Dos semanas después de la renuncia en pleno de la junta directiva (11 de agosto), se definieron anoche los ocho miembros del órgano de administración y decisión de EPM. A propósito del presente de la empresa, conversamos con el gerente de Álvaro Guillermo Rendón sobre la reclamación por Hidroituango, la matriz de riesgo de esa decisión, pago de seguros, obras del proyecto y pronunciamiento de empleados y el sindicato Sinpro.
El alcalde anunció que ahora llevará la reclamación por Hidroituango a la nueva junta, ¿en qué términos se discutirá esa decisión?
“Lo anunciado por el alcalde es de respeto por la junta directiva que se instala, que debe conocer a profundidad lo que es el debate jurídico y la matriz de riesgo que fue diseñada por la junta saliente. Es para actualizar a la junta sobre el particular. Lo de si sigue o no, tiene una explicación jurídica: nosotros no planteamos desde el principio una demanda, sino que apelamos a una conciliación. Lo hicimos para que hubiera un escenario para hablar con las partes hechos, pretensiones y pruebas. Tenemos tiempo para que la junta haga un mejor examen durante los tres meses estimados para la conciliación”.
Usted nos dijo que la junta no era competente para tomar decisiones frente a la defensa jurídica de la empresa y que por eso no se presentó la conciliación en junta, ¿por qué ahora sí?
“No se están cambiando las reglas de juego. Primero, es de natural cortesía informarle a la junta los detalles de la conciliación como está planteada y no representa devolver a la junta una competencia porque no la tiene. Si en el marco de la conciliación se plantearon alternativas de solución de conflicto o del debate jurídico que conduzca a cosa juzgada, la junta si tendrá que ser la que diga si acepta las propuestas. Es cosa distinta el escenario de la conciliación y la demanda que sería el escenario subsiguiente a una conciliación fallida”.
¿Existe una matriz de riesgos frente a esta reclamación por Hidroituango?
“La matriz claramente la diseñó la misma junta saliente, desde 2018 se venía trabajando en ello. Recogimos ese ejercicio y lo enriquecimos, el sustento de esa matriz está totalmente dominado por un análisis de la junta saliente y ahí está contemplado el escenario de la conciliación. La otra opción era no demandar. Pero esos son detalles que están en esa matriz y no los puedo precisar. Para conocer esos detalles tendría que ser por solicitud de una autoridad judicial”.
¿Pero cómo se entiende que en la carta de renuncia de la junta digan que no conocieron matriz de riesgo y usted ahora nos dice que fue constituida por ellos?
“Sin duda, está allí. Tengo que circunscribirme a lo que está allí en el desarrollo de esas reuniones y que están soportadas en actas. Pero no puedo enfatizar en ello porque esas actas serán inspeccionadas cuando llegue el momento ante las autoridades”.
Fitch dice que EPM espera recibir este año entre USD 100 y USD 200 millones del seguro. Ustedes llamaron a conciliación Mapfre, ¿esto pone en riesgo el pago de esos seguros?
“De ninguna manera. Mapfre dejó saber por escrito que se sometería a una conciliación, porque eso no riñe con la cláusula compromisoria que permitiría, ante una eventual diferencia, convocar a un tribunal de arbitramento. Lo uno no se opone a lo otro”.
Cuéntenos sobre el equipo jurídico que los asesora en esta reclamación, ¿qué firma es, cuántos abogados son y cuánto cuesta?
“La redacción de la conciliación fue una acción del vicepresidente jurídico. La organización siempre tiene abogados interdisciplinarios de alto nivel que seguro fueron consultados, pero fue toda una construcción propia”.
Pero usted en el anuncio de la reclamación mencionó una firma de abogados...
“Es una firma asesora con la que cuenta la organización para temas jurídicos y estamos apelando a ella porque conoce las dinámicas internas. Se llama Baker McKenzie”.
¿Cuánto cuesta?
“Es un contrato abierto, ellos no han planteado sus honorarios. Lo hacen en el momento en que tengan que actuar y lo harán cuando llegue la primera audiencia de conciliación”.
¿Cuál es el papel del exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal Pulido?
“No, ninguno. Simplemente se le había consultado que si podíamos contar con su compañía y asesoría. Se encuentra en el exterior en tareas académicas, era una simple invitación que finalmente declinó”.
En respuesta a la conciliación, el consorcio constructor CCC Ituango dice que el contrato va hasta el 31 de diciembre próximo. En caso de que el litigio continúe, ¿esto pone en riesgo la continuidad de las obras?
