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Antioquia comienza hoy una discusión que Medellín vivió hace más de 20 años: la de transformar la naturaleza jurídica de su principal fuente de ingresos, para ajustarse a la ley.
El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anunció que pedirá a la Asamblea facultades especiales por seis meses para convertir a la Fábrica de Licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado (Eice), de carácter 100 % público pero independiente del aparato gubernamental de la región.
Eso en cumplimiento a un fallo de 2018, emitido por el Consejo de Estado, en el que se exhorta a la Gobernación “para que dentro del término de dos años (...) realice los trámites pertinentes ante la Asamblea para que la FLA adopte la organización y estructura jurídica que corresponde al desarrollo de las actividades industriales y comerciales que lleva a cabo”.
Ese debate, aunque en un negocio distinto, ya se dio en Medellín entre 1995 y 1997. En ese momento una ley (la 142 de 1994) obligó a las empresas de servicios públicos domiciliarios a convertirse en sociedades de economía mixta por acciones. Eso significó que EPM, para entonces una dependencia de la administración, tuviera que convertirse en una Eice.
Mauricio Restrepo Gutiérrez, gerente de la empresa para la época, contó que la discusión fue larga y en ella participaron sectores económicos, empresarios, académicos, gobernantes y ciudadanía.
Las conclusiones quedaron consignadas en el Acuerdo Municipal No. 69 de 1997, con el que nació oficialmente Empresas Públicas de Medellín, y se definió como una empresa industrial y comercial del Estado, de propietario único y de orden municipal, que se rige por el derecho privado, salvo en las excepciones contempladas en la ley.
“La decisión fue acertada. El Municipio nunca perdió plata y salió favorecida porque el patrimonio se ha fortalecido, los negocios se extendieron a otros países y las transferencias siguen llegando a la ciudad”, contó Restrepo.
La de Antioquia es la única licorera del país que no funciona como Eice, sino como parte del aparato de gobierno regional. Eso significa que opera como una dependencia de la Secretaría de Hacienda aunque tiene su propia sede, su propio gerente y una estructura de mercadeo autónoma.
Y a pesar de que destila y vende licores, no tiene NIT propio (factura con el del Departamento) ni cuentas bancarias separadas.
Juan Guillermo Usme, secretario Jurídico de Antioquia, explicó que en el fallo del Consejo de Estado y en otros conceptos judiciales se habla de un estado de inconstitucionalidad de la FLA por esa estructura. Por eso, dijo, desde el pasado 1 de enero se pidieron conceptos jurídicos y se analizaron los estudios hechos por la pasada administración para definir cuál sería el mejor camino para la empresa.
“Nos hemos basado en conceptos de Jorge Octavio Ramírez, expresidente del Consejo de Estado, y Jorge Iván Restrepo, expresidente de la Corte Constitucional, además de los conceptos de personal interno especializado de la Gobernación. Pensamos que las normas legales deben servir para afianzar la labor de la FLA como una empresa industrial (Eice) 100 % pública”, declaró.
Aunque al cierre de esta edición el proyecto de ordenanza seguía en revisión y análisis final por parte del equipo jurídico de la Gobernación y la FLA, para su radicación al mediodía en la Asamblea, EL COLOMBIANO pudo establecer que la propuesta, además de crear la Eice, incluye dejar los principales activos de la empresa como propiedad de la Gobernación.
En este caso, confirmó el gobernador Suárez, las marcas y sedes, incluyendo la planta ubicada en el sector de La Aguacatala, seguirían siendo propiedad del Departamento.
Este modelo también se aplicó en EPM. “El Edificio Inteligente pasó a ser propiedad del Municipio y hoy EPM le paga un arriendo por su uso”, contó el exgerente Restrepo. En 2019, según la empresa de servicios públicos, el valor de ese arrendamiento era de $40.366 millones anuales.
Fuentes oficiales confirmaron que esa división de las propiedades también permitirá que el pago de impuestos al gobierno central sea menor, con lo que el impacto para las finanzas regionales también se reduciría.
Según cálculos oficiales conocidos por este diario, la separación de la FLA de la secretaría de Hacienda implicaría que los ingresos que la empresa tenga por operaciones comerciales ($571.580 millones estimados para 2020) no sean considerados como ingresos corrientes de libre destinación. Pero los gastos y costos de la empresa ($227.295 millones en operación y $11.883 en personal estimados para 2020) tampoco serían gastos de funcionamiento del Departamento.
“Al poner en la balanza esas pérdidas y ganancias, y considerando que la empresa le apuntará a un nuevo mercado (cannabis medicinal) y más líneas de producto, la conclusión es que convertir a la FLA en una Eice es viable porque se siguen cumpliendo indicadores de endeudamiento y eficiencia fiscal contemplados en la Ley 617, y además se gana competitividad en un mercado como el de los licores, que tiene empresas privadas muy grandes”, dijeron las fuentes .
Periodista. Amo viajar, leer y hacer preguntas. Me dejo envolver por las historias.