que las presuntas actuaciones de Agudelo y Gil con los dos contratos mencionados, en su calidad de servidoras públicas, están enmarcadas en el típico caso de desviación de poder y de corrupción, pues habrían buscado que la corporación Colombia Avanza se quedara con los dos contratos.

Sobre Henry Paulison Gómez, representante de la corporación, la fiscal agregó que aunque se le imputaron los mismos delitos que a las dos funcionarias, su pena podría rebajar porque su presunta participación en los hechos no se dieron desde un cargo de administración pública.

Línea de tiempo de los hechos en los que la Fiscalía fundamenta el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Para demostrarlo, la fiscal presentó varios audios en los que conversaba personal de Colombia Avanza con terceros desconocidos, así como Gómez y Gil. También mostró publicaciones en redes sociales de Agudelo, así como imágenes y pantallazos de actas, facturas y otros documentos importantes del proceso.

Sobre el primer delito, celebración del contrato sin cumplimiento de requisitos globales, basado en el contrato 4600085185, la fiscal indicó que cuentan con cinco elementos que podrían constituirse en material probatorio.

Estos demostrarían que los tres imputados habrían actuado en acuerdo para diseñar el proceso contractual a la medida de Colombia Avanza. Según la fiscal, uno de los indicios es que cambiaron un requisito habilitante para los posibles oferentes: incluyeron la obligación de pertenecer al banco de oferentes del Icbf, al que Colombia Avanza ingresó solo en diciembre de 2019, dos meses antes de firmar el contrato.

El asunto se agrava porque la inclusión de este requisito no se habría publicitado de forma debida, por lo cual no hubo posibilidades de que más oferentes se presentaran. Además, indicó la fiscal, otros requisitos se habrían construido a la medida de Colombia Avanza, lo que implicó bajar las exigencias en experiencia, a lo que se suma que en el informe del Icbf este contratista quedó calificado con un bajo nivel, que lo habilitaba para suscribir contratos de hasta $720 millones, pero se le entregó uno por $17.000 millones que luego se amplió hasta más de $20.0000 millones.

Conversación en la que se habla de eliminar videos de cámaras de seguridad para, presuntamente, ocultar pruebas ante la inspección judicial del 15 de julio de 2021. FOTO CAPTURA DE PANTALLA

Incluso, una de las huellas que rastreó la Fiscalía es que Colombia Avanza habría convocado a madres, niños y niñas a matricularse antes de que se suscribiera el contrato, lo que en consideración del ente acusador, permite inferir que él sabía que se iba a quedar con el contrato.

El segundo delito, peculado por apropiación en grado de tentativa, sobre el mismo contrato, tiene que ver con la etapa de ejecución. Según la fiscal, Colombia Avanza no ejecutó el contrato, sino que subcontrató con otras dos entidades, al parecer, que formaban parte de su propio consorcio (la tesis de la Fiscalía es que esta corporación no es una organización sin ánimo de lucro como lo afirmó en el proceso contractual).

En este punto, la fiscal llamó la atención sobre que la corporación representada por Gómez no tendría la trazabilidad de la contabilidad de la ejecución del contrato, sino que las facturas las habrían generado los subcontratistas. Fueron algunas de esas las que habrían tratado de borrar.

El segundo contrato en investigación es el 4600085448, que también se firmó entre la secretaria Agudelo y Gómez, para la entrega de 220.578 paquetes de alimentación escolar. Entre algunas de las presuntas irregularidades, según la Fiscalía, están que la misma Agudelo propuso a Colombia Avanza como contratista idóneo, pese a que ni siquiera tenía una bodega con condiciones para cumplir el contrato.

De hecho, otras de las presuntas conductas delictivas es que el propio Municipio de Medellín le prestó, sin contraprestación alguna, una bodega al contratista para que ejecutara el contrato. Pero eso no es todo, además de prestarle la bodega, la administración le pagó dinero a la corporación por concepto de labores de habilitación de ese espacio, explicó la fiscal.

Además, entre los elementos más graves está que la secretaria Agudelo habría usado otro contrato con Plaza Mayor para incluir la entrega de los paquetes alimentarios; en este punto, la fiscal indicó que Plaza Mayor no tiene nada qué ver, pero que se utilizó para duplicar una tarea por la que se pagó doble.

Terminada la presentación de los elementos y los argumentos para solicitar casa por cárcel, los abogados defensores pidieron hasta el jueves para revisar 225 megas que tiene el expediente. Por lo pronto, la ciudadanía le pide que renuncie para que se defienda ante la justicia lejos de la administración pública .

Uno de los audios comprometedores

En la audiencia, la fiscal presentó los audios entre un integrante de Colombia Avanza con varias personas, en las que se conversa sobre posible alteración de facturas e, incluso, eliminación de evidencias de destrucción de material, como las mencionadas facturas.

Una de las conversaciones se dio a las 9:32 a.m. del 15 de julio de 2021 entre Carlos Mario Henao Cataño, quien tenía la responsabilidad de manejar los inventarios, coordinar eventos y logística en Colombia Avanza, y una mujer identificada como Astrid. Una hora antes había iniciado una inspección por parte de la Policía Judicial a la sede de Colombia Avanza ubicada en la calle 33 con carrera 66B con el fin de efectuar inspección al lugar.

Síntesis de la comunicación:

Astrid: ¿Ya sabe las buenas nuevas?

Mario: ¿Lo de la 33?

Astrid: Sí, ¿y lo que estamos haciendo aquí?

Mario: No.

Astrid: Aquí estamos sacando todo, absolutamente todo de todas las áreas que tienen que ver con otras empresas pero las hijueputas cámaras están prendidas.

Mario: Eso no hay problema, eso se puede apagar. Simón sabe.

Astrid: Necesito que borres ahorita los pedazos donde estamos sacando las cosas.

Mario: Eso no se puede borrar porque habría que borrar todo.

Astrid: Pero desde que llegamos estamos sacando cosas, entonces borre todo el día. ¿Simón nos puede pasar, él sabe?

Mario: No, él no sabe. No es todo el día, es que se tiene que borrar todo. Todo.

Astrid: ¿Entonces le digo a Simón que las apague, que él sabe?