“Está contemplado dentro de la matriz de riesgo. Pero está soportada la defensa de esa posibilidad en que el contrato que tiene firmado con EPM está vigente hasta el 31 y las obligaciones se honran cumpliéndolas. Segundo, no pueden leerlo como una decisión contra ellos, por el contrario, es una invitación amable para que vengan a un escenario de conciliación y planteemos la cuota de responsabilidad, habida cuenta de que los organismos de control tienen pruebas aportadas que hablan de responsabilidades pero no hablan en concreto de nadie”.
Pero le pregunto es por la continuidad de las obras luego del 31 de diciembre.
“El riesgo está en la matriz, eso puede pasar. Nos esforzaremos desde ya para entrar en conversaciones, generar un ambiente de tranquilidad con las mismas explicaciones que le estoy dando para que sientan que pueden seguir tranquilamente realizando su trabajo con todas las garantías por parte de la organización. Lo que planteamos no es contra alguien en particular, sino que era una obligación de la organización”.
El sindicato Sinpro menciona la posibilidad de declarar urgencia manifiesta por la terminación del contrato en Hidroituango y menciona el nombre de la estatal china CTG (China Three Gorges Corporation) para asumir obras, ¿qué responde?
“Es un caso hipotético que lo contempla la matriz de riesgos pero puedo decirle con tranquilidad que aquí no hay nadie pensando en alguna empresa porque lo que queremos primero es comprometer a los contratistas a que mantengan sus vínculos con la organización. En el punto que está (Hidroituango), cuando se han minimizado los riesgos técnicos, no es fácil que alguien se vaya a sustraer del cumplimiento de sus obligaciones cuando está cercano el proyecto para entregarlo”.
¿Pero entonces de dónde sale ese nombre de CGT?
“Son especulaciones a las que no me quiero referir. La gente habla cosas y obviamente me preocupa más porque viene de una organización que respeto y he defendido. Me preocupa que aventuren ese tipo de datos sin confirmación”.
EPM estuvo dos semanas sin junta, ¿qué contrapesos tuvieron las decisiones que tomaron?
“La junta se reúne ordinariamente una vez al final del mes, tenga la tranquilidad que la junta se va a posesionar para cumplir con la reunión de agosto. Eso no se va a omitir. La normalidad es total”.
Una carta firmada por directivos y empleados de EPM habla de la preocupación interna por el desconocimiento de los principios corporativos y procesos de su gerencia, ¿qué les responde?
“Mi deber es oírlo, pero tengo la tranquilidad de que todos los protocolos que se tienen diseñados se están cumpliendo sin ninguna alteración. Estamos viviendo un periodo de contingencia de covid y eso ha profundizado nuestro esfuerzo para cuidar los recursos, tanto que se diseñó un plan de austeridad para un ahorro cercano a los $80.000 millones”.
Sinpro le presentó un derecho de petición para que respondiera por adecuaciones en su oficina, ¿qué se hizo y cuánto costó?
“Los muebles son los mismos que me entregaron por inventario, nosotros colocamos dos equipos de gimnasio traídos del piso 11, que son una banda caminadora y una bicicleta. Eso es todo lo que se trajo. No veo donde está la suntuosidad porque están en préstamo mientras el gimnasio está cerrado. Los temas decorativos fueron sufragados por mi bolsillo. Cuidar los centavos como se dice siempre, que los pesos se defienden solos. Eso lo he oído de mis mayores. Largas a ese tema no hay. Quisiera pedirles que cuando sean reparos sustanciales los eleven pero que procuren respuesta por derecho de petición porque entramos en un marco especulativo que le puede hacer daño a la institución (...) Trajimos cinco matas del vivero de EPM que está para ornamentación del edificio y tengo la factura de una cortina pagada por mí y de dos fotografías de Hidroituango. No esperaron respuesta del derecho de petición y están hablando de $3.000 millones, creo que no lo tiene ningún palacio real. Es innoble que hagan ese tipo de acusaciones”.
El mismo sindicato le pide a usted que dé un paso al costado para empezar la recuperación del gobierno corporativo, ¿qué les dice?
“Como lo he venido diciendo, estamos en las líneas de defensa del marco corporativo, soy el primero y más interesado en el cumplimiento de ese marco que es sagrado para la organización. Si tengo ese compromiso y las explicaciones están dadas, no estoy faltando a mi deber. Estamos en un momento de tantas decisiones importantes para la organización que me hacen a mi pensar que estoy muy comprometido con la empresa y debo seguir adelante”.
